Una encuesta estableció que el 82 por ciento de las personas que viven en Rosario cree que el Estado debe dar soluciones sobre el aborto después del rechazo del Senado al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según el informe, el 55 por ciento de los encuestados cree que el debate dividió a la sociedad y un 38 por ciento que ayudó a instalarlo. El 65 por ciento de los consultados señala que será positivo hacer una consulta popular sobre el tema para saber la opinión de la mayoría. Tomaron como muestra a 387 personas de más de 16 años que viven en la ciudad. El estudio estuvo a cargo de la consultora Inmediata a pedido de la diputada nacional Lucila De Ponti.
“La votación del Senado no fue el final, sino el principio del debate sobre esta cuestión de salud pública que sigue sin solución. No sólo las mujeres se siguen muriendo en procedimientos clandestinos e inseguros, como mostraron los casos de los últimos días de Pilar, San Martín y Santiago del Estero, sino que siguen sin acceder a este derecho aunque cumplan con las causales contempladas por la ley”, aseguró De Ponti.
Protocolo para todos
A la par de la encuesta, la legisladora del Movimiento Evita presentó un proyecto para exigirle al Ministerio de Salud nacional que fiscalice que las provincias adhieran al protocolo de IVE y cumplan con la interrupción legal del embarazo. Existe desde 2015 y 10 de las 23 provincias lo aplican. El derecho de las mujeres se ve impedido por los médicos que son objetores de conciencia, es decir, se niegan a hacer los abortos, y los casos terminan en la Justicia. Lo que se juega en el medio son los tiempos. “Incluso dentro de las provincias que sí adhirieron como Santa Fe, la aplicación del protocolo es muy desigual en el territorio. Un ejemplo es lo que sucede en los hospitales Iturraspe y Cullen, en donde denunciamos una obstaculización sistemática a este derecho. La objeción de conciencia es un atributo personal que en ningún caso puede ser institucional. Los centros de salud tienen la obligación de asistir en los casos de aborto dentro de las causales que actualmente estipula la ley y es deber del Ministerio de Salud que eso se cumpla”, concluyó De Ponti.
El proyecto de la legisladora puso como ejemplo a tres mujeres que murieron este mes por abortos clandestinos. Liliana Herrera murió el 5 de agosto en el Hospital Regional de Santiago del Estero por una infección generalizada; Romina Fernández murió el sábado 11 después de ingresar al hospital Sanguinetti con un aborto incompleto; Aida Nuñez Rodas llegó el 13 de agosto al Hospital San Martín de Buenos Aires con un cuadro de septicemia post aborto y murió cuando la trasladaron por falta de camas.
“Necesitamos de manera urgente que se reglamente el protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación para prevenir abortos no punibles. También pedimos la plena aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las instituciones educativas. Nuestro sistema de salud tiene la capacidad para prevenir estas muertes que suceden cotidianamente en Argentina. Las provincias no pueden mirar a un costado”, establece el texto del proyecto presentado por la diputada.
