Distintas agencias del Estado intentan desde hace meses resolver el reclamo que encabeza un habitante de zona norte, quien asegura que tanto él como otros vecinos de los barrios Inglés, Agote y el parque Scalabrini Ortiz son víctimas desde hace años de una familia que vive en la extrema pobreza en una casilla de chapa, que cometería hurtos, arrebatos y raterías que los tienen a mal traer. El hombre, que pidió a este diario preservar su identidad, dijo que allí vive una mujer con su pareja y sus hijos pequeños en condiciones de extrema vulnerabilidad, además de personas en situación de calle a las que “reclutan” para hacer delinquir. Agregó haber sido víctima de amenazas.
En abril pasado, el fiscal Fernando Dalmau entendió que los delitos que investigaba eran menores y que la respuesta punitiva que podía brindar era muy leve y no alcanzaba para resolver el conflicto real de fondo, por lo que resultaba necesario coordinar con el Estado en su conjunto para darle una solución integral al problema.
Así organizó una reunión con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Seguridad, de la Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en la que también participaron dos de los vecinos denunciantes.
Una de las soluciones que surgió de ese encuentro fue desalojar a esa familia que vive en una casilla ubicada en terreno fiscal federal (avenida Alberdi al 100 bis, donde está el cruce ferroviario), previo a conseguirles una «vivienda digna» en otro barrio y hacer un seguimiento de los menores, pero no prosperó.
Ayer, el concejal del Movimiento Evita Eduardo Toniolli intentó nuevamente encontrar una solución y concretó una reunión entre el fiscal regional Patricio Serjal y los vecinos, para volver a enfrentar la problemática desde la Justicia. Toniolli dijo que se involucró luego de reunirse la semana pasada con un grupo de vecinos del cruce Alberdi, de los barrios Inglés y Agote y de la zona del parque Scalabrini Ortiz, quienes le dijeron que acumulan denuncias dirigidas a las personas que habitan esa especie de aguantadero. Y si bien la definió como una situación “compleja, que excede lo penal y que hay que abordar desde una perspectiva social y de la minoridad”, tras caerse el acuerdo que los denunciantes intentaron alcanzar en abril, entendió que los vecinos “ya no tienen más canal abierto que el de la vía judicial”.
El concejal dijo que por eso pidió una reunión con Serjal, “quien se comprometió a juntar todas las causas que estén dispersas y tengan a las mismas personas imputadas para analizar la situación en general y ver si se puede reencaminar ese proceso”, dado que, hasta el momento del acuerdo, “los hechos delictivos menores no configuraban procesos judiciales que pudieran derivar en condenas o detenciones”.
Toniolli agregó que, además de juntar todas las denuncias en una sola causa, acordaron con el fiscal regional intentar “restablecer el proceso de diálogo con otras áreas del Estado, para buscar una solución más integral”. En ese sentido aclaró que aun encausándolos por los delitos, “la situación irresuelta sigue igual y necesariamente tiene que intervenir el Estado”.
Según el vecino que dialogó con El Ciudadano y pidió reservar su nombre, la familia “vive en forma infrahumana” y en extrema pobreza. El hombre dijo que la mujer es “el cerebro de una red delictiva que recluta a menores y mayores en situación de calle o con antecedentes penales, les da drogas y los hace delinquir” y que el lugar hace también de aguantadero. Que además vive ahí su pareja y sus tres hijos menores, el más chico de cuatro años y el mayor de 15, al que acusó de consumir poxirrán y liderar una “pandilla que comete delitos en los barrios Agote, Inglés y la zona del shopping” Alto Rosario. Según ese vecino, él mismo realizó 250 denuncias desde 2008.
