En el marco de los reiterados conflictos violentos que se dieron en los ámbitos escolares, en distintas instituciones de la ciudad y otras localidades de la provincia, la legisladora del SI, Alicia Gutiérrez, presentó un proyecto de ley que busca garantizar los derechos de niños y adolescentes, estableciendo las bases para la promoción de la convivencia, el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas y los procedimientos que deben llevarse adelante, por parte de personal docente y no docente, frente a situaciones de este tipo que se manifiestan en el ámbito escolar.
“Cotidianamente vemos que en las instituciones educativas se viven situaciones complejas que demandan políticas e iniciativas que permitan prevenir y abordar tales acontecimientos, y que pongan el eje en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como así también de los docentes, auxiliares y demás adultos que forman parte de estos establecimientos”, explicó Gutiérrez acerca del proyecto.
Acerca de la conflictividad
La ley denomina “conflictiva” a toda aquella situación que implique una amenaza o lesión a la integridad física o psíquica de un niño, niña o adolescente, ya sea que se produzca o no dentro del ámbito escolar. Para el abordaje de cada una de ellas, que se encuentran tipificadas como violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, violencia en el ámbito escolar, explotación laboral y trata de menores, se establecen distintos procedimientos que, desde una perspectiva integral, permitan resguardar y asistir a las víctimas.
“Se trata de brindar a las y los docentes herramientas específicas para poder responder ante estas situaciones y que están orientadas a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la singularidad de cada hecho y fomentando el diálogo y la reflexión entre los distintos actores de la comunidad educativa”, sostuvo la diputada.
Entre los deberes mencionados en el proyecto, que refuerzan los ya consagrados en la ley nacional y en los tratados internacionales, se encuentra la obligación de “los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y de todo agente o funcionario público de cualquiera de los tres poderes”, como así también de toda persona, de denunciar ante la autoridad competente cualquier tipo de amenaza de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Como así también el deber de los funcionarios públicos de recepcionar todas las denuncias que se presenten.
Al mismo tiempo, la norma propone la creación, en el marco Ministerio de Educación, de equipos socioeducativos para cada Delegación Regional, compuestos por profesionales de diferentes áreas que posibiliten un enfoque interdisciplinario y la resolución no violenta, a través del desde el diálogo y la reflexión, de las situaciones complejas emergentes, en un marco de participación de todos los actores de la comunidad educativa.
