El cura Justo José Ilarraz fue condenado el 21 de mayo de 2018 a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores de entre 10 y 14 años, agravado por ser el encargado, pero a cinco años de la sentencia ratificada en dos instancias aún no está firme, puede celebrar sacramentos y enfrenta otras dos condenas eclesiásticas que esperan su resolución en Roma.
Ese día, el Tribunal lo condenó por unanimidad a la pena máxima que establecía el Código Penal por ese entonces.
Ilarraz permanece con prisión domiciliaria en el 6º A de calle Corrientes 628 de Paraná, por encima de una agencia de viajes de menores y frente a una escuela primaria y secundaria.
Ilarraz puede celebrar sacramentos y llevar a cabo tareas diocesanas ya que la Iglesia Católica no le quitó su estado clerical y no efectuó la dispensa que lo reduce al estado laical y le prohíbe e impide ejercer cualquier ministerio.
Los abusos a cerca de 50 niños fueron perpetrados mientras el cura era preceptor en el Seminario Arquidiocesano «Nuestra Señora del Cenáculo» entre 1985 y 1993.
Ilarraz estaba a cargo de «todos los movimientos en el campo disciplinario, de formación y de actividades culturales y deportivas», según él mismo declaró en su indagatoria.
Al menos tres menores se animaron a denunciarlo dentro de la curia en 1995, y el entonces arzobispo Estanislao Karlic ordenó una «investigación cautelosa y con el mayor sigilo», pero Ilarraz había sido trasladado a Roma.
En el Vaticano realizó diversos cursos e incluso les enviaba postales, fotos y cartas a familiares de las víctimas.
A finales de 1996, Karlic reconoció los hechos y le prohibió permanecer en la Arquidiócesis de Paraná y comunicarse con los seminaristas, debido al «daño producido a personas e instituciones», según el decreto que firmó.
En una carta que el propio Ilarraz envió a la Santa Sede, el presbítero dijo haber tenido «relaciones amorosas y abusivas con seminaristas menores».
El Vaticano recibió la documentación y pidió continuar la investigación «conforme al Derecho Canónico vigente», mientras que a los niños se les exigió que guarden la «máxima reserva» y la respuesta fue «rezar mucho».
Para los primeros meses de 1997 Ilarraz regresó a Argentina, pero a la parroquia Sagrado Corazón de Monteros, en Tucumán.
En septiembre de 2012 se dio a conocer una investigación de la revista Análisis que motivó el juicio por el que Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión en 2018, y su suspensión temporal del ejercicio sacerdotal.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia; y a fines del 2021, la Corte corrió vista al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que aún no se ha pronunciado.
Desde el Arzobispado no dieron declaraciones a Télam, aunque en el juicio, el arzobispo Juan Alberto Puiggari aseguró que el proceso judicial le hacía «mucho daño» a la Iglesia y pidió que terminara «cuanto antes».
«En su momento -prosiguió-, no supimos encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas».
El actual arzobispo ocupaba el cargo de prefecto de disciplina en los últimos dos años del secundario con internado del Seminario, mientras Ilarraz era su par de de disciplina en los primeros años.
El día que se conoció la condena, Puiggari aseguró que habían empezado un segundo proceso canónico.
La investigación lo halló nuevamente culpable por múltiples abusos a otra víctima y recibió una «condena administrativa» del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe y ratificada por el de Buenos Aires, pero Ilarraz apeló y la causa viajó a Roma, donde espera una definición del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.
Por eso, las víctimas solicitan que los tribunales eclesiales y del Poder Judicial «se jueguen con definiciones más contundentes que seguro motivan y definen rumbos y caminos de superación».
«Ya no es imperioso hablar de lo sucedido y absolutamente probado, sino es tiempo de generar, avanzar y de cómo llevar esta carga sin desesperar», remarcó a Télam Hernán Rausch, primer denunciante del cura.
El poder hablarlo «da luz ante tanta oscuridad, incertidumbre y silencio», recordó y llamó a concientizar para que quienes sufran estos hechos puedan hablar y así «concientizar, prevenir y descomprimir».
Y agregó que Ilarraz «debería dejar de pertenecer (a la Iglesia), hablo en nombre de muchos hermanos de Cristo, por respeto a la gente y a su fe, que ya están cuestionando el tibio actuar de quienes nos representan», dijo a Télam Hernán Rausch, víctima y primer denunciante.
Además, apuntó a superiores de la Iglesia Católica que escucharon las confesiones y archivaron las investigaciones, «minimizando los hechos para cuidar su reputación, dejar pasar el tiempo y tratar de echar al olvido, buscando la prescripción».
El caso se dio mientras la por entonces senadora nacional Sigrid Kunath avanzaba en la elaboración del proyecto de la ley 27.206.
Reconocida como de «Respeto al tiempo de las víctimas» y sancionada en 2015, la norma modificó el Código Penal para que la prescripción en delitos contra la integridad sexual de menores comience a partir de la denuncia o ratificación.
También agregó un párrafo que establece la inhabilitación perpetua cuando el condenado se valió de un empleo, cargo, profesión o derecho para cometer los delitos.
«En 2015 pudimos dar una respuesta normativa a las víctimas que veían privado su derecho de acceso a justicia, hoy seguimos viendo avances y retrocesos en su aplicación pero siempre debe primar el interés superior de niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otra cuestión», dijo Kunath a Télam.
