Por Claudia Cesaroni (*) / Especial para El Ciudadano
Hace tiempo que algunas personas y organizaciones, casi en soledad o de modo marginal a los grandes temas, venimos planteando que la manera en que se restringen los derechos de algunos, considerados peligrosos, preanuncia el modo en que luego se afectarán los derechos de todos.
Nada nuevo, cierto. Cada tanto se recita el poema atribuido a Bertold Brecht y original de un pastor alemán, si mal no recuerdo. “Primero se llevan, etc., al final me vienen a buscar a mí y es tarde”.
El caso que vengo a contar, es sobre el colectivo de las personas privadas de libertad.
Hasta hace unos doce años, los medios, el poder judicial y político consideraba que quemar vivos, asfixiar, reventar a palos y balear a personas encerradas en un pabellón en plena dictadura, en tanto no eran presos políticos, podía llamarse “motín de los colchones”, y olvidarlo.
Un grupo de abogadxs, sobrevivientes, familiares y ex presas políticas que fueron testigos de esa masacre, dijimos que no. Y comenzamos a pelear para que se considerara a los 65 muertos en la Masacre Pabellón Séptimo, los sobrevivientes, y las familias, como víctimas de un crimen de Estado.
Ese es el ejemplo más extremo de doble vara, hay muchos.
Cuando la ministra de “Seguridad Nacional” (el modo de auto llamarse revela claramente la mirada sobre la construcción de un enemigo interno al que hay que combatir) distingue en una marcha entre “manifestantes” y “barras”, no por lo que las personas hacen sino por sus antecedentes, como si una persona que tuvo una causa penal, o estuvo presa, una vez en libertad no pudiera salir a reclamar por los derechos de lxs jubiladxs, está haciendo lo mismo: marcando a cierta gente como no-ciudadana.
Si ese criterio se aplicara a la ex ministra, es decir, si alguien quedara tachado en sus derechos de por vida por lo que hizo hace cinco, diez o quince años, ella jamás podría haber desarrollado una carrera política, ser legisladora, subsecretaria y ministra, obviamente.
Pero, como siempre decimos, el sistema penal es selectivo. Entonces, una cosas es una (Patricia) Bullrich ahora arropada por los poderes nacionales e internacionales y otra alguien que estuvo preso por robar un celular, o por agarrarse a trompadas en la cancha.
Otro ejemplo es lo sucedido en pandemia: me tocó participar en el diálogo mantenido con los presos de la cárcel de Devoto para atender sus reclamos.
Para mí fue un ejemplo de reconocer su condición de ciudadanos. Para la inmensa mayoría de los medios, de la clase política, y de la sociedad, fue casi un delito: “negociar con delincuentes”.
El concepto de “delincuente» (en tanto sea común, no por ejemplo un asesino de miles de personas, o el que nos somete al Fondo Monetario Internacional durante décadas), anula, para esas personas, todos los derechos.
Aun hoy, para atacarme, me muestran una foto en la que estoy rodeada de personas privadas de libertad, en la capilla de la cárcel de Devoto.
Esa foto me encanta, me enorgullece y me indica, como tantas otras, el lugar donde elijo estar: defendiendo derechos. NO sola, obviamente. Junto a otrxs que ven a las personas presas en todas sus facetas: como personas que cumplen una condena, o la esperan, como padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Como estudiantes, trabajadorxs, deportistas, artistas.
Este gobierno nacional comenzó a restringir derechos de las personas presas desde el 10 diciembre del 2023, cuando pasó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la órbita del ministerio conducido por Bullrich.
Luego, siguió restringiendo derechos de presos “de alto perfil”, con el argumento de su peligrosidad.
A esos presos, a esos enemigos (con la complicidad, el desinterés y la indolencia de políticxs, legisladorxs, académicxs) les impide abrazar a sus familiares, los deja encerrados 22 o 23 horas en sus celdas, les niega derechos de modo similar a lo que hacía la dictadura con quienes definía como “terroristas”.
Es decir, con las y los compañeros de militancia de Bullrich.
Después, con la mentira de que los presos no trabajaban porque no querían, estableció el trabajo obligatorio y sin remuneración económica, es decir, el trabajo esclavo.
En actualidad, vuelve a las cárceles de la dictadura: prohíbe los centros de estudiantes en el ámbito de las cárceles federales.
El Centro Universitario de Devoto (CUD), una experiencia que se exhibe como un ejemplo de cruce entre instituciones -la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el SPF- beneficioso para todos: para quienes estudian, para quienes dan clases, para las familias, para la sociedad en su conjunto, se creó en 1982.
Donde hay estudiantes, hay derecho a organizarse; donde hay trabajadorxs, hay derecho a sindicalizarse.
Eso es lo que hace años vienen haciendo las personas presas: organizarse. No para “el mal”, sino justamente para ejercer derechos básicos que tienen por su condición de ciudadanos.
Como vos, como yo.
Y eso, es lo que hoy se prohíbe, arrasando con décadas de pensamiento, trabajo colectivo, enseñanzas, reuniones, militancia.
Atacan no sólo a las personas presas sino a sus docentes, a las instituciones educativas, a la sociedad (aunque no se dé cuenta)
Empiezan ahí, ya se sabe lo que sucederá si no logramos hacerlos retroceder.
Si el argumento para prohibir los centros de estudiantes es que “obstaculizan la reinserción social”, si pueden escribir eso y lo dejamos pasar, porque “algo habrán hecho, que se jodan”, después es tarde para llantos.
(*) Abogada por la UBA y Magíster en Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
