Entre 2011 y 2020 una de cada dos personas en infracción con la ley de drogas tenía una escasa cantidad de sustancia en el bolsillo al momento de ser detenida o no se le pudo probar que estuviese vendiendo. Estaban lejos de ser parte del crimen organizado, pero igual les iniciaron un proceso judicial en 11 de las 16 jurisdicciones de Argentina que no implementaron la llamada ley de desfederalización.
En cuanto a las bandas, entre 2018 y 2020, cuando aún persistía la promesa de Cambiemos por una “Argentina sin narcotráfico”, solo el 4% de todas las causas involucraron a 3 o más personas. A contramano del lema, en 2016 crecieron un 58% los procesos a quienes cultivaban o ayudaban a cultivar cannabis, justo cuando muchas provincias legislaban a favor del uso medicinal.
Este panorama de estadísticas pertenece al informe La ley de drogas en números. Sobre la pretendida lucha contra el narcotráfico lanzado en septiembre. Su autora, Florencia Corbelle, doctora en antropología social e investigadora del Conicet, relevó los indicadores oficiales del Estado de las últimas décadas para conocer qué hace la Policía y el Poder Judicial con la legislación redactada hace más de 30 años.
Estadísticas sobre personas y drogas
En su investigación, Corbelle encontró que entre 2010 y 2019 creció un 147% la cantidad de personas presas por infracciones a la ley de drogas en Argentina. Solo como ejemplo, en 2019 eran el 15% del total de la población carcelaria del país. En ese año la mitad de las mujeres presas en cárceles argentinas estaban allí por delitos vinculados a drogas. Además, fueron la causal del encarcelamiento del 57% de la población trans en las prisiones de Argentina.
Los números apoyan la idea de que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial usaron (o usan) sus recursos para perseguir a las personas más débiles. Por ejemplo, en 2019 el 77% de las personas presas por delitos vinculados a drogas estaban desocupadas o con empleos de tiempo parcial al momento de su detención. En el caso de las mujeres, y como está documentado en investigaciones previas, una gran mayoría eran jefas de hogares monoparentales, sostenían trabajos informales o estaban envueltas en crisis que las llevaron a desempeñarse como pequeñas vendedoras o transportadoras de sustancias. Eran los eslabones más fáciles de reemplazar en la cadena del crimen organizado.
“Narco”, una palabra que oscurece
Según escribió Corbelle, la falta de información estadística en Argentina dificulta que la ciudadanía evalúe el trabajo de las agencias policiales y judiciales. También impide un debate adulto sobre políticas públicas, donde la comunicación y los medios periodísticos tienen un rol clave.
Para la antropóloga social, la falta de detalle estadístico y análisis de casos lleva al abuso del término “narco” para describir cualquier situación vinculada a las personas y las drogas de venta ilegal. En diálogo con El Ciudadano, Corbelle explica: “Decir «narcotráfico» borra todas las sutilezas y no nos permite ver qué es este fenómeno social, económico y cultural. Metemos todas las situaciones de venta en la misma categoría y no podemos notar las características del mercado y a quiénes y cómo se persigue”.
Según la antropóloga social, quienes producen información deben encontrar formas precisas de hablar sobre lo que ocurre con la ley de drogas. Corbelle pregunta: “¿Cualquier persona que vende una poca cantidad de droga y tiene un arma forma parte del crimen organizado? Poner la etiqueta «narco» genera fantasmas en la sociedad, legitima la persecución y habilita discursos de discriminación que lleva a la vulneración de derechos. Generalmente, de los sectores populares y muy pocas veces a quienes viven en los barrios más adinerados”.
Fuentes oficiales de información
Según escribió Corbelle, Argentina, al igual que muchos otros países, no posee un diagnóstico integral sobre el fenómeno de las drogas y en particular de la aplicación de la ley. Durante la década del 2000, las únicas fuentes disponibles eran los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC) del Ministerio de Justicia de la Nación, junto a los datos producidos por la Oficina de Estadísticas del Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación.
A mediados de la década del 2010 se sumó la plataforma interactiva de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Allí se puede consultar la cantidad de causas iniciadas en la justicia federal a nivel regional, distrital y territorial, por mes y año, tipo de delito, modalidad de inicio, sistema procesal, tipo de proceso, organismo de origen, y cantidad y género de las personas imputadas por causa.
Según Corbelle, no todas las fuentes mejoraron con el tiempo. Dice: “Contrario a la Procunar, el Poder Judicial de la Nación empobreció su información. Si bien entre 2018 y 2020 se publicaron cuadros con información específica sobre estupefacientes en algunas jurisdicciones, no incluyeron información sobre cómo se resuelven o qué tipo de delitos se trataron. De este modo no podemos acceder a conocer cómo tramita el Poder Judicial estas causas”.
La investigación de Corbelle, que incluye los efectos de la desfederalización y la falta de información de muchas jurisdicciones, continuará con un trabajo sobre la persecución a las personas que cultivan cannabis.
