Al cumplirse este sábado un año del inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del Covid-19, en el país se registraron 279 femicidios, ocho transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones. Los datos surgen del último informe realizado por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro donde la provincia con más casos de la expresión más brutal de la violencia de género es Buenos Aires con 103 y sigue Santa Fe con un registro de 29 víctimas. Luego continúa Córdoba con 24 y Tucumán con 20.
En el informe se indicó que el 61 por ciento de las víctimas fue asesinada en su vivienda, y 321 hijas e hijos se quedaron sin madre.
El relevamiento también mostró que el 60 por ciento de los femicidas eran parejas o ex parejas de las víctimas; y que la vivienda compartida fue el sitio más inseguro para las mujeres y disidencias. Los golpes fueron la principal causa de muerte.
El informe detalló que 35 víctimas ya habían realizado la denuncia; que 14 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención, y otros 18 pertenecen o pertenecieron a una fuerza de seguridad.
Además, se pudo determinar que 23 de las víctimas tenían indicios de abuso sexual; que 18 eran migrantes; que nueve se encontraban en situación de ser trabajadoras sexuales; y que 8 de las víctimas estaban embarazadas.
Desde el 20 de marzo del año pasado, según el relevamiento, se registró que 40 femicidas se suicidaron luego de quitarle la vida a la mujer.
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Desde el Observatorio vienen reclamando hace más de un año, y más en este contexto de aislamiento y distanciamiento por el coronavirus, que además del seguimiento o el acompañamiento cada Área de la Mujer Provincial – Municipal garantice la entrega de alimentos o subsidios económicos para la mujer y sus hijas e hijos en las situaciones de alto riesgo, y cuando la Justicia haya dictado la exclusión del hogar del agresor.
«Requerimos la publicación de informes con la totalidad de llamadas recibidas por la Línea 144 respecto de cada provincia y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), como así también la presentación de las políticas públicas conforme a los datos obtenidos», indicaron en un comunicado desde el Observatorio.
Y agregaron, entre otros reclamos, «que en todas las provincias de Argentina el Poder Judicial prorrogue automáticamente las medidas cautelares de protección para acompañar a las mujeres y personas trans en situación de violencia».
Además, en el nuevo informe, la asociación civil le exige al Estado que garantice el acceso a la Justicia, «que no culmina con la mera radicación de la denuncia».
«Es imprescindible desterrar el mito de que debe esperarse 24 horas para realizar la denuncia de desaparición. Por el contrario, es primordial contar con una denuncia para que cuanto antes comience la búsqueda. Cada minuto cuenta», sostuvieron.
Al referirse a las medidas de prevención utilizadas por la Justicia, indicaron: «Es primordial que ante una medida cautelar dictada se otorguen dispositivos de protección necesarios para que la misma sea eficiente. Sabemos que al otorgarle un botón antipánico se estaría colocando la responsabilidad de cuidado en la mujer denunciante, pero al menos tendría una mínima protección. Y en paralelo una tobillera electrónica al agresor que sólo será efectiva si existe un monitoreo responsable de parte de las autoridades competentes».
