La “verdad jurídica” del crimen del escritor y periodista Rodolfo Walsh necesitó 34 años y nueve meses para quedar plasmada en dos mil fojas de una sentencia judicial donde los magistrados condenaron a los integrantes de la patota que lo secuestró. El “grupo de tareas”, eufemismo para nombrar a la banda de secuestradores, torturadores, homicidas y ladrones de bebés escuchó, en diciembre de 2011, cómo los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli dictaron sus condenas por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.
Hoy se cumplen 35 años del crimen de Rodolfo Walsh y tres meses desde que se anunció la sentencia a sus asesinos.
“Homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh que concurre materialmente con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en lugar poblado y en banda”, dijeron los jueces para aludir al hecho que lo tuvo como víctima.
Palabras difíciles para las mujeres y hombres de a pie, casi encriptadas, exclusivas para leguleyos; seguramente Walsh lo hubiese escrito más fácil. Para todos.
La Justicia dio su veredicto y los emblemáticos represores Alfredo Astiz y Jorge Acosta, junto a sus camaradas de armas Antonio Pernías, Jorge Radice, Ricardo Cavallo y Ernesto Frimon Weber fueron condenados a prisión perpetua; Juan Carlos Fotea tuvo mejor suerte y le impusieron “sólo” 25 años.
Antes de que los magistrados pudieran dictar sentencia transcurrieron casi 35 años, la misma cantidad que tenía Acosta, diez más de los 25 de Astiz y diez menos de los 45 de Frimon Weber, el más veterano del grupo apodado “220” por el voltaje de la picana que manejaba con extrema habilidad.
Pasaron casi siete lustros. Mucho tiempo.
En el ínterin las leyes de impunidad, bautizadas como de “punto final” y de “obediencia debida” votadas a instancias del ex presidente Raúl Alfonsín y los indultos “reconciliatorios” dictados por su sucesor Carlos Menem, permitieron a los represores gambetear a la Justicia.
Caídos esos obstáculos nada impediría recrear los episodios registrados hace tres décadas y media en inmediaciones de la esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el barrio porteño de San Cristóbal donde Walsh, con una pequeña pistola, intentaba resistir el poderoso y abundante armamento de la patota.
“Lo bajamos a Walsh en una cita en la calle. El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía el hijo de puta’” narró “muy alterado” Weber a sus colegas, según testimonios recogidos durante el juicio.
Los dedos de Walsh no estaban entrenados para apretar el disparador de las armas. Se movían con más facilidad sobre el teclado de su máquina de escribir.
La vieja Olivetti en la que hacía sus crónicas y redactó la “Carta Abierta” a los jerarcas uniformados con motivo del primer año de la usurpación del poder y que no alcanzó a terminar de repartir.
En el sitio donde estaba el árbol detrás del cual Walsh se “parapetó” para intentar la desigual resistencia hoy se advierte un marchito gomero y una placa con su nombre; otra lo recuerda en la sucursal del Banco de la Nación Argentina de la esquina y a media cuadra está la comisaría 18ª cuyos inquilinos de entonces seguramente habrán liberado la zona.
El escritor no pudo completar su circuito para entregar la carta. Fue emboscado y llevado, mal herido, a los calabozos mugrientos de la ESMA, paradójicamente un lugar de enseñanza y capacitación, por donde pasaron miles de personas ilegalmente prisioneras.
El 25 de marzo de 1977 mientras “Fragote”, “Yoli”, “Paco”, “Tiburón” y “Sérpico” cumplían la tarea de secuestrar a Walsh, seguramente no tenían tiempo para pensar que casi 35 años después volverían a estar unidos pero en un tribunal de justicia ante jueces de la Constitución.
Muy cerca el uno del otro. En los intermedios de las agotadoras audiencias que duró el juicio los penitenciarios los llevaban al baño de a dos, compartiendo las esposas; volvieron a estar juntos como en los celulares en que los devuelven a sus lugares de detención. Juntos, muy juntos.
Quienes fueron dueños de la vida y la muerte de embarazadas, monjas, militantes políticos, trabajadores, estudiantes, que podían robar niños; se creían eternamente impunes, y no imaginaban la posibilidad de que un día fuesen juzgados.
Al usurpar el poder aseguraron en su primera proclama que “por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y garantías, llegará la unidad de los argentinos”.
Pese al perverso uso de las palabras “ética”, “moral”, “garantías”, “derechos” y “justicia” en sus aguardentosas voces, al final se escuchó más fuerte, como un alarido, la sentencia de los jueces de la democracia que permitieron echar algo de luz en un tenebroso pasado.
Ahora, al menos, sabemos quien mató a Rodolfo.
