A través de un comunicado, la Multisectorial de Mujeres de la ciudad de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras expresaron su inquietud por la próxima designación de una nueva coordinación del Servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe, en vistas a la próxima jubilación del profesional antiderechos Samuel Seiref, quien desde mayo de 2015 lideró la presentación del servicio como objetores de conciencia.
“Ante el conocimiento de la jubilación del actual Jefe de Ginecología, recurrimos a las autoridades sanitarias para plantear la necesidad de convocar a un concurso que acredite la debida capacitación en perspectiva de género y la contratación de personal con probados antecedentes en la garantía de estos derechos”, dicen las organizaciones.
Cabe recordar que en el país hay un nuevo marco normativo desde diciembre del año pasado, en el que la práctica del aborto es legal y debe ser garantizada por los efectores de salud. El comunicado dice al respecto: “La letra de norma, consensuada en el Congreso Nacional, reconoce el derecho a la objeción de conciencia para quienes deben intervenir de manera directa en la interrupción de un embarazo, pero también establece obligaciones. Es obligación derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. Es obligación realizar el aborto en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Es obligación prestar atención sanitaria postaborto. Así lo establece la normativa vigente a nivel nacional, normativa que también está vigente dentro de las paredes del Hospital Iturraspe. Por lo tanto, el Ministerio de Salud debe revisar la conformación y jefatura de ese equipo a los fines de adecuarse a las demandas existentes en la población y a las leyes que emanan del Estado argentino”.
“Esta semana se cumplieron 14 años de la muerte evitable de Ana María Acevedo en 2007, en ese mismo hospital. En esa oportunidad, tanto el personal directivo del nosocomio como el personal de Ginecología decidió apartarse de la ley y actuar de acuerdo a intereses particulares, negando el derecho al aborto que asistía a la joven, negando además la atención del cáncer que padecía por estar embarazada. La historia de Ana María es también la historia de muchas otras mujeres y personas gestantes violentadas por este Servicio, a quienes se les ha negado u ocultado información, a quienes se ha descalificado por una decisión personal, a quienes se les ha mentido acerca de las prácticas abortivas, pretendiendo disuadirlas de la opción. Sostenemos que el aborto es un derecho, no una imposición. Sin embargo, quienes supuestamente actúan en nombre de la vida muchas veces no respetan las leyes vigentes y operan como una supuesta reserva moral de lo que cada quien debe o puede decidir en torno a su salud y a su historia personal”, reza el comunicado.
En concreto, las organizaciones demandan que se abra un concurso que acredite la debida capacitación en perspectiva de género para que quien ocupe ese cargo tenga probada trayectoria en favor de los derechos a la salud de las personas gestantes, entendida como un derecho humano. “Sería lamentable que nuevamente por una mala praxis el Estado provincial deba pedir disculpas e indemnizar a las familias como en el caso de Ana María Acevedo. El momento es ahora. La decisión política está de su lado”, cierran.
Fuente: Pausa
