Por Santiago Rey (El Destape Web)
Cada vez más hechos confirman el intento del gobierno nacional por dejar impune el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. A la reiteración sistemática del relato sin pruebas ni fundamentos sobre la existencia de un enfrentamiento entre los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura y el grupo de mapuches de la comunidad en Villa Mascardi, Bariloche; se suma la designación de un abogado del riñón del macrismo para que ejerza la defensa del cabo primero Francisco Javier Pintos, el más comprometido de los uniformados en el asesinato del joven Rafael Nahuel.
Marcelo Hugo Rocchetti, un abogado al servicio del núcleo duro del macrismo y teléfono abierto con el presidente de Boca y operador judicial Daniel Angelici, asumió la defensa del cabo primero de la Prefectura, sobre quien pesan todas las pruebas del homicidio.
Pintos es el albatros que el 25 de noviembre de 2017 disparó en más de 50 oportunidades con munición 9 mm y de cuya arma de guerra subfusil MP5 salió el proyectil que mató a Nahuel, de acuerdo al resultado de la pericia balística realizada por prestigiosos peritos.
Es también, en el marco del expediente judicial, el más complicado de los uniformados, a pesar que el juez federal Leónidas Moldes procesó a cinco integrantes de la Prefectura bajo la figura de “homicidio cometido con exceso en la legítima defensa”, es decir que tomó el relato del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich sobre la existencia de un enfrentamiento.
Desde el minuto uno posterior al asesinato, los miembros del grupo Albatros contaron con la asistencia de ese ministerio para el ejercicio de sus respectivas defensas. Inicialmente, Pintos fue representado por Fernando Soto, mano derecha de Bullrich, quien hace pocos meses lo instaló al frente de la Dirección de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Soto acompañó a Pintos en la indagatoria del 5 de julio de 2018. El cúmulo de mentiras que desplegaron fue tal, que hasta el juez Moldes advirtió sobre esos engaños en el procesamiento que dictó a principios de este año.
Fernando Soto abandonó la defensa del albatros poco después de aquella indagatoria.
Pero a Pintos no lo dejaron solo. El gobierno nacional siempre estuvo dispuesto a no dejarlo caer, ya que su posible condena demostraría el accionar criminal de la fuerza de seguridad en la comunidad mapuche de Villa Mascardi.
Sin que tomara estado público hasta esta nota de El Destape, durante febrero pasado Pintos revocó la representación de la abogada Alejandra Elvira Bussetti, y nombró en su reemplazo a los doctores Marcelo Hugo Rocchetti y Marcelo Alejandro D’Angelo.
Rocchetti fue hasta mediados de agosto del año pasado jefe de Gabinete del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Es decir, un funcionario de segunda línea de la estructura gubernamental de María Eugenia Vidal.
El abogado se vio forzado a renunciar a su cargo, luego de ser denunciado por la diputada nacional Elisa Carrió, quien aseguró que integraba una “asociación ilícita” junto al operador judicial Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo.
Rocchetti organizaba los negocios derivados de los vínculos entre la política y la justicia, a través de una aseguradora de autos, llamada Caledonia.
El escándalo también le costó el puesto a María Alejandra Zizzias, quien se desempeñaba como síndico en Aguas de Buenos Aires (Absa), y había sido contratada como abogada por el Correo para reclamar una deuda que el Estado mantiene con la empresa de la familia presidencial Macri.
Antes de convertirse en funcionario del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, Rocchetti cumplió otras funciones para el macrismo: fue abogado del jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, en una causa por “coacción agravada por el uso de armas».
En ese expediente Di Zeo fue condenado y debió purgar pena en la cárcel de Ezeiza. “No es un delincuente, está pagando por la fama que le hicieron”, dijo públicamente en esa ocasión el abogado sobre el jefe de la barra brava de Boca.
El vínculo de Rocchetti con el macrismo lo había llevado previamente a ocupar el cargo de responsable de la seguridad de la Legislatura porteña, en 2008, pocos meses después del triunfo de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la asunción de Cristian Ritondo al frente de esa legislatura.
La escandalosa salida de Rocchetti del gobierno de Ritondo y Vidal, en agosto de 2018, no le supuso romper relaciones con el macrismo, y ahora fue convocado desde el gobierno para que asuma la representación legal del cabo primero de la Prefectura involucrado en uno de los casos más resonantes de la aplicación de las doctrinas del ministerio de Patricia Bullrich.
