Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Esta semana se realizó un camarazo en la ciudad de Santa Fe, en reclamo de justicia por el fotorreportero Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión del miércoles 12 de marzo. Fue en el marco de la marcha conmemorativa del 49° aniversario del último golpe de Estado. La misma actividad se había realizado el martes 18 en Rosario. La agresión a Grillo se produjo en el marco de la represión que viven las y los trabajadores de prensa desde que asumió Javier Milei. “Esa represión aleccionadora hoy le tocó a Pablo, pero mañana me puede tocar a mí o te puede tocar a vos. Y no queremos más José Luis Cabezas”, dijo a El Ciudadano la fotorreportera Carolina Niklison, de la ciudad de Santa Fe.
Grillo, fotorreportero independiente, militante y ex alumno de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), está internado en estado crítico tras haber recibido un impacto en la cabeza por una pistola lanzagases, a manos del cabo Guerrero, perteneciente a la Gendarmería. Otros 15 periodistas fueron reprimidos por las fuerzas represivas durante la misma manifestación, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). El sindicato puntualizó que varios resultaron heridos por balas de goma, otros sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos y algunos fueron golpeados con bastones.
Sipreba, Argra, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron una denuncia ante el Poder Judicial Federal para que se investiguen las responsabilidades materiales y políticas de la represión. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de Romilda Servini de Cubría, según se dispuso este viernes.
Hasta el momento, el fiscal Eduardo Taiano pidió las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona del Congreso como medida de prueba. Resta resolver el pedido de la familia Grillo de ser querellante en la causa. Contarán con la asistencia letrada de las abogadas Agustina Lloret (CELS) y de Claudia Cesaroni (Liga de los Derechos Humanos).
La Asociación de Prensa de Santa Fe, la Asociación de Prensa de Rosario, Fatpren y el Sipreba exigen —por este hecho— la renuncia de la ministra Patricia Bullrich.
“Pedimos que se garantice la seguridad de nuestros compañeros”
El camarazo como forma de protesta recuerda al que convocó Argra tras el asesinato, en 1997, del fotorreportero José Luis Cabezas. Tras el ataque a Grillo, la imagen de las cámaras sostenidas por las y los fotógrafos se replicó en distintas ciudades del país. Este 24 de marzo, en instantes previos a la marcha por Memoria, Verdad y Justicia, fotoperiodistas de Santa Fe se reunieron junto al monolito que recuerda a Cabezas para exigir justicia con sus herramientas de trabajo en alto.
En ese contexto, Niklison aseveró: “Pablo Grillo estaba trabajando de forma freelance, como lo estamos haciendo muchos de nosotros, registrando con nuestras cámaras una marcha”. Aseguró, además, que lo sucedido le recuerda a las denuncias hechas por situaciones de represión a la prensa entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. “En ese momento también éramos reprimidos, porque eran las mismas políticas neoliberales de ahora, que generan esta pobreza extrema. Y era la misma ministra de Seguridad con el mismo protocolo, que está pensado para reprimir y para cercenar nuestra labor”.
“Me parece importante que nos preguntemos qué es lo que no quieren que mostremos. Cuando el poder político se ve molestado por la prensa, es porque algo quiere ocultar”, manifestó. Para la fotorreportera, además de pedir justicia es crucial tejer redes y organizarse colectivamente, siguiendo protocolos de autocuidado para la cobertura de marchas y manifestaciones.
Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, señaló durante el camarazo: “El trabajo de periodistas y fotorreporteros se pone en riesgo ante esta situación. Pablo fue víctima de una brutal represión por parte de este Gobierno, que no admite el disenso ni la diferencia de opinión; ni que las y los trabajadores pidan por sus derechos”.
También informó que, hace más de un año, que los sindicatos de prensa del país vienen denunciando las agresiones que sufren fotógrafos y periodistas mientras realizan su trabajo en contexto de protestas. “Pedimos que se garantice la seguridad de nuestros compañeros y compañeras”, subrayó. Y enfatizó que la tarea del periodista y del reportero gráfico es “dar a conocer la verdad y la realidad de lo que pasa».
La represión no es el único ataque a la prensa
Desde el inicio del gobierno de Milei, la represión policial contra periodistas se ha intensificado en el marco del llamado “protocolo antipiquete”, que viola el derecho a la protesta y ejerce violencia física contra manifestantes, advierten desde Reporteros Sin Fronteras.
“La agresión violenta contra el fotoperiodista independiente Pablo Grillo se enmarca en una política de represión que convierte a los reporteros en objetivos privilegiados. Representa un incremento en el uso de la fuerza bajo el gobierno de Milei y refuerza un clima ya hostil contra los medios de comunicación”, contextualizan.
Y conminaron al Gobierno a “poner fin a esta ofensiva contra la libertad de prensa y garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor”. Sostuvieron que “esta estrategia sistemática de silenciamiento de los medios debe detenerse antes de causar un daño irreversible a la democracia en Argentina”.
Según el CELS, hasta septiembre de 2024 se contabilizaban al menos 723 personas que sufrieron heridas de distinta gravedad por la represión policial. 50 de ellas eran trabajadores de prensa.
Este Gobierno ya fue denunciado por las represiones del 31 de enero, 1 y 2 de febrero y 12 de junio de 2024 en Buenos Aires, por la violencia policial desatada sobre periodistas y fotorreporteros.
Sin embargo, el ataque a la prensa no se produce sólo a través de la violencia física. Uno de sus primeros actos de gobierno fue el cierre de la agencia pública de noticias Télam, que generaba y proveía información de forma gratuita a todo el país, con carácter federal. En septiembre pasado, el Gobierno restringió el ejercicio del derecho a la información pública, estableciendo límites para quienes buscan conocer detalles de los actos de gobierno.
El 3 de marzo, Milei informó la eliminación del apoyo a los medios en forma de contratos de publicidad, una decisión que pone en riesgo la supervivencia de los medios autogestivos e independientes. Días después, el Gobierno anunció que implementaría un sistema de selección de periodistas, mediante votación pública, para las conferencias de prensa que se brindan en la Casa Rosada. También dio a conocer la intención de silenciar los micrófonos de ciertos reporteros durante las sesiones de preguntas al Gobierno.
“Las y los trabajadores de prensa son blanco de agresiones verbales permanentes por parte del presidente de la Nación, con una intensidad y frecuencia nunca vista en las últimas décadas en nuestro país”, señala el CELS. Y añade que la agresión se extiende a cualquier persona que emita una opinión contraria al Gobierno en las redes sociales.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina (ACERA) denunció el 10 de marzo pasado la restricción a la acreditación de fotoperiodistas durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Imágenes para conocer la verdad
Fue gracias al trabajo de fotorreporteros que se pudo conocer la verdad de lo ocurrido en los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la Policía en 2002. También las cámaras registraron el momento en que el docente Carlos Fuentealba fue alcanzado por una bala policial que le costó la vida en 2007.
Mapa de la Policía es una articulación integrada por medios de comunicación como Revista Crisis, FM La Tribu, El Grito del Sur y organizaciones como Patria Grande, el CELS y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Desde el año pasado, reconstruyen datos e imágenes de los operativos policiales en las movilizaciones.
A partir de imágenes aportadas por fotoperiodistas, periodistas y la ciudadanía, la organización pudo constatar, mediante un trabajo de arquitectura forense, la hora, el lugar del disparo y el recorrido del proyectil que impactó contra Grillo. También se pudo determinar quién fue el autor del disparo: un gendarme de apellido Guerrero.
Los videos tomados por los presentes permitieron reconstruir desde dónde provino el disparo. Y una imagen en alta calidad permitió acercarse al galón identificatorio del tirador y leer su apellido, Guerrero, y su cargo, cabo primero. La reconstrucción también sirvió para detectar que el agente pertenece a la Unidad Móvil N° 6 de la Sección de Empleo Inmediato de la Gendarmería.
“Todo este despliegue contó con la aprobación y supervisión del director nacional de la Gendarmería, el comandante general Claudio Miguel Brilloni, quien estuvo presente el miércoles 12 en el terreno de operaciones. La responsable mayor del operativo fue la ministra de seguridad Patricia Bullrich, quien definió el encuadre general previo de confrontación y afirmó haber tomado las decisiones estratégicas y operativas”, destacaron desde Mapa de la Policía.
