Dos agentes, ambos de 38 años, de la Unidad Regional II que fueron acusados de extraer un motor y una caja de cambios de un automóvil que se encontraba en el depósito judicial de zona oeste fueron absueltos por el beneficio de la duda. El Juzgado de Sentencia de la4ª Nominación entendió que la prueba reunida en la causa no era suficiente para sentenciarlos, pero a su vez notificó a la fiscalía para que eventualmente se investigue la versión de uno de los imputados, quien deslizó que fueron involucrados en la causa, que sus ex compañeros poseían bienes que no condicen con sus ingresos y que llegó a sus oídos que reducían vehículos en dos desarmaderos de los que identificó su ubicación. A su vez relató una conversación con otro policía donde sostuvo que sólo quedaban los viejos empleados en el depósito y que a los nuevos “se los sacaban de encima porque no le daban plata al jefe”.
La ausencia de un motor y una caja de cambios de un Fiat Uno que se encontraba en el depósito judicial, que depende de la Guardia de Infantería, fue el puntapié de una causa judicial que se inició el 18 de enero de 2010 contra dos policías que prestaron servicio en el lugar la noche de la presunta desaparición.
Según la declaración del resto de los uniformados que trabajaba en el lugar, se constató la faltante de dichas piezas entre las 20 del domingo 17 de enero y las 8 del lunes 18. Según el acta, en un pasillo del depósito ubicado en Doctor Riva al 7600, entre un lote de bicicletas y otro de autos, se observó una mancha de aceite que terminaba en un Fiat Uno y al levantar el capó del auto faltaba el motor y la caja de velocidades. Esa mancha se extendió desde el vehículo incautado hasta unos 15 metros previos a la garita de custodia del lugar, a lo que la declaración agregaba que se necesitan al menos dos personas para sacar el motor, acción que lleva alrededor de 3 horas, y que el faltante que no fue constatado con anterioridad a la guardia de Rolando Rubén C. y Ángel Martín A., refiere el fallo.
Acusados
Los dos uniformados fueron acusados de malversación de caudales públicos y en su descargo ambos negaron la imputación y dieron sus explicaciones. Rolando Rubén C. sostuvo que hizo una recorrida con el uniformado que se encontraba en el turno anterior y no observó irregularidades. Y que este agente le informó que no hizo recorridas entre las 10 y las 20 del domingo 17 de enero de 2010 por cuestiones de seguridad y porque estaba solo. Mientras que Ángel Martín A. refirió que esa noche hicieron recorridas y no surgieron anomalías, que estuvo fumando donde apareció la mancha y no observó aceite en el lugar y agregó que el reguero de aceite se realizó con lubricante nuevo, por el olor y la consistencia del pasto, mientras que la mancha que se encontraba al lado del vehículo era de vieja data.
El agente sostuvo además que sus pares realizaron el acta sin avisarles, que constató que no habían llamado a personal de la sección Rastros, cuando en principio le habían dicho que sí y solicitó un peritaje sobre los teléfonos de sus compañeros en base a una conversación que mantuvo con uno de ellos –que fue escuchada por otro uniformado– donde le expresaba que se tenía que terminar lo que pasaba en el lugar, que no podía ser que a los nuevos “se los saquen de arriba” porque no le daban plata al jefe.
A la vez que brindó datos de un desarmadero de zona noroeste donde sostuvo que “de oídas” se enteró que se desarman autos y otro en la zona sur oeste donde se reducían motos, refiere el fallo.
Ambos agentes fueron procesados por el Juzgado de Instrucción de la 4ª Nominación aunque la defensa a cargo de Luis Tomasevich pidió ante el Juzgado de Sentencia 4ª, a cargo de Julio Kesuani, la absolución de sus defendidos. El letrado sostuvo que el depósito judicial es un “cementerio de chatarra” al que se puede ingresar por cualquier lugar y moverse entre la maleza y los vehículos. A ello sumó la falta de luminaria y la imposibilidad de controlar y determinar la faltante de piezas e incluso de vehículos, sostuvo.
Por su parte, el juez Julio Kesuani, luego de evaluar la prueba, dispuso la absolución de ambos uniformados por el beneficio de la duda al entender que si bien el material probatorio alcanzó para un procesamiento no fue suficiente para un juicio de certeza, máxime cuando no se realizaron pruebas como un peritaje sobre el aceite encontrado en el depósito o las verificaciones telefónicas que solicitó uno de los acusados en su declaración, lo que hipotéticamente podría ajustarse a lo que surge de las fotografías tomadas en el lugar.
A su vez, el magistrado ordenó que se corra vista a la fiscalía a los fines de una eventual investigación sobre los hechos denunciados por uno de los acusados en su indagatoria.
