Un estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), relevó datos sobre la expansión de la estructura de la Administración Pública Nacional durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, a contramano del discurso de Cambiemos sobre la necesidad de «achicar» el Estado.
Elaborado por los economistas José Gasparin, Jimena Rubio, Gonzalo Dieguez y Lucía Aruanno, el relevamiento indica que entre 2015 y 2019 la estructura de la Administración Pública Nacional creció un 3 por ciento; que el porcentaje de directores nacionales y generales designados de manera transitoria se incrementó de 87 a 91 por ciento entre 2015 y 2019 y que la proporción de directores nacionales y generales exceptuados de requisitos disminuyó pero todavía se mantiene en niveles altos: de 84 por ciento en 2015 a 77 en 2019.
Por su parte, el estudio sostiene que si bien el número de llamados a concursos para funciones ejecutivas se incrementó significativamente respecto al período de gobierno anterior, representan sólo el 5 por ciento del total del espacio directivo.
Además, se establece que durante el primer año de gestión del gobierno que asumió en diciembre de 2015, la administración creció en sus distintos niveles: ministerios (de 18 a 23), secretarías (de 69 a 85), subsecretarías (de 165 a 204), direcciones nacionales (de 290 a 398) y direcciones generales (de 127 a 144).
Todo esto, señala el relevamiento publicado por Ámbito Financiero, conlleva a que el gabinete del Poder Ejecutivo nacional alcanzó su máximo histórico desde el regreso a la democracia y se ubicó entre los gabinetes más grandes de América Latina.
“Hubo una expansión del tamaño de la administración pública central acompañado de un fuerte recambio en los cargos directivos”, planteó el documento.
“Solo el 24% de los funcionarios políticos (secretarios y subsecretarios) y el 17% de los funcionarios técnicos (directores nacionales y generales) se mantuvieron en sus rangos durante los cuatro años de gestión”, agregó.
“El país necesita una estructura estatal relativamente estable y coordinada que sea reflejo de una visión estratégica de largo plazo sobre las prioridades de políticas públicas necesarias para un desarrollo sostenible y un espacio directivo profesional con cierta autonomía de la discrecionalidad política”, expresó Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de Cippec.
