El gobierno tiene en preparación, como las dos caras de una misma moneda, sendas iniciativas relacionadas con la salud integral de la mujer y el niño: una que avanzará hacia la legalización del aborto en los centros de salud públicos y otra que implementará el «Plan de los 1.000 días» que busca garantizar la asistencia de madres vulnerables desde el embarazo hasta los 2 años del niño.
El presidente Alberto Fernández buscará impulsar ambas iniciativas en simultáneo con el objetivo de que el Congreso las trate en conjunto, con la idea, en parte, de contener a los sectores enfrentados en el tema, bien visibles durante el frustrado debate del 2018, cuando la legalización del aborto se aprobó en Diputados pero fue rechazada en el Senado.
Los proyectos están siendo elaborados en distintas áreas del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación de la secretaría Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra.
Para el proyecto integral sobre aborto –que va más allá de la despenalización y avanza hacia la legalización– están trabajando en conjunto los ministerios de Salud, de Ginés González García, y de las Mujeres, encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta, mientras que del de asistencia a las embarazadas se está ocupando la cartera de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo.
Ambos proyectos serán parte central del discurso que el Presidente pronunciará el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando se inauguren las sesiones ordinarias del Congreso nacional, que marcará los lineamientos de gestión de Fernández, y cuyo contenido está siendo coordinado por Camilo Vaca Narvaja, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de articular con los equipos técnicos de cada cartera.
La decisión del gobierno de impulsar ambas iniciativas se conoció esta semana desde París, última escala del periplo europeo de Fernández por Europa, y se superpuso con una convocatoria de la cúpula de la Iglesia a una misa en Luján para el 8 de marzo, en la que ratificará su posición contra el aborto y se pedirá «por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural».
Si bien el anuncio de la misa fue entendido en algunos ámbitos como una respuesta al anuncio de Fernández, lo cierto es que el Episcopado venía trabajando en la organización de esa celebración desde diciembre pasado, con el objetivo de «reforzar las acciones pastorales en defensa de la vida», según explicaron a Télam fuentes de la CEA, que preside el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.
De hecho, tras los anuncios de París, hubo reuniones entre el titular del Episcopado y los funcionarios de gobierno que siguen el día a día de la relación con la Iglesia, que se mantiene cordial y marcha sobre rieles, según destacaron a Télam desde los dos lados.
Lejos de un supuesto estupor de la Iglesia por la instalación de tema, la estrategia de las dos leyes ya había sido adelantada por el gobierno argentino a la Iglesia tanto en la reunión de diciembre entre Fernández y la cúpula eclesiástica, como en las recientes reuniones en El Vaticano, tanto con el papa Francisco como con el secretario de Estado, Pietro Parolin.
Uno de los funcionarios que participó de esas conversaciones, el canciller Felipe Solá dijo ayer en declaraciones a radio Mitre que «la segunda ley –la del apoyo a las embarazadas– va a tener muchos más votos que la primera –la del aborto– porque genera menos controversia», en una confirmación de que el Poder Ejecutivo apuesta a que ambas iniciativas marchen por carriles paralelos.
Desde el Ministerio de las Mujeres, Gómez Alcorta dijo a Télam que el anuncio del gobierno de que enviará un proyecto para legalizar el aborto «no puede sorprender a ningún argentino y a ninguna argentina», porque el tema estuvo en la campaña proselitista, y reivindicó que se trabaje «de modo interdisciplinario» en la iniciativa.
En cuanto a los plazos que se manejan, si bien está pensado que Fernández haga los enunciados de las leyes el 1° de marzo, los textos de los proyectos llevarán más tiempo, ya que todo ese mes el gobierno estará concentrado en el crucial tema de la deuda y las negociaciones para su reestructuración.
Este miércoles, los sectores de la sociedad civil que impulsan el «aborto legal, seguro y gratuito» harán su propia demostración de fuerza con un festival ante el Congreso nacional, desde las 17, en el marco de una jornada federal que replicará las manifestaciones en otras ciudades del país.
Por el otro carril, el denominado «Plan de los 1.000 días» tiene como objetivo garantizar la alimentación de la madre desde el embarazo hasta que su hijo tenga dos años.
«Si la mujer quiere tener el hijo, la falta de recursos no será una excusa. El Estado le garantizará una adecuada alimentación», subrayaron las fuentes oficiales sobre el plan que se inspira en uno similar que funciona en Francia, que consiste en que el Estado garantiza a la madre su alimentación y suplementos necesarios durante el embarazo, y luego monitorea al progenitor hasta los dos años.
En el país, un sistema similar funciona en la provincia de San Juan, uno de los primeros distritos que visitó el ministro Arroyo y en el que también incursionó la primera dama Fabiola Yañez.
El plan en la provincia gobernada por Sergio Uñac fue instaurado por ley y abarca cuatro etapas que cubren desde el embarazo y hasta los 2 años de los niños, y va dirigido a todas las embarazadas, sin cobertura social y en cualquier etapa de su gestación, y a madres con sus bebés entre 0 y 24 meses.
No se trata solo de un plan alimentario, sino que la asistencia incluye controles médicos y nutricionales, para «acompañar en el crecimiento y desarrollo de los niños, desde su gestación a través del cuidado de la madre embarazada», destacan desde el gobierno sanjuanino.
«Soy un admirador de la política social del gobernador Uñac», repite Arroyo, quien tomará el ejemplo de su plan provincial para llevarlo a todo el país.
