Mucho se dijo y seguirá diciendo sobre las condiciones de alojamiento de los menores en riesgo social, y sobre las falencias de los sistemas estatales de adopción o bien de reinserción en sus familias biológicas de esos chicos y chicas, más aún después del trágico incendio ocurrido el 28 de marzo pasado en el en el hogar maternal Mi Casita, de Villa Constitución. Como consecuencia de ese incidente fallecieron dos nenas: Dalma, de seis años, el mismo día del siniestro, y Maylén, de diez, el jueves siguiente. Arreciaron entonces las críticas en torno a las “trabas burocráticas” o los paradigmas ideológicos que impiden –se dijo– que los niños separados por alguna razón de sus hogares originales sean entregados a otras familias. Pero no se expuso la situación inversa, y Maylén fue un dramático ejemplo de ello: la delegación villense de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes había entrevistado a “más de 15 parejas” para que la adoptaran, y “ninguna la quiso”. Por eso permaneció en la institución que la alojaba, y en la cual perdió la vida.
La revelación la hizo el juez en lo penal correccional subrogante de Villa Constitución Oscar Davini, quien lleva adelante la investigación de las causas del incendio de Mi Casita. Es que además de ese flamante cargo, el funcionario mantiene el de secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la misma localidad, y en función de eso desnudó el otro costado del problema de los menores en riesgo social. Sobre el caso de Maylén, el juez dijo: “Cuando estaba en el Juzgado de menores, antes de que se sancionara la ley 12967 sobre las cuestiones de adopción, no desde el Juzgado, pero sí por parte de la delegación local de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tuve conocimiento de que se entrevistó a más de 15 matrimonios, y no la quisieron adoptar. Por la edad, y por un sinnúmero de razones”.
El juez agregó que “cuando se critica el sistema de adopción, y más allá de que sea perfectible, no se analiza en profundidad todo lo que ocurre. Se coloca a los postulantes para adoptar en situación de víctima, pero hay chicos que esperan una adopción hace años y no consiguen familia, y no es por culpa del sistema sino porque los adoptantes no los eligen. Este es el caso de Maylén: nadie la eligió, bien porque tenía ya 10 años, o por su discapacidad”.
La titular de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Mónica Varetto, confirmó ayer a este diario los dichos del juez Davini. Y agregó que Maylén estaba ya desde hace un año y medio en “situación definitiva de adopción” en la órbita del Poder Judicial. La funcionaria indicó que en ese marco se había pedido a su área el listado de parejas con deseos de adoptar, pero que “lamentablemente” ninguna de las que fueron entrevistadas, al enfrentarse con la situación de discapacidad de la niña, sobre quien se había determinado la imposibilidad de retorno al núcleo familiar original, quiso hacerse cargo de su contención y acompañamiento. Lo que, en cambio, se pone siempre en evidencia mediática, es la dificultad de las parejas que quieren adoptar para concretar sus deseos. Un dato de la realidad, pero no el único.
En los últimos tiempos, sin embargo, hubo cambios radicales en cuanto al problema de los menores en riesgo social o aquellos que, en gran medida por esa misma situación, han tenido conflictos con la ley penal. Al menos hubo un avance en los paradigma judicial y legal, que deberá ahora materializarse. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada en octubre de 2005, otorga a los menores el pleno derecho de los adultos –y también parte de sus responsabilidades– y echa por tierra con lo preceptos del viejo sistema de patronato, por el que eran los jueces, sin consulta a los chicos, quienes decidían qué debía hacerse para “protegerlos”. Y en marzo pasado la provincia reglamentó el Registro Único de Adoptantes, que estará interconectado con el mismo instrumento nacional para agilizar los trámites y transparentarlos.
También la administración provincial tiene en ejecución el programa de “Familias solidarias”, una alternativa a la internación en instituciones colectivas de menores a los que el Estado decide separar transitoriamente de sus hogares biológicos. Este sistema no se plantea como un paso a la adopción, por lo que también mereció críticas por parte de asociaciones civiles formadas por parejas que desean adoptar. La contracara dramática tiene nombre reciente: Maylén, la nena de diez años y con problemas de incapacidades a quien 15 familias entrevistadas no quisieron adoptar. Y que falleció en el Hospital Provincial de Rosario el 31 de marzo último.
