Cinco personas quedaron imputadas de causar destrozos en la comisaría 30ª en el marco de un cortejo fúnebre, y seguirán detenidas por 10 días. La decisión fue tomada por el juez Hernán Postma, quien si bien rescató el contundente planteo de la defensa, sostuvo que la evidencia alcanza para una prisión preventiva, aunque fijó un exiguo plazo de detención mientras se incorporan más evidencias, entre ellas un video casero, el relevamiento de cámaras de seguridad y algunos testimonios. También dispuso que los imputados, especialmente los hombres, sean revisados por el médico forense, ya que estaban visiblemente golpeados, e instó al Ministerio de la Acusación a iniciar una investigación para constatar cómo y en qué condiciones se produjeron las lesiones.
El último adiós a Alexis Berti terminó en una causa penal. El cortejo que acompañaba los restos de la víctima rumbo al cementerio de Granadero Baigorria, pasó frente a la comisaría 30°, ubicada en Superí y Casiano Casas. Según la imputación fiscal, a cargo de Rodrigo Urruticoechea y José Luís Caterina, alli el grupo de personas se dividió en dos. Uno de ellos comenzó a tirar piedras contra la seccional, ocasionando daños en los vidrios del frente de la dependencia que terminó con las ventanas y las puertas vidriadas destrozadas.
También resultó dañado un móvil policial y una computadora. Y según la Fiscalía, los piedrazos lesionaron a tres uniformados que sufrieron diferentes contusiones.
En tanto, otro grupo obstaculizó con automóviles la calle, para evitar que llegaran uniformados en apoyo, y en ese contexto golpearon al comisario de la seccional 34ª, un oficial y un agente, como así también causaron daños en la luneta a otros tres móviles policiales, reconstruyó la Fiscalía.
Los fiscales sostuvieron que Mariel P., Brenda Z., Fabio Gastón G., Pablo Sebastián P. y Lucas Matías S. fueron parte del primer grupo que cometió destrozos y los imputaron de atentado contra la autoridad triplemente calificado por haberse cometido por más de tres personas, por usar armas y por haber puesto mano sobre la autoridad policial, a lo que le sumaron el delito de daño agravado.
Según el parte policial, los uniformados que estaban en la comisaría escucharon ruidos de moto. Al asomarse observaron a personas descender y tirar piedras rompiendo los vidrios de la dependencia. Uno de los policías utilizó una escopeta con postas de goma para repeler el ataque, según el acta. En una entrevista fiscal sostuvo que disparó en varias oportunidades tras lo cual logró la detención de Fabio G. Finalmente este policía sindicó a los ocupantes de un Volkswagen Bora donde se detuvo a las otras cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años.
Los imputados declararon y sostuvieron que llegaron tarde al cortejo. Los ocupantes del Bora alegaron que intentaban alcanzar la marcha que iba rumbo al cementerio, vieron un tumulto por Casiano Casas y quedaron frenados por el disturbio. En ese momento se acercó el personal policial, los bajó y los golpeó, afirmaron.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva sin plazo. Por su parte, el defensor oficial Hernán Soto impugnó la calificación legal elegida y solicitó quitar los agravantes. Sostuvo la inocencia de sus defendidos Mariel P., Brenda Z., Fabio Gastón G., y requirió la libertad de sus clientes. Subsidiariamente propuso una fianza de 3 mil pesos para cada uno y firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial.
En tanto, los abogados Adrián Martínez y Bárbara Reynoso apoyaron el planteo de Soto. Martínez, quien defiende a Pablo Sebastián P. y Lucas Matías S., sostuvo que la evidencia sólo se basa en los dichos policiales, brindó los datos de tres testigos del caso, solicitó las cámaras de seguridad de un Rapipago y ofreció una filmación casera donde se observa a la Policía sacar a los tirones a sus defendidos, puntualizando que están golpeados. Finalmente desmenuzó el artículo que reglamenta los requisitos para la prisión preventiva, y sostuvo que no se determinó la participación de sus defendidos, que el delito que les endilgan tiene un mínimo de 8 meses de condena y que no existe peligrosidad procesal en el caso. Solicitó que intervenga la Unidad Fiscal de Violencia Institucional y requirió la libertad de sus defendidos, subsidiariamente ofreció una fianza de 10 mil pesos por cada uno y un arresto domiciliario.
El juez Hernán Postma reconoció que las defensas fueron muy bien elaboradas por los abogados aunque aclaró que en el momento del proceso lo que se necesita en una probabilidad de comisión del delito y la evidencia es incriminante, mientras la versión opuesta sólo cuenta con los dichos de los imputados.
A su vez dispuso que el quinteto sea examinado por el médico forense –los hombres presentaban visibles marcas en el rostro– para determinar las lesiones y saber su origen. También dispuso la apertura de una investigación.
Alexis Berti
El cortejo acompañaba los restos de Alexis Berti. Le decían Locochi, tenía 30 años y el sábado fue asesinado en Vila al 1700 tras una persecución policial. Cuando los uniformados quisieron pararlo, Berti comenzó a correr, se subió a un techo, hizo unos metros y le dispararon. Según la versión policial el joven contaba con un pedido de captura. El fiscal Adrián Spelta sostuvo que iba en un auto y evitó la identificación, se fue a la casa de su suegro y se escapó, llegó a un pasillo, se resistió y corrió por los techos. Según el fiscal, un uniformado efectuó un solo disparo cuando lo vio armado, luego se subió a los techos por una casa vecina y se escucharon más detonaciones. La víctima quedó tendida en el suelo con un arma a su lado, refirió. Se levantaron las vainas que se hallaron en el lugar que están siendo peritadas. Lo cierto es que la bala le ingresó por la axila, sin tocar el brazo por lo que se refuerza la hipótesis de una presunta ejecución.
