El martes de la semana que viene el debate por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo empieza formalmente en el Congreso Nacional. Será con las exposiciones a favor y en contra en las Comisiones de Mujeres, Acción Social y Salud, Legislación General y Legislación Penal. Como en 2018, las ponencias serán de siete minutos pero esta vez el debate será más corto. A diferencia de dos años atrás, cuando en tres meses pasaron 700 personas por el estrado del Anexo 1 de la Cámara de Diputados, esta vez las exposiciones serán en tres días y virtuales. Tanto desde las organizaciones como desde el Estado, explican que la discusión ya se dio en 2018 a lo que se suma que un millón de personas en las calles ya despenalizaron el aborto socialmente. Por eso, se espera un tratamiento rápido. Martes, miércoles y jueves habrá exposiciones del Poder Ejecutivo y de 50 especialistas y referentes a favor y en contra, mitad y mitad. El viernes se espera el dictamen de las cuatro comisiones para votarlo en el recinto la semana siguiente, el 10 de diciembre.
Sea por coincidencia, casualidad o intencionalidad, la fecha elegida para el tratamiento en el recinto de Diputados no podría ser mejor. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Argentina promete acercarse un paso más para saldar una de las deudas más grandes de la democracia: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y lo hará en una región particularmente desigual a la hora de hablar del acceso a este derecho: el 97 por ciento de las personas gestantes de Latinoamérica vive en países donde el aborto está penalizado y sólo 6 países permiten la interrupción voluntaria sin causales.
El debate
Sobre el debate de la semana que viene lo que se sabe hasta ahora es que las sesiones en comisiones serán virtuales. Empezarán el martes con las exposiciones del Poder Ejecutivo y seguirán ese día con las voces a favor y en contra, que seguirán miércoles y jueves hasta completar las 50. Cada día, se calcula que el debate durará nueve horas. En todos los casos, quienes hablen tendrán siete minutos para exponer. Hasta el momento, no se conoce la lista de expositores y expositoras.
Se debatirán tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A diferencia de 2018, las cuatro comisiones por las que pasarán tienen al frente a legisladores a favor de la legalización del aborto: Cecilia Moreau del Frente de Todos (FDT) en Legislación General; Carolina Gaillard (FDT) en Legislación Penal; Pablo Yedlin (FDT) en la de Acción Social y Salud; y Mónica Macha (FDT) en la de Mujeres (una de las comisiones en las que se subdividió la extinta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia). Esta última presidirá el debate. Dos años atrás estaba dividido mitad y mitad.
El proyecto de ley de los Mil Días, presentado en paralelo por el Poder Ejecutivo, será debatido desde el 30 de noviembre en las comisiones de Acción Social y Salud y Presupuesto (que tiene al frente a Carlos Helle).
El viernes 4 de diciembre será el día del dictamen de las cuatro comisiones en un proyecto de consenso que permitirá llevar el debate a la Cámara Baja la semana siguiente para obtener la media sanción. Si bien todavía no fue definido, una de las opciones que se barajan es que el tratamiento sea presencial. En relación a los votos, todos los poroteos indican que en Diputados están garantizados.
Lo que hay que saber sobre los proyectos
El proyecto de ley del Ejecutivo fue redactado por un equipo liderado por Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, feminista y co-autora de la ley de matrimonio igualitario. En términos generales plantea los mismos lineamientos que el de la Campaña con algunas diferencias que serán fruto de debate en comisiones. El de la Campaña fue redactado por una comisión federal y presentado en mayo de 2019.
En primer lugar, los dos estipulan el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo inclusive. Más allá de ese plazo, será legal en casos de violación y riesgo de salud de la persona gestante, como ya ocurre desde 1921. En este último caso, se exigirá una declaración jurada de la persona gestante ante el personal de salud. Cuando sean niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. La práctica deberá garantizarse en un plazo de 10 días. En el de la Campaña son cinco días.
Una de las diferencias es que el del Ejecutivo prevé penas en el Código Penal para las personas gestantes y quienes practiquen el aborto después de la semana 14, algo que el de la Campaña elimina para que no haya criminalización. Sobre este punto, se espera que haya discusión.
El proyecto establece también que la práctica será incluida en el Plan Médico Obligatorio y deberá ser garantizada por el sector público, las entidades de medicina prepaga y obras sociales.
Otra de las diferencias entre los dos proyectos, es que el del Ejecutivo incluye la objeción de conciencia. Dice que las y los profesionales de la salud tendrán derecho a ejercerla, pero no podrán hacerlo en el caso de que esté en riesgo la vida de la persona gestante. Tampoco podrán objetar si tienen que atender un postaborto. En el proyecto votado en 2018 ya había sido agregada para sumar votos indecisos, pero en la nueva redacción de 2019 la Campaña no lo incluyó por considerarlo una herramienta para obstaculizar derechos. Sin dudas, este punto será uno de los más debatidos.
El proyecto del Ejecutivo incluye también la referencia a la educación sexual integral (ESI). La diferencia con el de la Campaña es que no plantea incluir aborto dentro de los contenidos de ESI.
