Los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobernador Hermes Binner y el ministro de Economía, Amado Boudou (si es que esta vez decide ir), intentarán a partir de las 10 de esta mañana en una audiencia conciliatoria, encontrar alguna salida consensuada al reclamo que Santa Fe llevó al máximo tribunal el año pasado para que el Estado nacional deje de derivar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) el 15 por ciento de la coparticipación que le corresponde a la provincia. La solicitud es de suma importancia para Santa Fe: de recibir dictamen favorable, sólo en este año ingresarían al fisco provincial cerca de mil millones de pesos por sobre lo proyectado en el presupuesto.
La primera audiencia convocada por la Corte fue de carácter informativo, el 17 de marzo pasado. Allí hubo asistencia perfecta santafesina, ya que la delegación provincial incluyó entre otros al senador Carlos Reutemann. Desde la Nación, en cambio, Boudou cedió su lugar a funcionarios de segunda línea de su cartera.
Para entender el reclamo hay que remontarse a 1992, cuando el gobierno nacional comenzó a detraer a las provincias el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables para afrontar el déficit del sistema provisional que se generó luego de la creación de las AFJP. Según el planteo santafesino, aquella detracción, aceptada en su momento por las provincias, dejó de tener sentido una vez que la Ansés dejó de ser deficitaria. El Estado nacional continuó descontando el porcentaje a las provincias, pese a que Santa Fe retiró su aval para esa detracción desde el inicio de 2006.
Por eso es que en la audiencia de marzo el gobernador Binner presentó los argumentos sobre la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 del año 2006, que prorrogó la detracción hasta la sanción de una nueva norma de Coparticipación Federal: señaló que “el compromiso de Santa Fe –pactado en 1992– fue para afrontar el déficit del sistema previsional, no para el sostenimiento de la Ansés, con lo cual las causas de aquel acuerdo cesaron”.
De parte del gobierno nacional, el encuentro viene precedido por declaraciones que no invitan al optimismo. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo la semana pasada en su visita a Rosario: “Nosotros creemos que es injusto el reclamo que hace Santa Fe. El 15 por ciento que se retrae de la masa de impuestos coparticipables que va al sistema de seguridad social, se distribuye en todo el sistema jubilatorio del país. Si tomamos solamente la cantidad de nuevos jubilados que hay en la provincia a partir de la decisión del gobierno nacional de implementar la moratoria, nos encontramos con una suma importante, casi 300 mil jubilados, lo que implica una suma total de 7.500 millones pesos. Y lo que el gobierno recauda por ese 15 por ciento en total suma 18.000 millones de pesos. Así que el reclamo no corresponde”.
En seguimiento de la estrategia judicial de la administración socialista, y tras la presentación inicial de la demanda, el Fiscal de Estado Jorge Barraguirre presentó una medida cautelar en la que el gobierno de Santa Fe solicitó que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, “se ordene la suspensión parcial” de la aplicación del artículo en cuestión y también “el cese preventivo” de la detracción de los fondos coparticipables. En tal sentido, la pretensión cautelar se limita “a los períodos sucesivos” al año 2006, y “tan sólo al 50 por ciento de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada”.
En cuanto a la masa de recursos que le corresponden a Santa Fe, el fiscal de Estado estimó que “sólo para este año estaría entre los 900 y 1.000 millones de pesos”. Con todo, aclaró que el gobierno santafesino no elevó un planteo “en términos cuantitativos, sino que lo que busca es que la Corte resuelva un problema de derecho, es decir, que no se ponga la lupa sobre los números, sino sobre las normas jurídicas”.
