A tres años desde la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto, el reporte anual del Proyecto Mirar resumió los logros y amenazas en materia de salud sexual y reproductiva.
Según el informe, en 2023 se hicieron 86.565 abortos en el sistema de salud público. La tasa nacional de IVE ILE indica que se realizaron 8 abortos cada 1000 mujeres en 2023. Además, se produjo un descenso de la fecundidad de niñas y adolescentes, y en las muertes maternas por aborto.
En tres años, se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país, aunque el aumento es variable por provincia.
En 2023 el gobierno nacional distribuyó 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, respecto de los 18.590 distribuidos en 2020 previo a la legalización. Tres años después de la implementación de la ley, el monitoreo refleja una política pública consistente, aunque aún persisten ciertas disparidades en el acceso.
El informe indicó que entre 2018 y principios de 2024 se presentaron 38 demandas contra el derecho al aborto legal y seguro. Del total, 35 fueron resueltas a favor de mantener las normas vigentes y las restantes siguen pendientes de respuesta sobre su admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se iniciaron causas en 13 de las 24 provincias. Algunas sentencias reconocen el valor democrático del proceso de aprobación de la ley, y consideran que la vía para disputar el derecho es el Poder Legislativo y no la vía judicial. Desde Proyecto Mirar entienden que “los tribunales han sido un espacio para cuestionar (con casi nulo éxito) la Ley 27.610, pero también para protegerla”.
Según señalaron, la mayoría de las presentaciones provienen de las jurisdicciones más grandes o con mayores recursos de movilización social: Provincia de Buenos Aires (7), Ciudad de Buenos Aires (7), Córdoba (6), Tucumán (4) y Salta (3). Le siguen Chaco, Santa Fe y San Luis con dos causas cada una. Otras provincias con al menos una demanda cautelar o de amparo contra la normativa de aborto son Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan. La mayoría de las causas se iniciaron en los meses posteriores a la aprobación de la ley de IVE ILE y la mayoría fueron rechazadas durante el primer año de vigencia de la norma. Sin embargo, explicaron que el número exacto de demandas es incierto, ya que en algunos casos se pide reserva y en otros hay problemas de acceso a la información en algunos poderes judiciales provinciales. También señalaron que en la primera oleada de causas había cierto contacto entre los actores impulsores, con presentaciones escalonadas y escritos muy similares, o incluso idénticos.
Plan Enia
Otro de los puntos del informe analiza la eficacia del Plan Enia, un programa para prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia, que fue desmantelado por el actual gobierno nacional. Según el informe, el plan redujo en un 50% los embarazos adolescentes y en un 57% la tasa de fecundidad de niñas de 10 a 14 años en situaciones ligadas a abusos sexuales en el entorno familiar. Además contribuyó a prevenir los abusos y la violencia sexual en la infancia y adolescencia.
En 2017, más de 90.000 adolescentes y 2.500 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo/a en la Argentina, y 7 de cada 10 de esos embarazos fueron no intencionales. En respuesta a este problema se creó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia) mediante la Resolución 1.790 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el período entre 2018 y 2022, la tasa específica de fecundidad de adolescentes (TEFA) de 15 a 19 años se redujo de 49 nacidos vivos por mil adolescentes a 27 nacidos vivos por mil adolescentes, un descenso de casi el 50%. En ese mismo período, también se redujo 57% la fecundidad de las niñas menores de 15 años, grupo en el cual la mayoría de las gestaciones son consecuencia de situaciones de abuso o coerción sexual o violación, lo que hace su prevención más compleja aún.
Tres años de aborto legal
El informe recopiló datos obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública cursados a las jurisdicciones provinciales y a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Recibieron información de 17 jurisdicciones y del nivel nacional, con una importante cobertura de los indicadores solicitados, aunque no siempre comparables por el grado de desagregación y los criterios adoptados.
Los principales resultados fueron un descenso de la fecundidad de niñas y adolescentes, y una disminución de las muertes maternas por aborto. Además, se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país, aunque es muy variable la cantidad por provincias: Chaco, Santiago del Estero y Tucumán presentan las cifras más bajas de efectores públicos que proveen IVE ILE. En 2023 el gobierno nacional distribuyó 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, cuando en 2020 fueron sólo 18.590.
Según el informe, la reducción de 50% de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022 marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. Destacaron que un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina. Por ejemplo, México no sólo tiene una tasa que duplica la de Argentina, sino que mostró un ligero aumento entre 2015 y 2022: la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años pasó de 1.63 a 1.69.11 Colombia, en cambio, observó un descenso de 3.1 a 2.2 nacimientos por cada 1000 niñas de 10 a 14 años, a pesar de lo cual llega a cifras que superan ampliamente la fecundidad en niñas en Argentina.
La tasa promedio para el país es de 17 efectores públicos que proveen IVE ILE por cada 100.000 mujeres en edad fértil con un rango que varía entre provincias desde 2 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, a 53 a 57 cada 100.000 mujeres en La Pampa y Mendoza.
En 2022, gracias a una donación aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se distribuyeron un total de 62.323 tratamientos de misoprostol y 28.577 tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol. En 2023, se registró la mifepristona producida por un laboratorio comercial local y el acceso al medicamento fue posible también para usuarias de los subsectores de obra social y privado. En 2023, la distribución a centros de salud y hospitales continuó aumentando, alcanzando un total de 166.164 tratamientos.
Los datos provienen de 16 provincias, Ciudad de Buenos Aires y Nación. En estas jurisdicciones se realizaron 84.762 abortos en el sistema de salud público. La tasa nacional de IVE ILE fue de entre 7 y 8 abortos cada 1000 mujeres en 2023. Es variable según cada provincia. Las tasas más altas se dan en San Luis y Jujuy. Los efectores que proporcionan acceso a IVE ILE varían desde el 2% del total de efectores públicos en Chaco al 100% en CABA. En tanto, 9 de cada 10 personas que acceden al aborto tienen 20 años o más. Entre 7 y 9 de cada 10 solicitudes se presentan antes de la semana 12. Los procedimientos con medicamentos son los más utilizados. Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones y Santa Fe tienen líneas telefónicas propias que asesoran sobre acceso al aborto.
La Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) se utilizó entre julio de 2023 y abril de 2024 en una prueba piloto con personas que accedieron a un aborto en un servicio de salud. Se encuestó a 225 personas que accedieron a un aborto en 11 servicios de salud, públicos y privados, en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos y Salta. Solo el 44% de la muestra sabía dónde encontrar servicios de aborto. La ley estipula que los servicios de aborto deben ser gratuitos, sin embargo, un 46% tuvo que pagar, sobre todo, ecografías. Las encuestadas reportaron altos niveles de calidad en los servicios de salud donde accedieron el aborto.
