La madre de Andrés García Campoy, un joven de 20 años que fue asesinado de un disparo en la nuca hace seis años en Mendoza durante un control vehicular, aseguró este lunes que su hijo fue baleado por los gendarmes que participaban del operativo y acusó al juez a cargo del expediente de cajonear el expediente y encubrir el crimen.
En tanto, fuentes judiciales indicaron que los dos efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) implicados en la causa fueron beneficiados con una falta de mérito luego de ser indagados, y actualmente se aguarda el resultado de una serie de pericias que comenzaron a realizarse en febrero pasado –seis años después del hecho– y que, para colmo, debieron interrumpirse por la pandemia del coronavirus.
En declaraciones a la agencia Télam y al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Andrés, su madre Mónica Campoy dijo que aún desconoce por qué asesinaron a su hijo y acusó al juez federal Walter Bento, a cargo de la causa, de «encubrir un crimen, ya que se encargó de no investigar nada. El expediente quedó cajoneado».
Andrés estudiaba la Licenciatura en Higiene y Seguridad Industrial en la Universidad Aconcagua de Mendoza y el 13 de junio de 2014 conducía su auto Peugeot 504 por la ruta 7, en Luján de Cuyo, cuando en el kilómetro 1060 fue detenido por un control de la GNA.
Luego, el joven apareció muerto de un disparo de arma de fuego que ingresó en la nuca, según el resultado de la autopsia, y la primera hipótesis que plantearon los gendarmes a cargo del retén fue que se trató de un suicidio.
Es que la víctima llevaba entre sus pertenencias una carabina del año 1860, con intenciones de venderla y, según la versión de los efectivos, la habría utilizado para autoinflingirse un disparo.
«El arma de Andrés era de colección y no funcionaba. Los resortes estaban podridos y oxidados. Supuestamente Andy se suicida con la carabina, que mide más de un metro, en el asiento trasero del auto en el que después no encuentran salpicaduras de sangre», explicó Mónica, y agregó que posteriormente las pericias determinaron que el joven no tenía rastros de «pólvora en las manos ni en la ropa».
La mujer señaló que le «quieren hacer creer que Andrés se suicidó», cuando su hijo «era un chico alegre que tenía planes esa misma noche, ya que era el cumpleaños de un amigo y llevaba un vino en el auto de regalo».
El fiscal de la causa, Fernando Alcaraz, informó a Télam que el expediente caratulado como «homicidio agravado por ser miembros de fuerza de seguridad» está a cargo del Juzgado Federal 1 de Bento y aclaró que «no está delegada la investigación en la Fiscalía», aunque «no obstante ello» reciben la colaboración «de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin)».
Además, dijo que a los dos gendarmes involucrados, Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, el juez Bento les dictó la falta de mérito.
En cuanto al estado actual de la causa, el fiscal contó: «Lo más importante es una pericia que tiene el Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina (PFA), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí están trabajando con la dirección del disparo y la distancia. Es una medida solicitada por la querella. La experiencia se hizo acá en Mendoza con control del particular damnificado y del abogado de los gendarmes».
Ramiro Villalba, el abogado de la madre del joven que los representa en la querella, explicó a Télam que esas pericias fueron realizadas en febrero pasado, entre otras cosas, «para establecer la posición del tirador, pero todo quedó en stand by por la pandemia del coronavirus y la feria judicial», por lo que es incierta la fecha en que estarán disponibles los resultados.
«Nosotros siempre hemos sostenido que hay motivos para avanzar en la investigación de un crimen», aseguró Villalba y agregó que se trata de una causa compleja. «Como todo caso de violencia institucional, y que tiene similitudes con la muerte de Alberto Nisman o Santiago Maldonado, pero sin trascendencia mediática».
El abogado además contó que pidió el procesamiento de los gendarmes Cruz y Velázquez por el delito de «homicidio agravado por ser miembros de una fuerza de seguridad» –que prevé la pena de prisión perpetua– y que aún se encuentra pendiente de resolución.
Asimismo, se quejó del «sumario exprés que realizó la GNA a los dos agentes, ya que los eximió de responsabilidad» y les permitió continuar en la actualidad cumpliendo funciones en otras dependencias de la fuerza, al considerar que el hecho «está resuelto, cuando en realidad está muy lejos de resolverse».
En tanto, la madre del joven aseguró que en la autopsia, realizada por policías de Mendoza, «no le pudieron sacar el proyectil porque supuestamente se desintegró», por lo que quiere «exhumar el cuerpo de Andrés y que se le haga una nueva autopsia. Me gustaría que lo hiciera el Cuerpo Médico Forense u otros especialistas que no tapen las cosas».
«Pido que el presidente Alberto Fernández me ayude a aclarar la muerte de mi hijo, ya que se ha ocultado y embarrado todo. Basta de tanta impunidad. Los asesinos tienen que estar presos. Nunca los integrantes de las fuerzas de seguridad van a la cárcel, siempre se los defiende», concluyó Mónica.
