Un sargento y un suboficial de la comisaría 5ª de la capital santafesina fueron puestos en disponibilidad luego de la denuncia realizada el sábado por un militante de la agrupación Hijos y miembro de una murga del noroeste de la ciudad, quien afirmó haber sido golpeado, asaltado y detenido ilegalmente por dos policías en la mañana del último jueves.
El pase a disponibilidad de los dos uniformados fue confirmado ayer por el subsecretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Diego Poretti.
La decisión del funcionario se conoció luego de la conferencia de prensa que brindaron los representantes de organismos de Derechos Humanos de Santa Fe, en la que Juan Pablo Choly Quinteros –miembro de la murga Los Príncipes de Momo, del barrio Yapeyú, ubicado en la zona más pobre de la capital provincial– reconstruyó el mal momento que le tocó vivir el jueves pasado tras su detención.
En ese marco, el militante contó que a las 8 de la mañana del jueves 25 de octubre fue detenido en inmediaciones de la Universidad Nacional del Litoral por dos policías, que lo subieron a una camioneta, lo pasearon durante unos minutos, lo golpearon, le robaron el dinero que llevaba encima –había cobrado una presentación de la murga– y lo dejaron –luego de amenazarlo– en la esquina de bulevar Pellegrini y 9 de Julio, frente a la universidad. Choly Quinteros, de 30 años, llegó a su casa en estado de shock y recién dos días más tarde realizó la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos y ante la Defensoría.
Tras la presentación, un médico de la seccional 1ª confirmó “lesiones leves en parietal, codo, brazo, antebrazo y rodilla”, según confirmó Poretti.
La víctima agregó que los uniformados que lo golpearon también intentaron plantarle droga y remarcó que actuaron de modo muy violento aún cuando él no se resistió en ningún momento.
Los organismos de derechos humanos desvincularon el hecho del actual contexto por el que atraviesa la Policía a partir de la detención del ex jefe de la fuerza Hugo Tognoli, y dijeron que es una práctica habitual en la capital santafesina. El joven murguero habló de “criminalización de la pobreza” y sostuvo que ese tipo de prácticas son recurrentes cada vez que los habitantes del norte de la ciudad se acercan al centro. “A mí ya me pasó otras veces: ir con otros pibes de la murga y que nos pare la Policía. Te llevan sin ninguna razón”, comentó.
La abogada de la agrupación Hijos, Lucila Puyol, opinó que “la Policía se dedica a perseguir a jóvenes militantes en lugar de perseguir a los narcotraficantes, algunos de los cuales están en la misma fuerza”.
Puyol agregó que a los policías “les enseñan a reprimir a la gente y no a protegerla. Ven un joven parado en una esquina y eso les molesta. Les molestan los jóvenes, la alegría, la murga, los cantos; es una fuerza oscura y represiva. Los policías en vez de salir a proteger salen a reprimir a los jóvenes, fundamentalmente en los barrios”.
Por su parte, el subsecretario Poretti dijo que los uniformados fueron separados de la fuerza “para que la investigación se lleve adelante de la manera más clara posible” y detalló que para decidirla se tuvieron en cuenta “la denuncia del joven, el informe del médico policial y los movimientos del móvil policial involucrado a través de la tecnología del 911”.
