La Sala Primera de la Cámara Penal confirmó el procesamiento a los acusados por el robo perpetrado a principios de año a la jueza federal Silvia Aramberri. Una de las empleadas domésticas de la magistrada, su amante y otros dos hombres seguirán tras las rejas esperando el juicio por robo agravado por el uso de arma de fuego, aunque no serán enjuiciados por cometer el delito en banda, como se había resulto en la Instrucción. Además, hay un quinto procesado que no apeló el fallo de primera instancia y que también irá a juicio.
Según se desprende de la causa, el robo se produjo la mañana del 5 de enero en la casa de Silvia Aramberri –titular de Juzgado Federal Nº 4–, ubicada en Balcarce 760.
Ese día, las tres empleadas domésticas de la jueza se encontraban haciendo sus tareas en la vivienda cuando irrumpieron en el domicilio dos hombres armados, quienes redujeron a las mujeres, preguntaron por el vestidor y se llevaron 5 mil dólares, 3 mil pesos y algunas joyas.
De acuerdo con la investigación, los ladrones ingresaron a la casa sin violencia. Además, la empresa de alarmas que monitoreaba la casa no asistió al lugar porque cuando llamaron para chequear que todo estuviera en orden, Verónica P., una de las empleadas, dio la clave secreta de seguridad que se proporciona para descartar peligro.
Sin embargo, cuando la Policía hizo los interrogatorios de rigor, la mujer entró en contradicciones y quedó como la principal sospechosa.
La joven se quebró y confesó que le había dado las llaves a su amante para que realizara una copia y que, momentos antes del robo, el mismo hombre la llamó para saber si en la casa se encontraban los dueños.
Según el fallo de Cámara, a raíz de este testimonio cayó el amante de la mujer, identificado como Héctor C., y otros tres sospechosos: dos de ellos sindicados como los autores del atraco y, el tercero como el posible proveedor de las armas.
Por este hecho, la jueza de Instrucción de la 2ª Nominación, Alejandra Rodenas, procesó a Verónica P. y Héctor C. en calidad de participes primarios, y a Alberto R. y Hugo S. como coautores de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser comprobada y por haberse producido en banda. En tanto, Ramón R. fue procesado por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y fue él único que no apeló el fallo de Instrucción.
La revisión de los hechos
Después de que cuatro de los sospechosos apelaran la resolución de la jueza Rodenas, los camaristas confirmaron el procesamiento de Verónica P. y de los tres hombres acusados por el robo, aunque modificaron la calificación legal, al considerar que “una banda es más que un grupo de personas que se pone de acuerdo para cometer un delito”. Según entendieron los jueces, en este caso solo se acreditó el rol que cada uno de ellos ocupó en el atraco, por lo que los imputados irán a juicio por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada.
Ernesto Pangia, Carina Lurati y Alfredo Ivaldi Artacho –integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones– entendieron que el robo fue desarrollado a través de una mecánica en que la posesión de las llaves de la casa y el control del sistema de alarmas fue fundamental.
Para los jueces, Verónica P y Héctor C. –al menos en grado de probabilidad– han sido “la llave de entrada, y el control de estadía” en la vivienda para que Alberto R y Hugo S. ingresaran y sustrajeran en forma violenta y con armas de fuego dinero y joyas de propiedad de la familia, expresa la resolución.
Además de confirmar los procesamientos de los cuatro implicados en el robo a la casa de la magistrada federal, los jueces mantuvieron la prisión preventiva que pesa sobre los acusados a raíz de la violencia ejercida, el quebrantamiento de la confianza y la rápida desaparición de los objetos robados.
La celeridad de la causa
Un párrafo aparte le dedicaron los magistrados en el fallo a una supuesta diferenciación en el tratamiento de esta causa porque la víctima es un juez federal.
En referencia a ello, explicaron que, en este caso particular, una de las personas implicadas en el robo asumió su participación e hizo que la investigación avanzara rápidamente. Además, destacaron que la víctima, como cualquier ciudadano, merece se trate el hecho con absoluta responsabilidad.
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