Natalia Concina/Télam
A 20 años del plebiscito en el pueblo chubutense de Esquel en el que se rechazó la instalación de un proyecto de minería a cielo abierto, protagonistas de aquella gesta y especialistas recuerdan los hechos y los consideran fundantes de las luchas socioambientales en el país al tiempo que destacan su influencia en la movilización popular que hizo dar marcha atrás en diciembre de 2021 a la ley que habilitaba la actividad minera en algunas zonas de la provincia.
«A mediados de 2002 las personas de a pie nos enteramos de la existencia y posible explotación del yacimiento Cordón Esquel por los diarios locales, que presentaron la noticia como una promesa de progreso. Se generó mucha expectativa hasta que comenzó a ser cuestionada desde pequeños grupos críticos», recordó a Télam la docente jubilada Nilda Bulzomi, integrante de la Asamblea No a la Mina de Esquel.
El proyecto apuntaba a la explotación de oro con cianuro en el Cerro Calfu Mahuida, ubicado en el extremo sur del Cordón Esquel, por parte de la Minera El Desquite S.A., subsidiaria de la empresa canadiense-estadounidense Meridian Gold Corporation (hoy Yamana Gold).
Por entonces, Nilda era docente en escuelas rurales de la meseta y contó que en los viajes de ida y vuelta a los colegios hablaba con un compañero que era geólogo, además de docente, quien le contaba el impacto ambiental de la minería a cielo abierto.
«Comenzaron a formarse varios grupos de vecinos que empezaron a investigar qué era eso de la minería a cielo abierto y qué podía provocar. Poco a poco la información empezó a circular en reuniones de esos grupos y por correo electrónico, que era el único medio virtual de entonces. Se organizaron actividades, se hicieron charlas, folletos, se armaron blogs, dimos entrevistas en radios, y todos esos grupos confluimos en una asamblea que organizó movilizaciones que fueron cada vez más numerosas», describió.
También conocieron la situación de otros lugares: «Nos contactamos con compañeros de Perú, por un lado de Yanacocha y el desastre del derrame de mercurio y por otro la expulsión de una minera en Tambogrande; también de México, de Canadá y por supuesto, los testimonios sufrientes de las y los hermanos catamarqueños que ya tenían instalada una mina a cielo abierto».
El gobernador convocó a un plebiscito
Frente a la fuerte presión social, el entonces gobernador chubutense José Luis Lizurume convocó para el 23 de marzo de 2003 a un plebiscito para que el pueblo expresara si quería o no el proyecto.
«Me tocó ser fiscal por el «No» en una de las mesas de votación. Cada vez que entrábamos al cuarto oscuro a revisar las boletas y veíamos que la pila del «No» bajaba aceleradamente y la del «Sí» casi no se movía nos llenábamos de esperanza. Sabíamos que íbamos a ganar pero no imaginábamos que fuera por tanta diferencia: casi el 82% del pueblo dijo «No»».
«La movilización esquelense mostró una novedosa y potente configuración desde abajo: por un lado, un lenguaje de valoración del territorio opuesto al dominante en el cual se articulan la concepción ancestral (pueblos originarios) con la del «territorio elegido», ya que una parte de la población esquelense proviene de otros lugares. Por otro lado, la emergencia de un saber experto independiente, ofrecido por profesionales y académicos críticos», señaló por su parte Maristella Svampa, socióloga, escritora e investigadora del Conicet, quien aborda temas vinculados a la crisis ecológica y los conflictos socioambientales.
En efecto, entre las personas movilizadas en contra del proyecto hubo una fuerte participación de docentes e investigadores de la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco».
Svampa sostuvo que «el triunfo de la movilización y del plebiscito generó lo que denominamos el «efecto Esquel», que tuvo un arrastre multiplicador e influyó fuertemente en otras regiones del país, donde ya se habían implantado o se proyectaban emprendimientos mineros de gran envergadura, constituyéndose en un caso testigo para las comunidades que se iban enterando de su destino minero».
Pero Nilda advirtió que no sólo entre las luchas socioambientales se los tiene como referencia ya que, señaló entre risas, «desde el sector empresarial se habla de evitar el «efecto Esquel»»: «Esto, de algún modo, nos hace estar éticamente comprometidos con todas las resistencias; por eso existe la Unión de Asambleas de Chubut (UACH), y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)», sostuvo.
Otro de los resultados de esa lucha fue la promulgación de la Ley 5001 -todavía vigente- que prohíbe «la actividad minera metalífera con modalidad a cielo abierto y utilización de cianuro» en toda la provincia; aunque el artículo 2 de la norma dejaba abierta la posibilidad de una zonificación para la actividad minera que debía establecerse en un plazo de 120 días de transcurrida la sanción, que fue en abril de 2003.
Pese a que estaban vencidos los plazos, este artículo fue el que habilitó dieciocho años después, en 2021, al gobernador Mariano Arcioni a impulsar un proyecto de ley para que el 20% del territorio pueda ser afectado a la explotación minera, puntualmente en los departamentos de Gastre y Telsen en el centro-norte de la región de la meseta chubutense; la legislatura aprobó el proyecto en diciembre de ese año y días después lo tuvo que derogar por la fuerte presión popular.
«Creo que estos años de difundir conciencia y mostrar los impactos que genera la megaminería generó un movimiento que hizo que la gente no se fuera de las calles hasta que la misma legislatura que había aprobado el proyecto de zonificación lo derogara», señaló por su parte Cristina Agüero, también integrante de la colectivo No a la Mina.
Cristina -conocida en el activismo ambiental como Titi- sostuvo que «hoy sabemos que mientras estén los minerales en los cerros está la amenaza constante de las mineras; de hecho Yamana Gold cerró un acuerdo con Eduardo Elsztain y Saúl Zang (reconocidos empresarios nacionales) para gerenciar lo que le llaman el Proyecto Suyai, que es el nombre que usan para referirse al proyecto de Esquel y despistarnos».
«Además tenemos la amenaza de minería de uranio, de exploración petrolera off shore y se están instalando en la naciente de los ríos personas extranjeras que sabemos que tienen intenciones de desarrollar proyectos extractivistas», sostuvo.
En ese sentido, la activista aseguró que «tenemos en claro que, así como pasó en Mendoza, la garantía para que estos proyectos no se instalen es estar en la calle, y en esto englobamos a estar literalmente en calle pero también ocupar otros espacios y generar resistencias con acciones judiciales, con el reclamo de leyes que protejan el ambiente, seguir recorriendo escuelas, dando charlas, es decir, con intervenir en todos los espacios posibles», concluyó.
