A tres años de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reivindicó “la lucha feminista de décadas que culminó con la conquista de un derecho hoy vigente en todo el país”.
“Es ley, ni un paso atrás” tituló el comunicado que difundió al cumplirse el tercer aniversario -30 de diciembre de 2020- de la sanción de esta norma. Desde la Campaña recordaron que muchos de los avances logrados con esta ley “se encuentran amenazados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Milei y su Ley Ómnibus enviada al Congreso”.
Ante esta realidad, desde la Campaña expresaron un rechazo absoluto al DNU y la Ley Ómnibus y denunciaron “la vulneración de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”.
El texto completo de la Campaña
A 3 años de la sanción de la ley 27.610
Es ley, ni un paso atrás
A tres años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reivindica la lucha feminista de décadas que culminó con la conquista de un derecho hoy vigente en todo el país. Aún con deficiencias en su implementación, resistencias e inequidades territoriales, se muestran claros avances en la salud de las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, en el respeto a su autonomía y a su libertad en decidir sobre sus proyectos de vida.
Hoy muchos de estos avances se encuentran amenazados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Milei y su Ley Ómnibus enviada al Congreso. Frente a ello la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito expresa su rechazo absoluto y denuncia la vulneración de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos garantizados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en la ley 25.673 y en la ley 27.610, entre otras normativas.
En particular señalamos que:
-La derogación de la ley 27.113 que promueve la actividad de los laboratorios de producción pública afectaría la producción de drogas como la mifepristona y el misoprostol necesarias para la realización de abortos, la producción de anticonceptivos e implicaría el aumento en el costo de los medicamentos que hoy se suministran en el sistema público de salud.
-La modificación de la ley 27.611 de los Mil Días días pondría en cuestión al derecho al aborto al consagrar legislativamente el derecho del niño ”desde la concepción” y del “hijo por nacer”. Excluiría además a las disidencias sexogenéricas al hablar de “madre” y no, de persona gestante, e instauraría un estado de vigilancia policial sobre las personas gestantes de bajos recursos.
-La modificación de la ley 21.824 abre la posibilidad de “acordar libremente” con el empleador la fecha para el inicio de la licencia por embarazo. Es una maniobra que haría retroceder la demanda instalada de ampliación de licencias maternales y parentales y promovería la permanencia en el trabajo de las mujeres y personas gestantes aún a costa de su salud o la salud de su bebé.
Otro ataque a los derechos vigentes son los dictámenes de la Procuradora Fiscal Adjunta de la Procuración General de la Nación por los cuales se les reconoce legitimación a un grupo de ciudadanos y a la asociación civil “Portal de Belén” para representar a las “personas por nacer” ante el Poder Judicial, interpretación inadecuada que no tiene respaldo en la jurisprudencia y que resulta sugestiva ya que los expedientes fueron dictaminados dos días después de que el Dr. Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de una de esas causas. Denunciamos estos procedimientos amañados que pretenden desconocer la voluntad popular expresada en la legitimidad de la ley que consagró el derecho al aborto, tan claramente debatida y respaldada en el Congreso Nacional.
Estas medidas de Milei, Macri y asociados no contienen nada que pueda aliviar la crítica situación económica que padece la mayor parte de la sociedad. Sólo son restricciones de derechos, criminalización de la protesta y el derecho a huelga, ajuste económico a los sectores populares y eliminación de normativas que protegen a la parte más débil en las relaciones laborales y económicas en general. Estas medidas han generado un malestar y alerta creciente en distintos estratos sociales frente a lo cual la única respuesta del gobierno es el amedrentamiento de la población a través de amenazas abiertas difundidas por medios de comunicación y altoparlantes que recuerdan a los métodos de la dictadura militar.
Frente a esto la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llama a seguir defendiendo las leyes conquistadas, a no permitir que recorten nuestras libertades y derechos, y a expresar en forma pública nuestras convicciones. Asimismo reclama al Congreso Nacional y a la Justicia, el inmediato rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus.
Hoy más que nunca sostenemos con fuerza nuestro triple lema: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir.
