Arlen Buchara
En 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner desde el Ministerio de Justicia nacional convocaron a un grupo de juristas para encarar la modificación integral del Código Penal, una tarea nadie emprendía desde 1960. Durante dos años los abogados redactaron 395 artículos de un anteproyecto que prometía ser de vanguardia. Pusieron al genocidio como delito que encabezaba el Código Penal, establecieron penas de cinco años para la contaminación ambiental y de tres para la violación de derechos laborales, incorporaron una figura precisa para los jueces que recibieran dádivas y agregaron que la tenencia de droga para consumo personal no sería punible. El texto también tomó posición sobre el aborto. De las causales no punibles desde 1921 sacaron la figura de “mujer idiota o demente” en caso de violación, aclarando que corría en cualquier caso de abuso sexual y reiteraron el factor riesgo de salud de la mujer. Y lo más importante: incorporaron el aborto consentido en los primeros tres meses de gestación. Este último punto fue uno motivos más importantes por el que los opositores al anteproyecto, sobre todo vinculados a la Iglesia Católica, lo dieron de baja.
Más de una década después el gobierno de Cambiemos comunicó incluirá la despenalización del aborto en un nuevo anteproyecto de reforma Código Penal que presentará el 21 de agosto. El anuncio llegó después del rechazo en el Senado Nacional de la ley con media sanción de Diputados de Interrupción Voluntaria (IVE). La votación en contra generó un clima de descontento social no sólo por el resultado. Los argumentos que usaron los legisladores y las legisladoras para bloquear la ley mostraron un nivel bajísimo de análisis de las demandas sociales y pusieron en evidencia el lobby de la Iglesia Católica y de los grupos antiderechos. El poder ejecutivo tampoco quedó bien parado. La vice presidenta Gabriela Michetti, que preside el Senado, fue una de las caras visibles en contra de la ley y apenas terminó la votación largó un “vamos todavía”, dejando en evidencia que la tan mencionada neutralidad del Ejecutivo no era tal.
Desde Cambiemos salieron a poner paños fríos con el anuncio de la modificación del Código Penal. Hablaron de despenalización aunque los fragmentos que difundieron (aún no está disponible el texto completo) no quitan la pena de prisión para la mujer o persona gestante por abortar sino que la baja. El código actual dice que es de uno a cuatro años, el nuevo de uno a tres. Lo que cambia es que con el nuevo texto un juez o jueza tendrá la decisión final y podrá poner la pena en suspenso o eximirla. El nuevo texto mantiene la penalización de los profesionales de la salud, otro de los puntos polémicos. También conserva las causales no punibles de 1921 agregando conceptos del fallo FAL de la Corte Suprema, que en 2012 sentó las bases de los protocolos de aborto no punible. Otro de los cambios es que donde decía riesgo de salud dice “salud física y mental”. También agrega términos como “persona por nacer” y la categoría de “lesión al feto”, no contempladas hasta ahora en el Código penal.
El anuncio del gobierno se reduce a la cuestión penal. Opera sobre las mujeres que abortan y llegan a los hospitales con complicaciones y sobre las que piden la interrupción del embarazo por causales. No contempla la legalización, la base de la ley de IVE que proponía sacar al aborto de la clandestinidad y que la práctica sea garantizada tanto en la salud pública y privada.
Un retroceso
En diálogo con <El Ciudadano> las abogadas e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mabel Gabarra y Analía Aucía consideraron que el anuncio es tramposo porque no soluciona los problemas de las mujeres.
“No es un proyecto de despenalización. Baja la pena hacia las mujeres y mantiene penas para las médicas y los médicos”, aclaró Gabarra. Para la abogada es preocupante que incorpore la persona por nacer, una entidad que no estaba en el Código Penal. “Habla de lesión al feto como persona por nacer separada de la madre, algo inexistente hasta ahora. Si se incorpora significa que todo aborto es delito. Si tomás un medicamento que lesiona al feto sin quererlo, ¿lo van a penalizar?”, explicó.
Gabarra explicó que la reforma remite al fallo FAL pero es más restringida. “El aborto por la causal de riesgo de salud de la mujer toma el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de salud integral, que es física, emocional y psíquica. No hace esta distinción de mental. Además desde un sector del Senado quieren volver a poner la denuncia en casos de violación, cuando desde el fallo FAlL es con declaración jurada. Es un retroceso. No queremos que se discuta esta reforma. No tenemos el texto completo pero lo que se conoció preocupa mucho. Hablaron de educación sexual durante todo el debate y en los hechos no proponen nada más que más penalización”.
Aucía remarcó que desde la Campaña defenderán el proyecto presentado consensuado en Diputados. “Este anuncio no aporta ningún avance a las mujeres. La penalización de los profesionales va a seguir generando obstáculos en el sistema de salud porque hoy la mayor dificultad para aplicar el aborto no punible está en los médicos que no lo hacen por temor a ser denunciados”, dijo
Aucía también señaló que es un retroceso que la suspensión de la pena de las mujeres quede en la decisión de un juez. “El fallo FAL avanzó con la idea de no judicialización. Pero además el sistema judicial es patriarcal. No tenemos jueces y juezas con perspectiva de género”, opinó.
“El anuncio es un parche con objetivos electoralistas para poner un paño frío al malestar que hay en la sociedad por el rechazo a la ley. El gobierno Nacional no se esperaba este enojo ni los discursos medievales que escuchamos. Tampoco esperaban que el propio ministro de Salud argumentara a favor ni la repercusión internacional que tuvo. Los organismos internacionales reiteraron en los últimos días la preocupación porque no se haya aprobado la ley e instaron al Estado a que cumpla con las recomendaciones de ampliar derechos y despenalizar. Esta propuesta no es la solución. Los derechos se garantizan de manera integral, no reduciendo la pena”, concluyó Aucía.
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