Una de las querellas en el juicio oral al ex subcomisario de Escobar, Luis Patti, por delitos de lesa humanidad, advirtió ayer que los crímenes del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante montonero Gastón Goncalvez fueron cometidos como parte de un “plan criminal” equiparable a un “genocidio”, y reclamó prisión perpetua para todos los acusados.
“Las víctimas de las familias que re-presento fueron víctimas de un genocidio” perpetrado en la última dictadura militar, consideró el abogado Pablo Llonto en el alegato final ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que juzga a Patti, al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex comandante Santiago Omar Riveros, al ex comisario Juan Fernando Meneghini y al ex oficial de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez.
Llonto y la abogada Ana Oberlik pidieron condenas de prisión perpetua para todos los acusados, en la misma sintonía de las penas solicitadas por la fiscalía en el alegato hecho en diciembre pasado.
Tras el receso estival, ayer fue el tur-no de los representantes de las familias de los asesinados Muñiz Barreto y Goncalvez, y de otros dos jóvenes militantes de Escobar desaparecidos, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D’Amico. El alegato comenzó poco antes de las 10, con Patti, que siguió las alternativas del juicio desde una ambulancia estacionada junto a una entrada del auditorio Hugo del Carril, en la localidad bonaerense de José León Suárez, hasta que, según su abogado defensor, Alfredo Bisordi, sufrió una descompensación.
Esto obligó a una revisión médica, que reflejó una descompensación a raíz de una baja de presión de Patti, ante lo cual la presidenta del tribunal, Lucila Larrandart, dispuso que se lo traslade de vuelta a la clínica Fleni de Escobar, donde está internado tras un accidente cerebrovascular, aunque tiene dictada prisión preventiva en su contra.
Si bien no está tipificado como deli-to, Llonto pidió a los jueces que “con-templen la figura del genocidio en la sentencia, porque nuestro país formó ejércitos y fuerzas policiales genocidas, se incorporaron doctrinas para justificar la tortura y eliminación de personas, y Argentina agregó el sello característico y lamentable para nuestra historia de los vuelos de la muerte”.
Los querellantes afirmaron que a lo largo del juicio se reunieron “125 pruebas penales” contra los acusados y en el caso de Patti quedó demostrado que, como oficial subinspector en Escobar, del 4 de enero de 1972 al 7 de marzo de 1977, “en el marco de un genocidio cometió privación ilegal agravada” contra seis víctimas, además de “tormentos agravados por ser perseguidos políticos” a Muñiz Barreto, Goncalvez y los hermanos D´Amico, y el “homicidio triplemente agravado de Goncalvez”.
“Hubo un plan delictivo, una organización criminal cuyo fin último era matar a quienes llamaban subversivos. Los cinco acusados querían convertirse en participantes de esa empresa que tenía un propósito criminal común: el exterminio de todos los militantes políticos que ellos consideraban subversivos”, agregó Llonto.
Para la querella “hubo una planificación conjunta de la represión ilegal en el Gran Buenos Aires que incluía a Garín y Escobar, bajo la dependencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo”, cuya máxima autoridad era el ahora también juzgado Riveros.
En ese marco “hubo un circuito que comenzaba en la comisaría de Escobar o Garín, seguía en la Unidad Regional y terminaba en Campo de Mayo, como le pasó a Muñiz Barreto. Allí se decidía el destino final del secuestrado o, a veces, en la misma comisaría, como les ocurrió a Goncalvez y los hermanos D’Amico”, concluyó Llonto.
La etapa final del juicio continuará con los alegatos de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y bonaerense –también querellantes en la causa–; luego será el turno de las defensas, últimas palabras de los acusados y para marzo se espera el veredicto.
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