En un marco de chispazos intermitentes con el Legislativo provincial –que hizo que el ministro Marcelo Saín desistiera de presentarse recientemente en la Cámara de Diputados por no habilitarse el ingreso de prensa y público– la cartera de Seguridad emitió un informe de gestión con tablas comparativas entre enero de 2020 y enero de 2021 en el que se desglosa prácticamente la estrategia global del área. En 36 páginas y un inicio sobre cómo y por qué se debe llevar adelante un “Plan de modernización normativa” –se explican los tres proyectos de ley fundamentales para la gestión, Seguridad Pública, de Sistema Policial y Control del Sistema Policial– el ministro Saín y sus colaboradores muestran un corte de situación radiografiando cómo funcionaba la Policía antes, cómo lo hace ahora y cómo lo debería hacer en el futuro cercano, al igual que todas las áreas que, de una manera u otra, tienen que ver con la seguiridad de los santafesinos.
Son varios los ejes que surgen de documento, pero dos de los salientes son el análisis: el papel central de la llamada “inteligencia criminal” y el despliegue operacional sobre el territorio como aristas centrales.
Por caso, el Ministerio destacó que en toda la provincia hay un total de 22.092 efectivos en la Policía. De estos, el 0,38% se dedican a tareas de dirección” y el 0,83% a tareas de supervisión, en tento que el 24,19% cumple tareas “no operacionales” y el 6,4% tareas de apoyo. Como resultante, el 57,6% realiza tareas “operacionales”. Y uno de cada diez agentes, el 10,6% están en situación de disponibilidad: licencias por coronavirus, carpetas médicas, “o a la espera de retiro”. Sobre el punto, el informe destaca que en el año cumplido entre el primer mes de 2020 y el primer mes de este año se sumaron a tareas operacionales más de 1.500 agentes: pasaron de 6.779 a 8.325.
En el mismo período, la flota de vehículos en condiciones de operar y fuera de servicio también varió para mejor: el número de móviles policiales de la Policía creció en relación a febrero del 2020 cuando recién asumió el gobierno de Omar Perotti. Para ese entonces se registraban 2.400 vehículos en servicio y 973 fuera de servicio promediando un 71,15% entre todas las dependencias y unidades descentralizadas. Para este mes los móviles –camionetas, autos y motos– en servicio pasaron a ser 2.649, y los fuera de servicio 852. “Hubo un incremento de un 4,51% respecto al año anterior”, explicaron. El total de vehículos también aumentó: pasaron de 3.373 a 3.501.
La cartera también se refirió a la situación actual de las custodias policiales ordenadas por la Justicia: hay 553, que se dividen en 169 custodias fijas y 384 esporádicas. “Tales servicios afectan 338 efectivos y 169 patrulleros”, precisa e linforme.
En otro aspecto, el Ministerio se refirió a la sobrepoblación de presos alojados en comisarías y otras dependencias policiales que sólo están dimensionadas para detenidos transitorios: “Las consecuencias de esta situación crítica en el ámbito policial son notables, puesto que produce una desprofesionalización del personal policial afectado a las tareas de custodia y seguridad en Alcaidías y Unidades de Orden Público. Este personal pertenece, en su mayoría, al Escalafón General, Subescalafón Seguridad y, por lo tanto, debería estar dedicado al desarrollo de labores de seguridad preventiva”, resaltaron desde el Ministerio.
“A inicios de la gestión se encontró una Policía de prevención con poca presencia en la calle, con muchos recursos destinados a tareas no operacionales, administrativas en su mayoría. Es por ello que el Ministerio de Seguridad ejecutó un plan de maximización operacional de la Policía”, se lee en un párrafo.
El paper que se difundió era el documento central que el ministro iba a presentar ante los diputados provinciales una semana atrás. Ahora sus directrices suman al debate público con datos numéricos y estrategias muy diferentes a las aplicadas hasta ahora.
Una de ellas es el control policial, tema de una de las leyes: históricamente correspondió a “Asuntos Internos”, con un área de la Policía encargada de investigar a la misma Policía. La propuesta, claramente, es constituir un cuerpo externo y capacitado.
Otro de los puntos objetados es la organización en 19 unidades regionales, una por cada departamento, que no se condice, según el proyecto Sain, con una estrategia eficaz de prevención, disuación o investigación para sanción del dellito, a lo que llama “conjuración” en general.
Y unas de las postulaciones centrales para ello es el despliegue y patrullaje diferente al de cuadrículas que se vieje ejecutando, cambiándolo por una estrategia vinculada a la acción delictiva por zonas y a datos de inteligencia criminal. “Por otra parte se proyecta para el 2022 adhisionar un 50% de movilidad y para el 2023 sumar otro 50% más de vehículos para la prevención del delito», dice el paper.
El documento también da una importancia estratégica al “bienestar policial”, esto es desde mejoramiento de equipamiento y tecnología para el cumplimiento de la labor hasta la política salarial, y la incorporación de perspectiva de género, en una transformación de largo alcance.
