En los siete días que pasaron entre la presentación del libro sobre el caso de Belén y la derogación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el debate del aborto legal volvió a tomar la agenda pública argentina con avances y retrocesos para las mujeres y personas gestantes. Pero también la semana consolidó el perfil que tendrán los líderes de las dos fuerzas políticas más importantes del país en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Alberto Fernández asumirá como el primer presidente electo con un compromiso de impulsar la legalización y despenalización del aborto. Y más: enviará un proyecto con su firma al Congreso Nacional. Mauricio Macri se retirará con la decisión de dar de baja el protocolo que regula lo que el Código Penal permite desde hace un siglo y con la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. El gesto es un guiño más a los sectores antiderechos de cara al 2020, año en que Argentina podría convertirse en uno de los pocos de Latinoamérica en legalizar la práctica. En el medio de las discusiones nacionales, Santa Fe busca regular las interrupciones permitidas por ley. Este lunes el movimiento feminista movilizará para pedir por el protocolo.
Alberto verde
El libro “Somos Belén” de Ana Correa relata la historia de una joven tucumana que estuvo 29 meses presa por un aborto espontáneo. El nombre “Belén” es ficticio. Fue elegido para proteger su identidad, que hasta la fecha ella no quiso revelar. El caso fue uno de los más resonantes en la historia de la criminalización de las mujeres y de la lucha del movimiento feminista que logró su libertad en 2016.
La presentación del libro fue el viernes 16 en la Facultad de Derecho de la UBA. La autora había enviado la invitación a Alberto Fernández pero no se imaginaba que iba a participar. El presidente electo llegó y convirtió la presentación en un momento histórico. Se sentó en la primera fila, se sacó fotos con un auditorio lleno de pañuelos verdes y se reunió con Belén en privado. Además, en una entrevista con Página12 anunció que cuando asuma enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional.
El gesto político renovó la esperanza del aborto legal en la Argentina. La mayoría del feminismo celebró que por primera vez en la historia un presidente electo se hiciera cargo, definiera al aborto como un problema de salud pública y decidiera ser la voz impulsora. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito empezó acciones para acercar al presidente el proyecto que elaboraron este año y que recoge el debate de 2018. Buscan que el texto de Fernández y el propio sean lo más cercano posible. De todos modos, en el Congreso serán debatidos todos los proyectos que ingresen juntos, como indica el reglamento parlamentario.
Macri celeste
A 20 días de dejar el poder, el debate del aborto hizo que Cambiemos muestre, una vez más, su interna. Y defina, aún más, su perfil como futura oposición en contra del aborto legal.
El miércoles a la madrugada fue publicado el Protocolo de ILE en el Boletín Oficial por resolución de la Secretaría de Salud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social después de su degradación en el organigrama. A las 12 horas, Macri anunció que iba a vetarlo.
Desde Cambiemos salieron a descalificar a Adolfo Rubinstein y dijeron que había avanzado sin consultar. El senador macrista, Federico Pinedo, encabezó el lobby en contra: “El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional. Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”.
Si bien para derogarlo bastaba con la firma de Carolina Stanley, a cargo de Desarrollo Social, el texto salió este viernes con la firma de Macri. El gesto fue uno más hacia los sectores antiderechos, a quienes el presidente saliente buscó en la campaña electoral definiéndose “claramente a favor de las dos vidas”. Así, el mandatario que en 2018 se jactó de haber habilitado el debate del aborto legal en la Argentina, demostró que estaba lejos de querer terminar con la clandestinidad.
Una vez publicada la derogación, Rubinstein renunció. En 2018 había sido una pocas voces de Cambiemos a favor la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante el debate parlamentario. El entonces ministro definió al aborto como un problema de salud pública con datos contundentes: en Argentina por año se hacen 354.627 abortos, que equivalen a 41 prácticas por hora. Desde la vuelta a la democracia más de 3 mil mujeres murieron por hacerlo en condiciones inseguras.
Avance provincial
Este jueves la Cámara de Diputados de la Legislatura de Santa fe dio media sanción a un proyecto de la diputada de Igualdad y Participación Silvia Augsburger de adhesión al protocolo de ILE. La provincia ya había adherido en 2015 a través del Ministerio de Salud. La iniciativa de Augsburger busca darle rango de ley, para que no dependa del color político de gobierno la aplicación.
La ley votada por Diputados facilita el acceso a los abortos que son legales en Argentina al establecer procedimientos claros, con instrucciones para respaldar la práctica de los equipos de salud en cualquier lugar de la provincia. La diputada aclaró que el protocolo no modifica los derechos y obligaciones contenidos en las leyes y en la Constitución; lo que hace es evitar las obstaculizaciones, las demoras, la revictimización de niñas abusadas y todas las formas de negación de derechos que se producen cuando no se respetan las leyes vigentes.
“Lo que sucedió a nivel nacional es bochornoso: idas y vueltas y en el medio la vida de las mujeres y de profesionales que deben recibir y acompañarlas y no saben cuál es el marco legal que los contiene. Celebramos esta media sanción, y esperamos que prontamente el Senado lo convierta en Ley para Santa Fe”, opinó la legisladora.
¿Qué es el protocolo de ILE?
En Argentina el aborto es legal por causales desde 1921, cuando el Congreso Nacional modificó el artículo 86 del Código Penal y permitió interrumpir el embarazo en caso de violación y riesgo de salud o de vida de la mujer.
En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a los abortos legales en la salud pública y privada. El entonces Ministerio de Salud lo hizo en 2012, tomando como base las dos ediciones de la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles de 2007 y 2010. En 2015 fue actualizado.
Como en los anteriores, el nuevo protocolo que fue derogado por Macri regulaba y daba información sobre cómo acceder y garantizar los abortos no punibles en la salud pública y privada. Decía que para acceder a un aborto la persona gestante debe dar consentimiento informado y firmar una declaración jurada, como en la mayoría de las prácticas médicas. Los cambios incluían las modificaciones en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 en relación a la autonomía de las personas menores de edad para decidir y dar consentimiento. También daba información nueva sobre métodos seguros medicamentosos, es decir, el misoprostol y la mifepristona.
El nuevo protocolo fue celebrado por distintas organizaciones porque tenía un trabajo riguroso en términos de ampliación de derechos en relación a la legislación nacional y los convenios internacionales.
Cómo es en Santa Fe
Durante el debate del año pasado en el Congreso Nacional la provincia de Santa Fe, y en particular la ciudad de Rosario, aparecieron como una experiencia modelo a la hora de pensar la aplicación del aborto legal en la salud pública. Es que si bien las causales existen desde 1921 y hay protocolos desde 2007, no todas provincias de la Argentina cumplen. Hay siete que no tienen protocolo: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. Y otras cuatro que limitan los derechos contemplados en el texto nacional: Buenos Aires, CABA, Neuquén y Río Negro.
Santa Fe adhirió y en los centros de salud y hospitales de la provincia las mujeres y personas gestantes tienen derecho a la ILE. Las causales de aborto no punible se aplican con un criterio de ampliación de derechos y se entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2018, 2.138 mujeres y personas gestantes accedieron a una interrupción legal en la salud pública.
En Rosario se dio una experiencia modelo. Desde 2012 ninguna mujer muere por aborto clandestino gracias a una política que combinó la aplicación de los protocolos de ILE con la provisión de misoprostol.
