Durante años quienes trabajan en el sistema de salud pública de Rosario estuvieron acostumbrados a que las mujeres que llegaban a hacerse un aborto lo hicieran solas, casi en secreto y sin conocimiento de sus derechos. El año pasado notaron un cambio. Con el debate en el Congreso Nacional del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la forma de transitar un aborto fue distinta: adolescentes y jóvenes estaban acompañadas de amigas, sabían que tenían derecho a una interrupción legal según las causales que habilita el Código Penal desde 1921 y contaban experiencias traumáticas de familiares que abortaron en la clandestinidad.
En paralelo, el rechazo en el Senado generó dudas sobre cómo quedaba el tablero y cuál era la legislación vigente. El director de Salud Sexual Daniel Teppaz y la médica generalista María Paula Botta analizaron este cambio a partir de quienes se atendieron en el Cemar. Los resultados fueron publicados por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en un libro que recopila experiencias y reflexiones de activistas y profesionales de todo el país. El 28 de mayo, en el Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, el proyecto volverá a ser presentado en el Congreso Nacional.
El debate del año pasado trascendió las paredes del edificio del poder legislativo y generó discusiones en todos lados. Se dio un fenómeno que se definió como la salida del clóset de aborto porque la práctica dejó de ser un secreto y se empezó a hablar en todos los ámbitos desde las experiencias y datos estadísticos. Miles de mujeres contaron en redes y entre amigas y familiares cómo habían abortado en la clandestinidad.
Según explicó el entonces ministro de Salud y ahora secretario, Adolfo Rubinsteinn, en la Argentina se hacen un promedio de 354.627 abortos por año, que equivalen a 41 por hora. Desde la vuelta de la democracia más de 3 mil mujeres murieron por hacerlo en condiciones inseguras.
El debate social se sintió también en los centros de salud. Teppaz y Botta analizaron qué pasó en el Cemar. “Se modificó la actitud de las mujeres al acercarse a los servicios. Llegan con mucha más seguridad y más acompañadas, sobre todo de mujeres aunque también a veces llegan con varones. Muchas vienen con pañuelos verdes en las mochilas y no transitan el aborto como algo oculto”, explicó Teppaz a >El Ciudadano>.
El Cemar, junto con los hospitales Alberdi y Roque Sáenz Peña, es uno de los tres hospitales en los que se hacen interrupciones legales de embarazo (ILE) con la técnica de aspiración manual endouterina (Ameu).
El método es uno de los dos usados en la salud pública de Rosario. Consiste en una intervención de baja complejidad sin internación. La otra forma es con misoprostol, la droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un aborto seguro y ambulatorio, es decir, que puede hacer en casa o en el lugar que la persona gestante decida. El acceso a este método es en cualquiera de los más de 80 centros de salud barriales, donde profesionales hacen la receta, entregan el medicamento y dan seguimiento. El 80 por ciento de las ILE dentro de las primeras doce semanas se hacen con misoprostol.
Cambio de actitud
Uno de los cambios que llamó la atención de Botta fue que las adolescentes y jóvenes llegaban con el conocimiento de que existe la interrupción legal en Argentina desde 1921. Según explicó, en el Cemar atienden dos tipos de poblaciones.
“Quienes tienen mayores recursos educativo, con estudios universitarios o secundarios completos, venían con el pañuelo en la mochila, con amigas y sabiendo el marco legal. En ellas vimos mayor apertura a contar experiencias de familiares que habían pasado por interrupciones clandestinas. Pero también el rechazo en el Senado generó duda en poblaciones más vulnerables que no sabían bien en qué había quedado la legislación. Decían que no sabían si consultar o no. La posibilidad de un aborto se transformó en una realidad para las mujeres pero hay desconocimiento del marco que quedó después del 8 de agosto”, señaló Botta.
El debate permitió también abrir una Consejería para las mujeres que quedan por fuera de la atención de centros de salud. Atienden a la población del centro de clase media que tienen obra social pero que no puede acceder a la ILE en la salud privada y no se atiende en los centros de salud barriales. En total, el 70 por ciento de las mujeres que en Rosario acceden a un aborto después eligen un método anticonceptivo de larga duración.
Entre los casos que atendieron en el Cemar, Botta recordó el de una chica que llegó con su tía. La mujer quería informarse sobre cómo iba a ser el procedimiento de su sobrina porque tenía miedo. Años atrás había abortado en una clínica clandestina y terminó internada en un hospital en estado grave. Mostró la cicatriz que le había quedado en la panza. Estaba emocionada y sorprendida por cómo era la atención en la salud pública porque ella no había tenido la misma posibilidad.
Entre colegas
Apenas empezó el debate en el Cemar se generó un clima de mayor atención al trabajo que hacían desde hace años los equipos que garantizan las ILE. “Como muchas de las que trabajamos acá también expusimos en el Congreso muchos compañeros y compañeras se acercaron a sacarse dudas o saber bien cómo trabajábamos. Hoy sentimos que nuestro trabajo está más naturalizado. Sabemos que no todos piensan igual, pero no hubo obstáculos y nadie nos estigmatizó por lo que hacemos, al contrario, hubo más apertura”, contó Botta.
Según el análisis de Teppaz y Botta las y los profesionales de la salud no estuvieron ajenos a la discusión. “La mayor duda se presentaba al pensar si el revés legislativo no crearía mayor confusión entre quienes son responsables de dar respuesta en hospitales y centros de salud. El debate generó una respuesta inmediata muy positiva en jóvenes y adolescentes que pusieron su posicionamiento sobre la mesa familiar, lo cual trajo aparejado que muchos trabajadores de la salud, en su espacio de trabajo, salieran del clóset en relación con su posición sobre la legalidad del aborto y ayudaran a otros profesionales a reflexionar”, explicaron.
Regreso al Congreso
Este 28 de mayo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará por octava vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con movilizaciones en todo el país. Será en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujeres. Este año electoral la campaña buscará ampliar la cantidad de adhesiones de legisladores. El año pasado fueron 71 quienes acompañaron la presentación.
La fecha fue acordada en un plenario de la campaña, de la que participaron también diputadas e integrantes de organizaciones sociales y de colectivos de mujeres donde se plantearon, algunas modificaciones al texto del proyecto que en 2018 se debatió y obtuvo media sanción en Diputados. El proyecto plantea la interrupción por voluntad de la persona gestante hasta la semana 14 de embarazo. Después, podrá practicarse por las causales vigentes desde 1921 en la Argentina: violación y riesgo de salud. Entre las modificaciones incorporaron a otras identidades con capacidad de gestar, como los varones trans y personas no binarias. También incluye artículos sobre ESI y derechos sexuales y reproductivos. Se excluyó la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Y se estipula que ninguna mujer o persona con capacidad de gestación podrá ser penalizada.
