En la tercera y última reunión del año de la mesa tripartita de diálogo social –Estado, empresarios y sindicatos– el gobierno nacional ratificó la meta de reducir el trabajo en negro. “La intención es en los próximos dos años reducir la tasa de no registro por debajo del 30 por ciento”, trazó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Y en ese marco, se anunció la implementación del Plan Integral para la Reducción del No Registro, con la creación de un registro de empleadores con sanciones laborales, y la conformación de una unidad especial de fiscalizacion de trabajo regular. El plan, que forma parte de una articulación más vasta, está en línea con las conclusiones del Panorama Laboral 2013 de la Organización Internacional del Trabajo, que observó a nivel continental que el principal problema laboral está dejando de ser el desempleo para ser “la calidad del trabajo”, con 130 millones de personas ocupadas pero en condiciones precarias en América latina y el Caribe.
La medición del último trimestre del año en la Argentina arrojó una tasa de desocupación del 6,8 por ciento, cifra que se acerca a la meta del pleno empleo. Sin embargo, a la par la tasa de empleo no registrado, que surge de la diferencia entre la población ocupada y la que realiza aportes a la seguridad social arroja que un 34,6 por ciento está trabajando en condiciones precarias. Es decir, unos 4.677.000 trabajadoras y trabajadores tienen empleo estable pero carecen de todas o de algunas de las condiciones que acompañan el trabajo en regla, esto es aportes jubilatorios, obra social, cobertura de riesgos del trabajo, vacaciones en regla, salario familiar, y suelen ganar menos que los salarios que corresponden al sector en el que se desempeñan.
La situación, que tiene comportamiento dispar por actividad –con la construcción y el servicio doméstico a la cabeza prácticamente en forma permanente– varía, además, según la región: mientras en la Patagonia el trabajo en negro está por debajo de la media, fluctuando en torno al 20 por ciento, en el NOA la tasa trepa a por encima del 40. Y el 34,6 por ciento en promedio representa, además, un leve retroceso respecto del primer trimestre del año, con lo cual la sostenida disminución de la tasa desde 2004 –43 por ciento ese año– arrojó un estancamiento durante el año que terminó.
Frente a ello, el gobierno reconoció que su disminución es una “tarea compleja” y además “tripartita”. De hecho, salvo dos avances puntuales en 1991 y 1995, el trabajo en negro tuvo siempre una curva ascendente desde la medición de 1980 –22 por ciento– en una precarización creciente durante prácticamente un cuarto de siglo, hasta que se comenzó a revertir en 2004, según datos del Censo nacional y de la Encuesta Permanente de Hogares.
Si bien durante buena parte del período el problema central de agenda fue el desempleo, la precarización laboral lo fue desplazando como eje durante la última década. En ese marco, Capitanich definió las metas del gobierno nacional para este año, basadas en “más inversión pública y privada, más producción de bienes y servicios, y más empleo formal”.
Las herramientas
El jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunciaron la creación del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), “un gran fideicomiso”, destinado a “ampliar y flexibilizar la oferta de crédito” para financiar proyectos en sectores estratégicos.
El Fondear contará con un monto inicial de 10 mil millones de pesos, y los destinatarios, según definió Kicillof, serán empresas privadas, asociaciones y cooperativas insertas en “sectores estratégicos, sectores con alto contenido tecnológico, en particular con relación a las universidades nacionales, y economías regionales”.
“Se trata –completó por su parte Capitanich– de más inversión pública y privada, más producción de bienes y servicios, y mas empleo formal”.
Además se anunciaron medidas para lograr mayor competitividad de las economías regionales, a través de reintegros y devoluciones; una línea de créditos del Banco Central para apoyar proyectos productivos, y un plan de inversiones para mejorar la logística y el transporte, en especial en el ferrocarril Belgrano Cargas.
Específicamente para impulsar la competitividad de las economías regionales el jefe del Palacio de Hacienda anunció dos medidas: por un lado, reintegros y devoluciones destinados a los exportadores, una compensación asociada a la presentación de proyectos de inversión que permitan ampliar la capacidad productiva y las exportaciones; y para las pequeñas empresas una automatización del sistema para que accedan más rápido a las compensaciones.
Kicillof adelantó que se ampliará la línea de crédito para la inversión productiva del Banco Central, que este año cerrará con 52 mil millones de pesos de crédito, mitad para grandes empresas y mitad para las pequeñas y medianas.
Capitanich aseguró que el Central instrumentará “a partir del primer día hábil del 2014” líneas de crédito para la producción de bienes y servicios, para pymes.
En cuanto al financiamiento, destacó la necesidad de la “reinversión de utilidades y la asignación de recursos”, y garantizó que “el Estado hará un esfuerzo desde la regulación económica para impedir monopolios en la fijación de precios, y evitar posiciones dominantes”.
“Por eso, se establecieron acuerdos de precios, cadena de valor e incentivos a la producción de bienes y servicios, poniendo en funcionamiento un “mecanismo cooperativo entre Estado y empresas”, definió el ministro Capitanich.
Por otra parte, el jefe de Gabinete adelantó que gobierno, nacional, empresas y gremios seguirán trabajando en programas de incentivos a las exportaciones, para dinamizar la expansión de la economía y también del empleo.
Con impronta de política de Estado
Aunque los anuncios corrieron por cuenta de Capitanich y Kicillof, la reunión tripartita tuvo una fuerte presencia del elenco ministerial que le imprimió el sesgo de política de Estado. Participaron también los ministros de Interior, Florencio Randazzo; de Infraestructura, Julio de Vido; de Industria, Debora Giorgi; de Trabajo, Carlos Tomada; el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega; los secretarios de Comercio, Augusto Costa; de Obras Publicas, José López, y de Minería, Jorge Mayoral.
Por el lado de los gremialistas, la delegación de la CGT estuvo encabezada por su titular, Antonio Caló, y la de la CTA por su secretario general, Hugo Yasky; mientras que del sector empresario participaron Héctor Mendez, de la Unión Industrial Argentina; Guillermo Goldberg, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Carlos Heller por los Bancos Públicos y Privados (Abappra); José Bereciattua de la Confederación de la Mediana Empresa (Came); Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de Comercio; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción, y Daniel Funes de Rioja de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios.
“Más producción, inversión pública y privada y empleo”
El jefe de Gabinete definió las metas del gobierno nacional para el 2014: “Se trata de más inversión pública y privada, más producción de bienes y servicios, y más empleo formal”, dijo al iniciar el encuentro entre miembros del gabinete nacional con empresarios y gremios.
“Cuando el empleado logra ingresar a la formalidad, gana en acceso al crédito y mejora su calidad de vida. Reducir la informalidad laboral es una meta esencial para el gobierno”, dijo Capitanich, al tiempo que destacó la importancia de la “co-responsabilidad gremial y de las provincias”.
El jefe de ministros subrayó que en el marco de estas metas también se inscribe el acuerdo con las provincias, que se firmó la semana pasada con 18 Estados provinciales para la reprogramación de vencimientos de deuda. El pacto incluye una serie de compromisos por parte de los gobernadores, que “tienen que ver con reducción de mortalidad infantil, reducción de mortalidad materna, sistemas de inclusión social, reducción de informalidad laboral, aumento de exportaciones, incentivos a las pequeñas y medianas empresas”, marcó el jefe de ministros.
El acuerdo también puntualiza compromisos de “fomento al desarrollo de la formalización del empleo, estrategias que permitan garantizar la ejecución de infraestructura p ública para garantizar provisión de agua potable, de sistemas de redes cloacales”.
“Es decir, una multiplicidad de aspectos”, ratificó el jefe de Gabinete.
