Luego de que este miércoles el fiscal Luis Schiappa Pietra confirmara la existencia de un “preacuerdo” firmado entre el MPA y la defensa del empresario Leonardo Peiti para que éste se convierta en imputado colaborador, Oscar Romera, asesor legal del senador Armando Traferri, a quien la acusación pretende imputar como organizador de una asociación ilícita pero aún no consiguió el desafuero, cuestionó duro tanto a los fiscales como al actual jefe del Organismo de Investigaciones y ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, a quien el legislador peronista señala como autor de una persecución en su contra.
Según voceros del caso, Peiti dio los nombres de cuatro senadores, incluido Traferri, como quienes recibieron dinero de su parte para campañas electorales. Lo dijo en una audiencia celebrada el 10 de septiembre pasado ante la jueza Eleonora Verón, donde tomaron parte los fiscales de las tres jurisdicciones en las que el empresario está acusado, además de su defensa.
“Se supone que ese acuerdo era confidencial. Hoy precisamente el ex ministro de Seguridad y actual funcionario del Organismo de Investigaciones (OI) salió a decirlo públicamente por YouTube, con lo cual llama la atención que algo confidencial sea violado por el mismo organismo con el que Peiti firmó», sostuvo Romera ante Radio Mitre Rosario.
El abogado dijo que los dichos de Peiti, quien en caso de homologarse el acuerdo purgaría tres años de cárcel y pagaría poco más de medio millón de dólares de multa, «desde el punto de vista de la defensa no reviste mayor preocupación» y describió que existiría “un conflicto procesal, por la aplicación indebida” de la figura del arrepentido.
«La provincia está ocasionando problemas que pueden llegar a poner a jueces en medio del prevaricato, porque la figura del imputado colaborador está prevista en una ley nacional y necesita una adhesión por parte de la provincia», opinó Romera, y amplió: “Santa Fe no prevé la ley del arrepentido o imputado colaborador, con lo cual están haciendo algo demasiado creativo, usando un instrumento que no está previsto en la ley» y lanzó que ese tipo penal «se está usando solamente en esta causa, lo que llama la atención».
También le pegó a Schiappa Pietra y su par Edery, los fiscales a cargo del capítulo Rosario del juego clandestino: «Hasta ahora los fiscales se han valido de declaraciones de gente que está privada de la libertad y no solamente eso, sino que para poder acceder a la libertad o a mejores condiciones de detención, le piden a cambio que imputen a alguien. Esto explica por qué la figura del arrepentido no es acogida por la mayoría de las provincias. Se usó en la famosa causa de los cuadernos y hoy se está discutiendo la validez constitucional».
Asimismo lanzó Romera, al describir una presunta persecución política contra su cliente, ejemplificando con la declaración del arrepentido y ya condenado en proceso abreviado ex fiscal Gustavo Ponce Asahad: “Dijo que los abogados de Peiti fueron a Melincué y a Venado Tuerto a llevar plata, que le iban a poner supuestamente a un juez. Bueno, no hay ningún juez imputado en esta causa. Pero además si tomamos válido lo que dice para Traferri tenemos que tomar válido lo que no es de Traferri, porque es igualmente grave”. Y añadió el defensor: “En ese viajecito, uno de los contactos para hacer esa tramitación ilegal de dinero fue, lo dice textualmente, un actual ministro del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. ¿Investigaron algo los fiscales de esto? No. Entonces, esto está todo direccionado. Esto es una guerra de poderes que se traslada a la Justicia pero en realidad lo jurídico pasa a ser anecdótico, porque acá lo que hay es un problema con mi defendido de otros sectores del poder”.
Leonardo Peiti quiere ser arrepentido y firmar abreviado por la mitad de la condena
