Por Alejandro Marinelli – ElDiarioAr
El secuestro de granos crece de la mano de los intentos repetidos de sacarlos de manera ilegal por los diferentes pasos fronterizos y fluviales. Entre las provincias que más aumentos se registraron, Salta lidera el ranking de decomisos, pero la suba es sostenida en varias provincias. El domingo pasado, solo en Salvador Mazza, detuvieron tres camiones que llegaban desde Buenos Aires con 87 toneladas de soja. Y en la misma localidad salteña, dos fines de semanas atrás ya habían parado a otros seis vehículos con sus semirremolques con 136 toneladas de soja y 62 de maíz. En lo que va del año, la cifra asciende a 357 toneladas de granos en esa provincia. Como referencia, en el 2020 se secuestraron, en todo el país, 3.500 toneladas. En paralelo a estos operativos que aumentan, en Comodoro Py, en Córdoba, Santa Fe y Misiones, entre juzgados federales y del fuero penal económico, se investigan denuncias por contrabando, subfacturación y delitos aduaneros contra las principales empresas agroexportadoras.
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“Los procedimientos crecieron casi un 144% entre 2019 y 2020. Pasamos de 57 operativos a 139 el año pasado. Y el decomiso de granos subió también un 55%. Es un tema que nos ocupa y sobre el cual estamos trabajando mucho. En agosto y septiembre de 2020 aumentaron en varios lugares, sobre todo en Salta, en la zona de la ruta nacional 34 y en Corrientes”, explica a elDiarioAR la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic. Respecto de las detenciones y las modalidades de transporte en la zona de la frontera explica que “que en muchos lugares, los que mismos llevan granos de contrabando, luego son los que trasladan droga por esos corredores”. Además agregó que “estamos viendo si hay un correlato entre la incautación de divisas que realizamos y esos movimientos de granos”.
El aumento de contrabando está empujado por la diferencia de precios que los granos tienen en la Argentina, respecto de otros países de la región. A esto, en el caso de la soja, hay que sumarle un tercio del descuento por retenciones. Y la posibilidad de -en el caso de los que contrabandean- de quedarse dólares en la mano y beneficiarse con el desdoblamiento cambiario, vendiéndolo en el mercado no oficial. En Brasil o Paraguay la tonelada de soja se puede vender a 500 dólares y aquí a 340.
Las históricas rutas de contrabando de granos eran desde Misiones hacia Paraguay o Brasil. Pero ahora se percibe un crecimiento de lo que sale por la frontera hacia Bolivia. Salta registra los valores más altos, con el 41% de los procedimientos. Luego Corrientes, con el 23% , Misiones 18%, Córdoba el 9% y Jujuy algo más del 3%. El otro 30% se reparten en el resto de las provincias.
Corrientes también se adelantó y desplazó a Misiones al tercer lugar. En la primera de las dos provincias, hace un par de semanas se secuestraron 170 toneladas de soja, en la segunda, hace una semana, en la localidad de El Soberbio, la Prefectura confiscó 11 toneladas de granos de soja que iban a ser subidas a barcazas para sacarlas desde un puerto natural no habilitado. En Formosa, también hace unos días se detuvo a un camión con 30 toneladas de soja que tenía papeles falsos. Los casos se repiten y las modalidades son parecidas.
“Los camioneros llegan sin cartas de porte (una documentación sobre la mercancía y datos del traslado) o con cartas de porte fraguadas o robadas. Estamos a la cabeza de las cifras pero porque decidimos abordarlo desde hace un tiempo. Acá trabajamos juntos Aduana, Afip y Gendarmería. Estamos atentos a los camiones que se acercan a la frontera. Pero no nos quedamos con las detenciones de los camioneros. Estamos tratando de ver qué organizaciones están detrás, que no tienen otra finalidad que la evasión”, explica a elDiarioAR el fiscal general de Salta Eduardo Villalba.
Las hipótesis de los investigadores presumen que quienes intentan pasar los granos en camiones hacen base en lugares alejados de las ciudades pero a no más de 20 kilómetros de las fronteras. Que las cargas llegan de origen y quedan unos días en un lugar sin vigilancia y cercano. Y cuando ven la ruta despejada intentan pasar por los distintos pasos desde una distancia breve.
El investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta, también plantea una relación entre el contrabando de granos y el de drogas, como sugirió Frederic. “El tráfico de drogas y el tráfico ilegal de granos, organizados por importantes empresas que operan también en los mercados legales, no son mundos compartimentados, sino yuxtapuestos. No hay narcotráfico sin tráfico ilegal de granos, sin evasión impositiva, sin fuga de divisas, sin campo argentino”, sostiene en una charla con este diario. “Esa informalidad que se precisa la provocó el tráfico de granos durante décadas. Ellos blaquean una parte de la cosecha y la otra es en negro. Si sale es porque los controles son muy livianos, no sólo fronterizo y de red fluvial sino también las agencias fiscales sobre la contabilidad de las empresas”, agrega. “Es un fenómeno que no comenzó con el macrismo. Tiene muchos más años. Son rutinas inertes que se van reproduciendo y no se las detiene. El capital, para valorizarse, tiene una enormidad de mecanismos ilegales”, concluye.
Todos los consultados analizan el crecimiento de esas modalidades delictivas y de los operativos de las fuerzas federales. Entienden que allí hay un problema y que solo se controla con investigaciones y trabajos específicos. Es una modalidad que crece y se debe atender para que no siga aumentando. Pero también algunos señalan que esos volúmenes son menores respecto del gran negocio que genera la exportación de soja, que tiene una cosecha de 50 millones de toneladas. Por un lado está la prevención del delito y por otro el impacto económico de esas evasiones. Con esa preocupación, los mecanismos de evasión de las grandes agroexportadoras, los que sí mueven el amperímetro tributario, también aparecen bajo la mira de la Justicia.
La Unidad de Información Financiera (UIF), como parte de la investigación de delitos complejos relacionados con la evasión y contrabando, le apuntó a las cerealeras que operan en el “Corredor litoral”, sus puertos y rutas terrestres. Es una zona que desde hace décadas se utiliza para operaciones de narcotráfico, trata, tráfico de armas hacia la Triple Frontera y, también, el contrabando de granos. Por esas razones pidió ser querellante en una causa donde se investiga el tráfico de cereales y oleaginosas, principalmente soja, en El Soberbio, Paraje El Progreso, Colonia Alicia, Colonia Aurora, Santa Rita, todas localidades misioneras que limitan con Brasil.
La UIF también se presentó como querellante en dos causas contra los grupos Bunge Argentina y Vicentin. Al primero se le investiga por delitos aduaneros en base a declaraciones juradas de exportación falseadas y por contrabando. La causa se instruye por “probable existencia de conductas de fraude contra la administración pública, la posible comisión del delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos”. Según surge de información de la UIF, Bunge habría obtenido una ventaja patrimonial reduciendo el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de 7 millones de toneladas de granos antes de la suba del canon, pudiendo haberse ahorrado casi 100 millones de dólares en impuestos. La jueza María Eugenia Capuchetti primero le había denegado a la UIF la posibilidad de ser querellante y luego se declaró incompetente. Ahora el caso le cayó al juez Penal Económico Marcelo Aguinsky, que deberá resolver ese tema. Los imputados por esos delitos son los directivos de Bunge, Adrián Chueco, Ramón Fernández Asenjo, Guillermo Marcotegui, y el ex ministro Agroindustria de Macri, Luis Etchevehere.
En la acción contra Vicentin, el juez Julián Ercolini mandó al juzgado federal de Reconquista, Santa Fe, la parte de la investigación por el contrabando de granos hacia Paraguay, por evasión y por el vaciamiento de la empresa. Lo que se intenta determinar allí es una presunta maniobra por parte Vicentin Paraguay S.A. Saber si Vicentin se benefició irregularmente de exenciones impositivas a la exportación de soja a través de esa filial en el exterior.
“Algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas. Prácticas que, a través artimañas como sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando presionan sobre el ingreso de divisas”, explica el titular de la UIF, Carlos Cruz.
Esta semana comenzará en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba una causa contra una veintena de empresarios cerealeros por hacer un armado de empresas falsas para blanquear ventas de cereal que se hicieron en negro y evadir el pago de los impuestos. La comercialización se hizo en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos, todas de esa provincia, y en la Capital Federal también. Las operaciones las hacían, entre otras empresas, F.G. Cereales SA y Cercal SRL. Para esto utilizaban personas o empresas con identidades ficticias, en general insolventes, y ocultaban a los verdaderos dueños, que estaban obligados a los pagos de impuestos. El volumen de comercialización era de tal magnitud que, según los documentos secuestrados, durante 2012 los destinatarios de sus ventas fueron grandes jugadores del sector como Vicentin SAIC, Bunge y Cargill.
