La Justicia federal de Santa Fe absolvió a los tres sargentos de policía de haberse alzado en armas contra el gobierno de Antonio Bonfati en diciembre de 2013, en el marco de una serie de reclamos de mejoras laborales y salariales. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario.
Según publicó Aire de Santa Fe, los sargentos de policía Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani habían llegado al juicio acusados por el delito de sedición, mientras que el remisero y periodista Alberto Martínez había sido acusado como autor de los delitos de amenazas e instigación a cometer delitos. La acusación fue sostenida por el fiscal General Martín Suárez Faisal, quien al momento de los alegatos cambió la acusación contra los policías por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. El juicio se realizó el miércoles en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe donde se escucharon los testimonios de los ex ministros Raúl Lamberto, de Seguridad, y Rubén Galassi, de Gobierno y Reforma del Estado. También declaró Rafael Grau, quien se encontraba al frente de la Unidad Regional I, y varios testimonios ingresaron por escrito, entre ellos el del ex arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, quién había presidido la Mesa de Diálogo durante el conflicto.
Los jueces Escobar Cello, Lauría y Dilario resolvieron por unanimidad absolver a los tres policías y condenar a Martínez sólo por el delito de amenazas. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de junio en horas del mediodía. Al finalizar la lectura de la sentencia, el abogado defensor de Pagani, Patiño y Abasto, Luis Blanco, explicó a Aire que la absolución de los jueces se dio en marco del derecho constitucional que establece que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Los policías ya habían tenido un proceso en la justicia provincial por el delito de incumplimiento, en el que también fueron sobreseídos y la causa fue archivada. En los alegatos, el fiscal Suarez Faisal había requerido una condena de dos años de cumplimiento efectivo para Pagani, Patiño y Abasto por este delito, dejando de lado la acusación inicial de sedición. “A lo largo del proceso pensé que íbamos a terminar alegando por sedición, había muchísimos elementos que permitían descartar que acá, en sentido técnico, había habido un alzamiento en contra del gobierno para obtener un beneficio. Y en penal es así, lo que no entra en el tipo penal no existe”, explicó Blanco.
En tanto, Martínez fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de amenazas, por una serie de mensajes que había enviado al teléfono celular del entonces gobernador Antonio Bonfati, y fue absuelto por el delito de instigación a cometer delitos.
El origen
La causa se inició el 10 de diciembre de 2013, con una denuncia presentada por el entonces fiscal de Estado Pablo Saccone. El escrito daba cuenta de diferentes situaciones que ocurrían en las calles de Santa Fe y de Rosario: “grupos mayores a diez personas de condición policial se encuentran armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones, exigiendo al gobierno una mejora en sus sueldos bajo la amenaza de no cumplir con sus obligaciones”, y agregaba que esto lo hacían con el pleno conocimiento del estado de indefensión en el que quedaba la ciudadanía. Situaciones similares se daban en otras provincias del territorio nacional: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén y Buenos Aires. La denuncia de Saccone detallaba además que el personal policial armado que encabezaba la protesta utilizaba los móviles de la fuerza para llevar adelante sus reclamos. La investigación fue llevada adelante en diferentes instancias por las fiscalías federales número 1 y número 2, hasta que en 2018 se dio por concluida y se requirió la elevación a juicio.
A Martínez se le atribuyó haber instigado a los policías a rebelarse, a través de publicaciones en la página web de Apropol, de las redes sociales y de mensajes privados. Esta agrupación no cuenta con un reconocimiento oficial y está conformada por policías en actividad y retirados, y desde el 3 de diciembre de 2013 realizó publicaciones una serie de publicaciones como por ejemplo: “es hora de un paro policial en Santa Fe”, “comenzó la protesta policial”, “protesta y asamblea”. La investigación permitió demostrar que Martínez también había enviado mensajes al teléfono del gobernador, al que acusaban de “payaso, explotador y negrero de los policías”. En tanto, a los tres sargentos se les atribuyó el delito de “sedición”, es decir, “haberse alzado en armas contra el poder Ejecutivo de la provincia, entre los días 6 y 10 de diciembre de 2013 para arrancarle alguna medida o concesión”. En concreto, los policías fueron acusados de haber actuado como coordinadores y negociadores de una manifestación frente a la sede de la URI, en la zona sur de la ciudad, en la que bloquearon las puertas de la dependencia, desinflaron neumáticos de móviles policiales, generaron interferencias con el servicio de emergencias 911 y se retiraron injustificadamente de sus lugares de trabajo.
“El reclamo era totalmente fuera de lugar. El pedido de aumento era cuatro veces superior a lo que había sido la inflación de ese año. Además, lo que pedían no se dio en el marco de una paritaria, sino bloqueando con patrulleros la salida de la URI, URII, la jefatura de la Policía en Rafaela y la entrada de Casa de Gobierno. Esa fue la realidad”, dijo el ex ministro de gobierno, Rubén Galassi, funcionario provincial en aquel momento, en diálogo con Aire de Santa Fe.
Y agregó: “Hoy la Justicia entiende que esas acciones no alcanzaron a ser un hecho de sedición. Respecto a esa decisión, fui testigo y partícipe de esos acontecimientos y puedo decir que en pocos momentos de mi historia viví una situación tan al límite, en dónde se puso en riesgo la vida, la seguridad, y los bienes de las personas, como en ese levantamiento policial de 2013”.
En tanto, Galassi se mostró satisfecho con la condena a tres años de prisión en suspenso para el remisero, periodista y referente de Apropol, Alberto Martínez, por el delito de amenazas, tras haber enviado una serie de mensajes al teléfono celular del entonces gobernador Antonio Bonfatti. “Lo celebro porque es lo que hizo en esos días. Es una persona que no tiene representación institucional y siempre actuó de manera prepotente con amenazas. He sido paritario como ministro de gobierno, he participado de discusiones muy duras con dirigentes de la talla de Alberto Maguid, pero nunca las condiciones en que se planteó la discusión fueron como en ese entonces y espero no se repitan. Siempre hemos sostenido que la tarea policial es imprescindible, es un servicio esencial y, en ese momento, se dejó a la ciudadanía en un estado de indefensión que va más allá del reclamo”, concluyó.
