La Agencia de Seguridad Vial Municipal busca modificar la ordenanza que regula el tránsito del transporte pesado dentro de la ciudad frente a los inconvenientes que se generan en la circulación y por la rotura que sufre el pavimento con el paso de vehículos de gran porte. Según comentó a este diario su titular, Clara García, el tema está siendo discutido con las distintas cámaras de transportistas para llegar a un consenso que no perjudique a las partes. “La idea es que haya una red de arterias por donde los camiones puedan circular y en el caso de que existan comercios que necesiten de la logística de los camiones, el proyecto es que circulen la mayor parte del recorrido por las avenidas y sólo doblen por las otras calles cuando se esté cerca del destino”, agregó la funcionaria.
Con respecto al deterioro que provoca en la cinta asfáltica el paso de los camiones, García contó que la misma “está relacionada directamente con el recorrido del tránsito pesado”. “Esto, en determinadas zonas, en realidad en la mayor parte del tejido urbano, está prohibido y queremos ser más estrictos con eso”, agregó.
La directora de la Agencia de Seguridad Vial comentó que una vez cerrado el proyecto éste tendrá que ser tratado en el Concejo. “Estamos terminando de tener conversaciones con las cámaras para tener una propuesta cerrada y enviarla. Esperamos que esto sea lo más pronto posible”, añadió.
Frente a esto, el concejal Alberto Cortés sostuvo que esto debería estar cumpliéndose porque desde 1992 existe una ordenanza que “establece la prohibición de circulación de tránsito pesado en todo el ejido urbano, con excepción de algunas rutas establecidas por esa ordenanza para el ingreso-egreso desde los accesos a la ciudad, debiendo además las empresas de transporte establecidas dentro de la zona de prohibición solicitar permiso al municipio, que a través de la Dirección de Ingeniería de Tránsito, establecería las rutas”.
El edil del Partido Socialista Auténtico recordó en que 2010 presentó un proyecto que se aprobó como decreto reclamando a la Intendencia que “intimara a las empresas a presentar estas solicitudes, procediera a fijar los recorridos y realizar los controles y sanciones previstos en caso de persistir el incumplimiento”.
“Se requería un informe sobre la normativa vigente para el traslado de sustancias peligrosas, especialmente combustibles, en un plazo de 30 días. Ninguno de estos decretos tuvo hasta el día de hoy respuesta del Ejecutivo, pese a estar ampliamente vencidos los plazos”, se quejó Cortés.
“De todos modos, es positivo que el Departamento Ejecutivo finalmente se haya decidido a anunciar medidas en este sentido, aunque se haya demorado 20 años sin poner en práctica la ordenanza que habría impedido la rotura de muchas calles, y se haya ignorado por dos años las iniciativas desde el Concejo para instrumentarla. Resta completar estas medidas, con un análisis y propuestas de las medidas para regular el traslado de sustancias peligrosas por zonas densamente pobladas, antes que sea necesario lamentar alguna desgracia”, concluyó.
