La Casa Gris envió los pliegos de los postulantes para integrar la primera Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria prevista en la nueva ley 14.243 de Pena privativa de la libertad, sancionada en diciembre del año pasado. “Elegimos personas que tengan un perfil claro, moderno porque definirán las políticas penitenciarias para los próximos 20, 30 años”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, al avalar las nominaciones de los fiscales Valeria Pía Haurigot (Rosario) y Horacio Hugo Pueyrredón (Venado Tuerto), y del defensor oficial (Santa Fe) Mario Javier Guedes. La decisión generó tensión y respuestas en el ámbito jurídico, luego que los dos primeros habían sido reprobados en la primera parte del concurso por parte del tribunal evaluador. Pero ambos impugnaron la decisión y el gobierno de Maximiliano Pullaro laudó en su favor, por lo que pudieron llegar al final del concurso y quedar en la lista que el Consejo de la Magistratura elevó al Ejecutivo.
Los nombres elegidos y postulados este viernes deberán ahora ser validados por la Asamblea Legislativa. “Son los primeros pliegos concursados por la gestión y son cargos de altísima sensibilidad política”, dijo una fuente del gobierno de Pullaro frente a impacto y cuestionamientos que se replicaron en redes sociales por dar prioridad a quienes habían quedado en la zaga. “El Consejo hizo una evaluación técnica y nosotros además hacemos una valuación más sensible porque nos jugamos la política penitenciaria de las próximas décadas”, insistió el ministro Cococcioni. En el “orden de mérito” que cursó el Consejo de la Magistratura, a partir de prueba de oposición, ponderación de antecedentes y exámenes psicotécnicos, Haurigot ocupó el octavo lugar; Guedes el noveno y Pueyrredón el número 12, sobre 24 postulantes que llegaron a la última instancia. Originalmente había 48 inscriptos al concurso, de los que 29 se presentaron a la prueba de oposición en marzo pasado. Cuatro presentaron recursos contra la decisión del cuerpo evaluador, y tres continuaron con el proceso, Haurigot y Pueyrredón entre ellos.
Fuentes judiciales y políticas destacaron que se trata del primer concurso convocado por el gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe, que cuenta con mayoría en ambas Cámaras, por lo que los pliegos pasarían sin problemas, más allá de los reproches en distintos ámbitos por la decisión de la Casa Gris de jugar fuerte por a dos fiscales y un defensor por sobre jueces y juezas de igual o mayor trayectoria, pero mejor posicionados. En off, en el gobierno provincial dejaron entrever que fueron puestos nuevamente en carrera porque sectores del Poder Judicial los habían intentado “bajar”.
En el orden de mérito había alcanzado el primer lugar Mariela Sarrías, relatora de la Corte Suprema de la provincia y vicepresidenta segunda de la organización Red de Mujeres para la Justicia; el segundo el juez de sentencia Ismael Manfrín, que presidió el tribunal que condenó a Los Monos en 2018 –y fue blanco de intimidaciones–, y el tercero es el juez Pablo Busaniche, quien carga con la mancha de haber firmado en 2021 un fallo –anulado al año siguiente– que declaró prescripta la causa por el desfalco del Banco Provincial de Santa Fe, siendo hijo de uno de los principales deudores. La causa lleva más de 30 años.
Poder amplio
La Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria es un nuevo cuerpo judicial creado por la ley 14.243, que regula todos los aspectos del cumplimiento de penas privativas de la libertad en Santa Fe, a excepción de lo que ya está determinado en la legislación nacional. Por ello el ministro Cococcioni admitió el especial interés del gobierno provincial en la terna elegida. “Es un área muy sensible y pusimos especial énfasis en seleccionar los perfiles de los tres vocales, todos con mucha experiencia en la tarea de persecución penal. La Cámara tendrá a su cargo regular todas las políticas penitenciarias y definir los recursos de amparo”.
Según la ley aprobada en diciembre del año pasado, el órgano judicial tendrá un vocal con asiento en la ciudad de Santa Fe y dos en Rosario. El primero tendrá competencia territorial indistinta en las Circunscripciones Judiciales 1, 4 y 5, cuyas sedes son Santa Fe, Reconquista y Rafaela, respectivamente. Y dos vocales tendrán asiento en Rosario y competencia territorial indistinta en las dos restantes Circunscripciones Judiciales, la 2 con sede en Rosario y la 3 con sede en Venado Tuerto.
La ley 14.243 establece la competencia del nuevo órgano judicial, que será más que vasta. “Los vocales conocerán unipersonalmente, y con exclusión de toda otra autoridad, de las apelaciones deducidas en materia de ejecución penal y habeas corpus”, señala.
También dispone que la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria tendrá conocimiento de todo trámite o recurso judicial de su interés “con exclusión de toda otra autoridad”, listando “apelaciones deducidas en procesos de habeas corpus colectivos”; de “casos que pudieran constituir precedentes de relevancia”; de plenarios convocados “para fijar pautas de interpretación o aplicación de normas legales o para establecer guías de actuación para los informes y dictámenes elaborados por la autoridad penitenciaria”; de opiniones de consulta requeridas “por motivos de previsibilidad o seguridad jurídica”; de los casos planteados en primera instancia que puedan constituir “razones de gravedad institucional o seguridad jurídica”, sea de oficio o por solicitud.
Con todo, la Asamblea Legislativa que tratará los pliegos para la nueva Cámara será convocada para el próximo 22 de agosto, según trascendió. Previamente la comisión de Acuerdos del Senado evaluará los tres nombres y los citará a la entrevista previa a la elaboración de los dictámenes que tratará el plenario conjunto de la Cámara baja y el Senado.
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