En la esquina de Dorrego y Cochabamba, Cristina Costanzo levanta una mano y saluda a su mamá Ángela que la mira desde la puerta de su casa. Cristina tiene 25 años recién cumplidos, es mediados de 1976 y la dictadura ya lleva varios meses. Es la última vez que Ángela ve a su hija.
El 17 de octubre de 1976 Cristina y seis compañeros de militancia de la Juventud Peronista fueron acribillados en la localidad cordobesa de Los Surgentes (307 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba). Antes, habían estado detenidos en el Servicio de Informaciones -SI- de Rosario (ubicado en San Lorenzo y Dorrego). Ángela de Costanzo tiene 91 años y de los 14 padres y madres de las siete personas asesinadas en la conocida como “la masacre de Los Surgentes”, es la única que sigue viva y declaró el pasado miércoles 31 de julio en el marco de la megacausa Feced.
Ángela llevó una carta escrita a mano en hojas con renglones y la leyó ante el tribunal. Repasó la historia de su familia y de su hija Cristina Noemí Costanzo que es la única cuyo cuerpo, en parte, recuperaron. Los demás -Daniel Oscar Barjacoba, María Cristina Márquez, Ana Lía María Murguiondo, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus Di Meola y Jose Antonio Oyarzabal Colomar- siguen desaparecidos. “Tuve una hija sana, inteligente, hermosa y nos devolvieron una urna con pequeños huesos y un cráneo”, expresó.
Ángela declaró por primera vez en los Juicios a las Juntas en 1985 y recién lo volvió a hacer esta semana. El pasado miércoles también declararon sus otros dos hijos y hermanos de Cristina, Oscar y Patricia. Por otra parte, a través de videoconferencia declaró Paula Luna, hija de Daniel Gorosito, que fue detenido en enero de 1976 y luego de pasar por diferentes establecimientos incluidos el SI, fue desaparecido.
Cristina Costanzo fue a la escuela Superior de Comercio donde participó del centro de estudiantes. Luego, estudió Ciencias Económicas, a la vez que trabajaba y hacía tareas militantes en barrios de la ciudad. Ángela señaló 1975 como el año donde hubo una escalada en la violencia política de Argentina y cómo todo desencadenó en el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976.
En agosto de ese año un grupo de uniformados buscó a Cristina en su trabajo pero como no estaba se llevaron detenido a su hermano Oscar. Ese fue el primer acercamiento de Ángela por los distintos circuitos de represión de la ciudad: la jefatura de policía local. Ahí le negaron información, le dijeron que vuelva al día siguiente. “¡Y si mañana es tarde!”, respondió ella. Ya entendía la gravedad de la situación. Oscar finalmente fue liberado.
Esa misma noche, allanaron la casa familiar. Cristina ya no vivía ahí. Unos días después, con motivo del cumpleaños número 25 de Cristina, almorzó en la casa de sus padres. Esa fue la última vez que la vieron. “Cada vez que la recuerdo la estoy viendo saludándome”, relató Ángela recordando la imagen de su hija en la esquina de Dorrego y Cochabamba.
A mediados de octubre, la familia recibió la noticia, a partir de una militante y ex compañera de la escuela de Patricia, de que Cristina debía estar detenida. “Ahí empezó el duro peregrinaje”. Su marido recorrió las morgues de Asistencia Pública y el Hospital Centenario. También fue a la Jefatura de Policía local y la Policía Federal. Hablaron con todos sus conocidos para ver si recababan más información.
Finalmente, Ángela empezó a viajar a Buenos Aires. “En el edificio de la Casa Rosada había una oficina para pedir informes, siempre lo mismo, nos pedían nombre de la persona. Entonces venían con una fotocopia y decían ‘hemos consultado las cinco armas a saber: el Ejército, la Marina, Aeronáutica, Policía Federal y Gendarmería; no figura, estará en el exterior’”. “Yo preguntaba si le parecía que una hija iba a estar tanto tiempo sin comunicarse, ¡yo conozco a mi hija!”, agregó.
Por ese entonces comenzaron las rondas de las Madres en Plaza de Mayo y Ángela participó varios jueves, que es el día que siempre se dieron como cita para reclamar por sus hijas e hijos desaparecidos. “Los victimarios son juzgados, los desaparecidos y muertos no tuvieron ese privilegio, los privaron del derecho humano de la defensa. Se perdieron jóvenes que si hoy estuvieran actuarían brillantemente porque eran brillantes y comprometidos. Lo mismo los que tuvieron que irse, fueron una pérdida de cerebros y los que nos quedamos sufrimos presiones y manipulaciones de por medio”, relató. En el final de su declaración, Ángela dijo: “Señores jueces, todavía creo en la Justicia. Que ese Nunca Más se transforme en una fuerte realidad para que ningún descerebrado crea que pueda repetir semejante horror, por eso señores ni olvidó, ni perdón”.
Megacausa
Feced III, el juicio contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario durante la última dictadura, se inició el 5 de abril de 2018 –antes fue suspendido tres veces– y este año se reinició el 6 de febrero. La megacausa lleva el nombre Agustín Feced, ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la policía local en aquella época.
La Justicia imputó a Eduardo Ugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. También a Daniel González, Carlos Ulpiano Altamirano y el sacerdote Eugenio Zitelli que ya fallecieron.
Los delitos incluyen privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos, abuso sexual y homicidios, todos en la categoría de delitos de lesa humanidad. No prescriben. La megacausa incluye 155 violaciones a los Derechos Humanos.
La querella de APDH -integrada por Gabriela Durruty, Julia Giordano, Jesica Pellegrini y Nicolás Pagliero – planteó que una de las particularidades del juicio por la Masacre de Los Surgentes es que es la primera vez que llegan a juicio los siete casos juntos. Algunos habían declarado en el Juicio a las Juntas y otros en Feced I pero nunca los siete como un hecho común. “Siempre fue dividido por cuestiones procesales y hasta desidia. Las familias se unieron mucho a partir de lo sucedido y todas las investigaciones las hicieron juntas”, explicó Durruty. También agregó que se trata de un caso complejo porque tiene implicancias de otras jurisdicciones.
Ángela de Costanzo sólo había declarado hace más de 30 años y ahora lo hizo porque sintió una responsabilidad mayor, al ser la única madre que sigue viva. Su declaración cerró la audiencia del miércoles pasado. Entre las audiencias de este año, declararon testigos por el secuestro de ocho miembros de la comisión directiva de la Biblioteca Vigil, la masacre de la familia Labrador, el asesinato de Ana María Gutiérrez –hermana de la diputada provincial Alicia Gutiérrez– y el secuestro y torturas cometidos contra Sergio Schilmann. Los alegatos de Feced III deberían empezar a fin de mes y las querellas esperan una sentencia antes de que termine el año.
