La Justicia de Salta rechazó este jueves el primer pedido para declarar inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al resolver una presentación de medida cautelar por parte de sectores que se oponen a legalización del aborto.
El titular del Juzgado Federal Nº1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, habilitó la feria judicial y rechazó el recurso interpuesto por los demandantes, entre los que se encuentra la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales, al declararlo como «improcedente» y para ello citó en su escrito un fallo de 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
«No ha lugar por improcedente, en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Thomas del 15/06/2010», afirmó el magistrado, y explicó que excede a su competencia suspender una norma sancionada por el Poder Legislativo.
«No es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal. Y ello, se torna más llamativo en el caso si se considera que el actor no representa a la cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación (lo que compete a la primera), por lo cual se arribaría, como se dijo, al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no solo no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla», citó Bavio al máximo tribunal.
En ese sentido, citando a los jueces supremos, el magistrado salteño reseñó que «la misión más delicada de la Justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes».
«La suspensión cautelar de la vigencia de una norma dispuesta por un tribunal presupone que éste se atribuya la competencia para sentenciar en definitiva con idéntico poder», recalcó la CSJN en su fallo de 2010.
La medida cautelar había sido pedida antes de que se aprobara la IVE el 30 de diciembre, y tenía como objetivo declarar como inconstitucional el Protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La demanda fue presentada por la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta y otros ciudadanos, que sostuvieron que el Protocolo ILE es «inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la inimputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hecho contemplados en el art. 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación».
Los demandantes aseveraron que «el protocolo posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el art. 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal alguno».
Mónica Menini, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal de Salta, dijo a Télam que «la IVE es una ley que ha sido largamente discutida en el Congreso Nacional», y denunció que «estos grupos siempre estuvieron en contra de la ampliación de derechos».
«En nuestra provincia ya habían pedido la inconstitucionalidad de los protocolos de la interrupción legal del embarazo por causales, que ya teníamos antes de la promulgación de la ley. La Corte Suprema de Salta ya había rechazado los pedidos. Dentro de la provincia ya tenían fallos en contra, por eso fueron a lo federal», aseguró.
Menini destacó que «Bavio respondió tomando como fundamento el caso Thomas sobre la ley de medios, y expuso una mirada desde el poder judicial federal de nuestra provincia acerca de que no se va a inmiscuir en decisiones que ya han tomado otros poderes del Estado».
«El fallo me parece adecuado, posiblemente no explica el fondo de la cuestión de lo que quiere esta gente, que es que diga que hay vida desde la concepción. Esos planteos no tienen asidero, esa situación de que haya un obstáculo constitucional ya fue debatida también y no ganó esa posición. Esta gente quiere volver para atrás», advirtió la integrante de la Campaña.
En ese sentido, Menini explicó que la presentación judicial es «una de las estrategias de obstaculización» para aplicar la ley de IVE.
«Vamos a estar muy atentas a cómo se aplique la ley. Tenemos muchas herramientas desde el Estado, que esperamos que se fortalezcan, como el 0800 y otros programas de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y también el activismo que tiene un desarrollo impresionante en nuestro país», aseguró Menini.
«Además tenemos al menos tres años de gobierno del Poder Ejecutivo que impulsó la ley, así que creemos que eso nos a ayudar a la implementación», concluyó.
