El ministro de Salud provincial, Miguel Ángel Cappiello, sostuvo ayer que habrá que “apartar” y darles “otra tarea” a los médicos de hospitales públicos que se opongan a la práctica del aborto no punible, aunque aclaró que la idea no es “cesantearlos”. “Siempre va a haber alguien dispuesto a resolver los problemas”, manifestó en referencia a la mencionada figura, vigente en Código Penal. En tanto, si bien el Registro Único de Objetores de Conciencia estará listo en 60 días, el funcionario declaró que no le “constan” y no estar de acuerdo con algunas versiones y trascendidos de que podrían no ser pocos los ginecólogos objetores en esas áreas. “Es más, yo creo que cuando tengamos las declaraciones juradas vamos a ver que va a ser al revés”, sostuvo.
El propio Cappiello anunció hace dos meses que a partir de ese entonces comenzaba a regir en el territorio provincial el registro de objetores de conciencia a prácticas en salud sexual y reproductiva, luego de que se aprobara la resolución 843/09, que rige en todo el territorio provincial.
El ministro de Salud informó que el registro, que comenzó a ser distribuido de manera masiva en los centros asistenciales de toda la provincia el pasado lunes, es por la negativa. Es decir el profesional o el trabajador de un efector debe aclarar su objeción a realizar una determinada práctica por escrito en una declaración jurada, como una vasectomía, una ligadura de trompas o un aborto no punible. Con esta nómina de objetores de conciencia, el Ministerio tendrá información precisa y así podrá evitar que en un efector se excluyan prácticas por cuestiones morales o religiosas.
Desde la provincia, sostienen que los servicios de salud no pueden estar cubiertos en su totalidad por gente que es objetor de conciencia. Lo cierto es que una vez iniciado el trámite en un efector, los trabajadores tienen 90 días para la firma de la declaración jurada, si es que objetan algún método o práctica, teniendo su declaración alcance tanto a nivel público como privado. Sus nombres deberán estar disponibles en las direcciones de hospitales para los usuarios y se publicará vía web del gobierno provincial. Esto permitirá a las mujeres conocer de antemano a qué profesionales están consultado y servirá para que la paciente pueda distinguir en la consulta entre un consejo moral y uno técnico.
De posturas y respuestas
En tanto, en las últimas horas comenzaron a correr ciertas versiones y trascendidos que indicaban que en algunos hospitales públicos municipales y provinciales los objetores de conciencia al aborto no punible serían mayoría o, al menos, habría una cantidad no menor de profesionales que con esa postura. Al respecto, lo que levantó más revuelo fue el anuncio público en ese sentido del jefe de Servicio de Ginecología del Heca, Rafael Pineda. “Yo soy médico municipal desde hace 31 años. Lógicamente hay políticas que yo no comparto como éstas del aborto no punible. Lo que hago es defender la vida”, había expresado el profesional.
Sobre el asunto, y tras haberse instalado el tema desde hace algunos días, ayer Cappiello salió en algún punto a marcar la cancha. “Nosotros aún no hemos recibido las planillas con las declaraciones juradas, todavía hay dos meses de tiempo para que las envíen, pero no nos constan las versiones de que haya ginecólogos de esas áreas que puedan ser objetores. Es más, yo creo que no va a ser así”, sostuvo en primera instancia en diálogo con este medio.
Luego, y yendo directo al nudo de la cuestión, el funcionario manifestó que habrá que “apartar del sector” y darles “otra tarea” a los médicos que se opongan a la práctica del aborto no punible. “Esto no es cesantear, sino que tendrán que realizar otra labor”, aclaró igualmente Cappiello. “Siempre va a haber alguien dispuesto a resolver los problemas”, expresó luego en referencia a la figura del aborto no punible en casos de que sea hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios y en los casos que el embarazo provenga de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer “idiota o demente”, como indica el artículo 86 del Código Penal .
Posteriormente, explicó que será cuando estén las declaraciones juradas de los de los 4 mil médicos que se desempeñan en los hospitales públicos provinciales el momento en que se resolverá cuales serán los caminos a seguir. “Si la objeción es masiva, ahí sí habrá que pensar qué hacemos”, explicó el funcionario.
