Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Cada 29 de abril se recuerda la inundación de 2003 en Santa Fe, en la que murieron 158 personas y un tercio de la ciudad quedó bajo agua. En ese momento, el caudal del río Salado había aumentado por lluvias extraordinarias, pero a esa variable se sumó una obra inconclusa, inaugurada en 1997, y la falta de un plan de contingencia y evacuación para los vecinos. Por las responsabilidades humanas, la Justicia condenó en 2019 a dos funcionarios provinciales —Ricardo Fratti y Edgardo Berli— y al entonces intendente de la capital, Marcelo Álvarez. En cambio, el entonces gobernador Carlos Reutemann murió impune. A principios de este mes, la provincia comunicó su decisión de no apelar ante la Corte Suprema de Justicia provincial en la causa civil. Para Jorge Castro, del movimiento de inundados, “el gobierno quiere agarrar un atajo que parece de bondad y no lo es”.
La creciente del Salado sumergió en pocas horas a un tercio de la ciudad: el 30 de abril de 2003, el río registró un caudal histórico: 3954 m3/s. Las personas debieron buscar ayuda en casas de familiares, en clubes o escuelas o quedarse durante días arriba de los techos. Si bien el gobierno de la provincia reconoció entonces sólo 18 víctimas fatales, la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe realizó en aquella época un relevamiento que arrojó como resultado 158 víctimas, que fallecieron por asfixia por inmersión, paros cardiorrespiratorios, accidentes cerebrovasculares y suicidios.
En 2019, en la causa penal, se condenó a tres personas (Berli, Fratti y Álvarez) a tres años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. El intendente Álvarez, por ejemplo, había dicho por radio durante la mañana del 29 que las personas que vivían en los barrios del sudoeste de la ciudad no se evacúen, porque el agua no llegaría a esa zona. Finalmente, la creciente en ese sector tuvo picos de entre cuatro y cinco metros. Es allí donde se registró el mayor número de muertes por asfixia por inmersión, ya que las personas confiaron en el aviso oficial y no se evacuaron. Entrada la noche, cuando comenzó a subir el agua, no pudieron salir de sus casas.
Durante más de 20 años, el movimiento de inundados de la ciudad mantuvo viva la memoria y el reclamo de justicia. Mientras tanto, la causa penal y la causa civil avanzaron lentamente a través de los engranajes del Poder Judicial. Mientras que en el fuero penal se obtuvo sentencia en primera y segunda instancia —con una demora de 16 años—, en el fuero civil se llegó hasta la Corte Suprema de Justicia provincial. La Corte admitió la culpabilidad del Estado provincial en los hechos, por no realizar obras de protección y por no asistir a los vecinos en la catástrofe. A principios de abril, el gobierno de Maximiliano Pullaro resolvió no apelar el fallo.
“El gobernador tomó la decisión de que había estado no continúen con la apelación ante la Corte porque consideró que la sentencia es justa, que la gente ya esperó demasiado por una reparación y que era un agravio hacia las personas que sufrieron la catástrofe seguir esperando”, comentó a El Ciudadano Domingo Rondina, fiscal de Estado.
Para Castro, “la actitud del gobernador es política. Si bien nos beneficiaría que no siguieran apelando, si la causa llegara a la Corte Suprema de la Nación, nos habilitaría a entrar en la parte internacional y el Estado santafesino va a ser condenado por mucho más. Hay una actitud especulativa del gobierno de cerrar muy chiquito, cuando en verdad los afectados han sido 29.784 familias y resuelven pagándole al 5%”. Y aseguró: “No queremos una farsa de justicia”.
Después de la inundación, las personas que habían perdido todo recibieron una suma de dinero por parte del Ente de la Reconstrucción creado por el gobierno provincial, pero a cambio de comprometerse a no iniciar juicios contra la provincia. “Lo que hicieron Reutemann y (Jorge) Obeid a través del Ente de la Reconstrucción fue una estafa”, dice Castro. Explica que se le pagó a las familias según la cantidad de centímetros de agua que habían tenido en la casa.
“Pero para recibir ese dinero tenías que firmar que no le ibas a hacer juicio por indemnización a la provincia y eso es anticonstitucional”, marca. Y agrega: Tampoco indemnizaron a derecho a las 18 vidas que reconocieron en la causa, ya que lo hicieron por apenas 38 mil pesos”. En esa época, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó en 3.200 millones de pesos las pérdidas generadas por la inundación.
El hecho de haber recibido esa ayuda limitó la posibilidad de iniciar demandas civiles por las pérdidas materiales, por lo que apenas se registraron cerca de 1000 demandas. Al anunciar la decisión de no apelar, el gobierno señaló que “aquellas personas que cobraron la indemnización que pagaba en aquel momento el Ente de la Reconstrucción, ya están suficientemente compensadas con aquella indemnización, pero quienes no cobraron tienen derecho a cobrar ahora, siempre y cuando hayan hecho su juicio”.
En el marco de un nuevo aniversario, Castro sostiene: “Somos muy cautos y podemos entender la situación del país y de la provincia, pero lo que no podemos aceptar es que nos estafen. Después de 21 años luchando por justicia y por verdad, tiene que haber un poquito de respeto. Le pedimos al gobierno que se reúna con las distintas agrupaciones de inundados y que hagamos una hoja de ruta, porque esto solamente se puede cerrar con justicia”.
Y añade: “Que un Estado no haga uso de un derecho que tiene legalmente puede hablar de buenas intenciones, pero no basta con no apelar. Le pagan a una determinada cantidad de personas y queda el 99% afuera”. Al respecto, considera: “Si la Corte Suprema de la provincia reconoce recién ahora que la provincia tuvo la culpa, no queda otra que reconocer a través de una ley universal de indemnización a todos los inundados”.
En tanto, consultado sobre la conveniencia de obtener un precedente a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rondina respondió: “Si la Corte Suprema de la Nación se expedía en el mismo sentido que la Corte provincial, no cambiaba nada. El tema era si decía que la provincia no tenía la culpa. No hubiera sido mejor para la gente esperar más”.
Para Castro, además de lo económico, es importante que el gobernador “pida perdón al pueblo de Santa Fe y zonas aledañas”. Explica que la inundación tuvo un impacto cultural, de ruptura del tejido social y de aumento de la violencia en los barrios del oeste. “Las pérdidas no se pueden medir solo en sumas de dinero. Los derechos humanos también se violan en democracia y cuando sucede eso no queda otra que enfrentarlos con la verdad, la justicia y la memoria. La herida en el pueblo va a quedar para siempre, el que perdió un familiar o el que no se pudo reponer, eso ya no lo cura nada”, argumenta.
Al respecto, Rondina respondió: “La Fiscalía Estado no tiene planeado hacer un pedido de disculpas, no es parte de sus funciones porque sus funciones son judiciales, pero aceptamos la culpabilidad de la provincia como lo manda la Corte”.
