El 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi recibió un llamado, salió de su casa y la desaparecieron en San Lorenzo. Paula tenía 33 años y estaba embarazada. En estos nueve años, la lucha de sus padres, Alberto Perassi y Alicia Ostri, sigue intacta y seguirá hasta encontrar sus restos. Lo dijo Alicia cuando a finales del año pasado un fallo de la Cámara revocó dos de las nueve absoluciones de las personas que llegaron a juicio oral acusadas de participar en la privación de la libertad de Paula, el aborto no consentido seguido de muerte y la posterior desaparición de su cuerpo: «Yo quiero el cuerpo de Paula», se escuchó de Alicia y Alberto no dejará de repetir que no dejarán de buscar sus restos por lo que les quede de vida.
Este jueves en un nuevo aniversario que no incluirá movilizaciones por el contexto de la pandemia, el reclamo se renovará a través de un ruidazo por las redes sociales. Está anunciado para las 18 donde los usuarios y usuarias pondrán una foto de Paula bajo la consigna «Sin Paula no hay #nuncamas, sin Paula no hay #niunamenos”.
“Hace años denuncié una mafia capaz de hacer desaparecer personas y ahora está apareciendo”, dijo Alberto este jueves ante las cámaras del noticiero De 12 a 14 del Tres. Así se refirió a la detención de este martes de Carlos Godoy, uno de los policías que fue absuelto en el juicio oral por la desaparición de Paula, quien este jueves fue imputado como el conductor que llevó a los homicidas del barra leproso y sindicado narco, Marcelo «Coto» Medrano, el jueves de la semana pasada en una estación de servicio de Granadero Baigorria.
Un juicio sin perspectiva de género
El 2 mayo del año pasado y tras un doloroso camino, la pareja junto a las organizaciones sociales que los acompañaron escucharon en la explanada del Centro de Justicia Penal que el tribunal de primera instancia absolvían a las nueve personas que se sentaron en el banquillo acusados con algún grado de participación en la privación de la libertad, el aborto no consentido seguido de muerte y la posterior desaparición del cuerpo.
Paula fue vista por última vez la noche del 18 de septiembre de 2011 cuando salió de su casa luego de hablar por teléfono. A sus 33 años era mamá de una nena y un nene que en ese entonces estaban en la escuela primaria. Se comprobó que Paula estaba embarazada de 6 semanas de Gabriel Strumia, un empresario con el que había iniciado una relación a escondidas pocos meses antes. Por el hecho, fueron llevados a juicio Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky –acusada de practicarle un aborto a Paula– y Antonio Díaz, un chofer de camiones que trabajaba para Strumia. La Fiscalía les achacó los delitos de aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada.
Mientras que el resto de los acusados fueron policías, la mayoría con intervención directa en la investigación en los primeros momentos donde la carátula era búsqueda de paradero y así se mantuvo por un año. Se trató de los uniformados que trabajaban en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli, junto a los dos ex comisarios Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol, quienes enfrentaron en el juicio los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario.
En algunos casos también fueron acusados por sustracción, destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público. Para la Fiscalía fueron parte de una estructura que usó los recursos del Estado para desaparecer el cuerpo y borrar rastros que remitan a los autores.
En el caso de Puyol, la querella a cargo de Adrián Ruíz y José Ferrara, pusieron al uniformado en el primer grupo y pidieron la pena de prisión perpetua.
Pero los jueces de primera instancia –Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos– que presidieron el debate oral y público resolvieron el 2 de mayo pasado absolver a todos los acusados y liberarlos.
La revisión de la Cámara y la apelación
En octubre, el caso tuvo su revisión ante los jueces de la Cámara Penal donde la Fiscalía resaltó la falta de una evaluación integral a la prueba indiciaria del caso, donde no hubo un cuerpo, ni perspectiva de género. «No le creyeron a la víctima», fue uno de los fundamentos más fuerte de la acusación.
El 28 de noviembre de 2019, en medio de un operativo de seguridad sin fisuras, los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández leyeron la parte resolutiva de la sentencia y revocaron la decisión sólo respecto a Strumia y Michl. Al primero, los camaristas le aplicaron la pena de 17 años de prisión, y para su pareja la pena de 7 años por el mismo delito aunque con una participación secundaria. Ambos siguen en libertad porque el tribunal no hizo lugar al pedido fiscal de que quedaran detenidos. La decisión se tomó por mayoría con la disidencia del camarista Javier Beltramone. En cambio, la absolución del resto de los acusados fue tomada por unanimidad.
Tanto la Fiscalía y la querella apelaron donde pidieron penas más altas mientras que la defensa solicitó la absolución. Esta semana se conoció que dicha apelación se realizará en dos audiencias por la aplicación Zoom que están agendadas para el 26 y 27 de octubre próximo a las 18.30 ante el tribunal, integrado por los jueces Juan José Mascali, Bibiana Alonso y Gabriela Sansó, integrantes de la Sala 2 de la Cámara Penal de Santa Fe.
