La ciudad de Río Tercero, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, era sacudida y seriamente dañada hace 25 años por una serie de explosiones intencionales ocurridas en las instalaciones de la planta local de Fabricaciones Militares, en un hecho destinado a encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, según lo determinado tiempo después por la Justicia.
Un cuarto de siglo después de esos hechos, el ex presidente Carlos Saúl Menem será juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones.
«Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la Justicia», señaló en declaraciones a Télam el abogado querellante Horacio Viqueira.
El abogado representa a María Eugenia y María Julia, las hijas de Ana Gritti –esposa de Hoder Dalmasso, muerto el día de las explosiones–, quien impulsó durante años la investigación casi en soledad, hasta su fallecimiento en 2011.
El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, tres explosiones desencadenaron la tragedia que dejó siete muertos (todos ellos ajenos a la fábrica militar), más de 300 vecinos heridos y daños millonarios en una parte importante de la ciudad que quedó destruida como consecuencia de este estrago doloso.
Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.
De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.
«El primer indicio de la intencionalidad tiene que ver con la hora en la cual comenzaron las primeras explosiones. Fue justo cuando el personal de la fábrica suspendía sus tareas para tomar un desayuno. Ese momento, se aprovechó para desatar las explosiones», indicó Viqueira.
En un principio, la Justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo.
Pero años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de las llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.
La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de «acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones».
Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.
A las 17 de ese día y mientras se sucedían las explosiones, Menem se hizo presente en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó que el hecho era producto de «un accidente», que había que descartar el atentado e incluso les remarcó a los periodistas presentes: «Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra».
¿Qué se pretendió ocultar con las explosiones? Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.
La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino, que había desplegado un contingente militar que integraba una fuerza de paz en Croacia, en el contexto de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia.
Y además, el país era garante de un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, que a principios de 1995 se enfrentaron en un conflicto armado por una disputa de límites.
En esos años, cañones, obuses y proyectiles, eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran trasladados a distintos puertos para ser embarcados al destino requerido por los compradores.
En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero –que supuestamente estaba en reparaciones– comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.
«Todo esto llevó a que se intentara ocultar la maniobra de contrabando y por esa razón tuvimos el estrago de Río Tercero», apuntó Viqueira.
Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario.
Con todos estos elementos, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica, a 10 años.
La sentencia fue confirmada por Casación y fue apelada por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que deberá decidir si la deja firme.
Beneficiado por distintas apelaciones Menem, quien resultó absuelto hace dos años en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, deberá enfrentar a partir del 24 de febrero de 2021, y con más de 90 años, un juicio oral y público por su responsabilidad en estos hechos, acusado de estrago doloso.
«Vamos a tratar de determinar en ese juicio la responsabilidad de las autoridades de Fabricaciones Militares y del poder político. Esa línea es la que vamos a trabajar en el debate», afirmó Viqueira.
