Mesa por los derechos de los inquilines*
Desde que se aprobó la Ley de Alquileres, distintos representantes del mercado inmobiliario señalaron a la normativa como la causante de los problemas habitacionales que afectan a más de ocho millones de personas que alquilan. Sin argumentos basados en datos para sostener que la ley afectó negativamente al mercado, la alternativa que se propone es desproteger a quienes alquilan, retroceder en materia de derechos y darle más poder a quienes especulan con el derecho a la vivienda.
¿Cuáles son los principales mitos que circulan alrededor de la Ley?
MITO 1: “Por culpa de la Ley se retiraron propiedades del mercado”
Los datos del propio mercado, por ejemplo para Caba, indican que la oferta de departamentos para alquiler viene en caída por lo menos desde 2019, es decir, antes de la ley.
MITO 2: “La ley impide la libre contratación de las partes”.
La ley regula las actualizaciones, pero no los precios iniciales que siguen fijados por el mercado. Además, la idea de “libre contratación” presupone que tanto las personas que alquilan como las y los propietarios están en igualdad de condiciones en una negociación desregulada. En realidad, los primeros deben aceptar las condiciones de contratación de los segundos por la imperiosa necesidad de un techo, mientras que lo que está en juego para las y los propietarios es obtener una renta.
MITO 3: “Hay que seducir a los y las propietarias, dando mejores condiciones, para que así quieran ofertar sus viviendas”.
Quienes ponen en alquiler sus viviendas por necesidad (por ejemplo, para completar una jubilación o un salario), lo van a seguir haciendo. Quienes retiran las viviendas del mercado son aquellas personas que las tienen como reserva de valor. No se puede priorizar la renta de las y los propietarios sobre el derecho a la vivienda de los hogares inquilinos.
MITO 4: “Por culpa de la Ley, las personas que alquilan sufren un aumento del 50% anual”.
El problema no es la existencia de la ley sino el contexto inflacionario de la economía en general y el aumento especulativo de los precios iniciales. Además, un acuerdo (no) libre entre partes no garantiza que los aumentos sean menores a los que pauta la ley actual. Es necesario disponer de un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos.
MITO 5: “La ley de alquileres no beneficia a ninguna de las partes”.
La renovación cada tres años da seguridad y arraigo a las personas que alquilan, además de ahorrar dinero por reducirse las renovaciones, por lo que es progresiva para la población inquilina.
Además, el Índice de Contrato de Locación implica aumentos anuales del precio a partir de un índice justo para ambas partes, promediando inflación y salarios
Un espacio multisectorial de reflexión
La Ley Nacional de Alquileres aporta un nuevo marco de derechos habitacionales, pero si no hay Estado que regule, implemente políticas y genere incentivos, lo que gobierna es la ley del mercado inmobiliario.
La Mesa por los Derechos de les Inquilines es un espacio multisectorial de reflexión, discusión y acción para hacer que el alquiler sea un modo adecuado de acceso a la vivienda. Está integrada por múltiples organizaciones e instituciones que buscan sumar una voz al debate público que priorice los derechos de les inquilines, estructuralmente vulnerados en un contexto de creciente déficit habitacional y desregulación del mercado de vivienda.
*Está conformada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); NI UNA MENOS ; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Federación de Inquilinos Nacional; Programa de Atención a Inquilinos; Defensoría del Pueblo CABA; Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP); Cátedra Derecho a la Vivienda, Universidad Nacional de Avellaneda; Coordinación de Alquileres, PBA; Ariel Wilkis y Florencia Labiano; Escuela IADES UNSAM; Sebastián Tedeschi, profesor Facultad de Derecho, UBA; entre otros/as
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