Especialistas en drogas y organizaciones humanitarias advirtieron este martes sobre el incumplimiento de la llamada «ley Arriola», a diez años del fallo de la Corte Suprema que apunta a la no punibilidad del uso de estupefacientes en forma personal y privada, y señalaron que eso genera sobrepoblación, emergencia carcelaria, falta de acceso a la salud, a la alimentación y malos tratos en unidades penales.
Esas consecuencias fueron analizadas durante la apertura del debate en el marco de la campaña “A 10 años de Arriola” que busca intercambiar conocimientos y conclusiones sobre la problemática de drogas y visibilizar las consecuencias que trae el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad de la represión de la tenencia de drogas para el consumo personal.
El 25 de agosto de 2009, la Corte declaró inconstitucional al segundo párrafo del artículo 14 de la ley de Estupefacientes 23.737 en tanto y en cuanto esa tenencia personal no afectara a terceros.
Los especialistas que debatieron sobre el tema en el salón Atrios del Congreso de la Nación señalaron que a pesar del fallo persiste en Argentina una política de drogas que tiende fuertemente a la criminalización de las personas usuarias de drogas, pese a que la jurisprudencia de la sentencia fue incorporada al nuevo Código Penal.
Sergio Balardini, de la fundación Friedrich Ebert, sostuvo allí que gracias al fallo de la ley Arriola se pueden profundizar debates para “tener una legislación que sea más contemplativa y benéfica que no castigue a los usuarios”. Además destacó la necesidad de no sancionar la tenencia y el cultivo personal de drogas porque eso, dijo, solo genera un “lucrativo mercado ilegal de drogas”.
Graciela Touzé, presidenta de la asociación Intercambios, hizo hincapié en la necesidad de “hablar claro sobre drogas” que, en este caso, es “reconocer el fracaso de más de cinco décadas no implica bajar los brazos sino animarnos a buscar alternativas para enfrentar de manera real y efectiva al crimen organizado y la corrupción”.
“Hoy vivimos una realidad de tutela y de castigo a personas que necesitan acompañamiento, comprensión y contención”, remarcó.
Touzé advirtió que «en lugar de asegurar el derecho a la salud se ha generado violencia social, violencia institucional, criminalización, encarcelamientos masivos y penas desproporcionadas”.
“La política de drogas que está llevando el gobierno es una de las políticas públicas más desastrosas porque no cumplió ninguno de los objetivos que se propuso”, consideró a su vez el director de la revista THC, Sebastián Basalo.
Pablo Ferreyra, vicepresidente de Asociación Contra La Violencia Institucional, consideró “muy importante” vincular las políticas de drogas a los derechos humanos y enfatizó sobre la importancia de la realización de estas jornadas para trabajar en la mejora sobre la política de drogas.
El cierre del primer panel estuvo a cargo del procurador adjunto interino de la Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, quien enfatizó el incremento –durante estos diez años– de la detención de hombres y mujeres por delitos de droga, y destacó que “preocupa el aumento de encarcelamiento mujeres y trans”.
“El incumplimiento del fallo (ley Arriola) genera sobrepoblación, hoy estamos con más de 14.500 presos solo en cárceles federales, se decretó la emergencia carcelaria, falta de acceso a la salud, a la alimentación y malos tratos”, remarcó Meliare.
También detalló que “el 48% de las mujeres detenidas está presa por drogas y dentro del colectivo, el número de mujeres extranjeras llega al 91%”.
“Estamos seguros que las conclusiones y lo que se diga acá nos va a ayudar en el trabajo de la presentación de una verdadera ley que amplíe derechos y que vaya en línea con los derechos humanos” concluyó.
