La defensa de Jonathan Morel, uno de los referentes de la organización ultraderechista Revolución Federal, le exigió al presidente Alberto Fernández que “se rectifique públicamente de sus difamaciones que claramente violan el orden constitucional en la división de poderes”.
El abogado Milo Medina, quien defiende a Morel en la causa por presuntas amenazas e intimidación pública, emitió un comunicado “en atención a las manifestaciones recientes vertidas en la red social Twitter por parte del Sr. presidente de la Nación”.
Este miércoles, el jefe del Estado cuestionó fuertemente a la sala I de la Cámara Federal porteña, especialmente a dos de sus tres miembros, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes firmaron dos fallos clave en dos investigaciones paralelas sobre las que se pide la unificación: el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y el deambular de la organización Revolución Federal, que protagonizó violentas acciones marchando con una guillotina, con antorchas que arrojaron a la Casa Rosada y con paquetes simulando bolsas mortuorias que colgaron de las rejas de la misma Casa de Gobierno con distintos rostros impresos en hojas de papel y pegados encima. Respecto a la primera investigación los camaristas, contra los reclamos de profundizarla, indicaron cortar y pasar a juicio; y en la segunda liberó a todo los detenidos –cuatro– de Revolución Federal indicando que no se van a fugar y no representan peligro alguno, aunque fueron filmados rompiendo autos, agrediendo a periodistas y violentando instituciones como el Instituto Patria, en medio de relatos sobre sus historias personales y situación social que se revelaron como absolutamente falsas. Ante cámaras Gastón Guerra repetía situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza de él y su familia que no existen; y Sabrina Basile, hija del ex DT de la Selección, que hacía cuatro días que no comía porque no tenía dinero para comprar alimentos.
En muchos mensajes internos captados durante la investigación judicial surgió que el grupo emitía permanentes mensajes de odio, pese a lo cual los camaristas lo consideraron inofensivo.
Ahora el abogado Medina busca tornar fuera de toda discusión la situación de inocencia. “Hemos solicitado que el Sr. presidente se rectifique públicamente de sus difamaciones que claramente violan el orden constitucional en la división de poderes, siendo su voz de gran importancia para la sociedad, ya que resulta ser la más alta autoridad de nuestra Nación en el Poder Ejecutivo”, sostiene el texto.
“Entendemos esta situación como un atentado a la división de poderes y sus dichos pueden significar una reacción negativa en la sociedad”, advirtió el abogado Medina.
El abogado de Morel anunció que no concederá más entrevistas periodísticas porque “este hecho”, en referencia a los tuits del presidente, “pone en riesgo la vida y la libertad de las cuatro personas que hoy están siendo parte de un proceso legal, entre las cuales se encuentra Jonathan Morel”.
Morel es dueño de una carpintería en la localidad bonaerense de Boulogne. Relató que aprendió el oficio por Youtube, algo perfectamente posible, y que por casualidad una mujer de la familia Caputo vio el comercio, entró y después la empresa familiar lo contrató para hacer mobiliario para un emprendimiento en Neuquén, encargandole ropa de cama, colchones, almohadas y otros elementos por los cuales le pagó 13 millones de pesos, lo que para miembros del oficialismo más que un relato es un delirio.
