Este martes 5 de julio se cumplen diez años de la sentencia dictada en el marco de la causa por apropiación de menores que investigó y condenó por primera vez los crímenes de robo de bebés, niñas y niños cometidos por la dictadura que tomó el poder en Argentina entre 1976 y 1983.
El juicio fue particularmente importante para Abuelas porque desde 1977 lidera la búsqueda de bebés secuestrados al nacer y de niñas y niños secuestrados junto a sus padres o madres durante el terrorismo de Estado.
La investigación probó la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”.
Por entonces, el dictador Jorge Rafael Videla, que encabezó la primera Junta Militar que dio el Golpe, recibió la pena de 50 años de prisión por haber organizado esa práctica. Fue una condena histórica para los organismos de derechos humanos. Además recibieron condenas otros ocho represores, entre ellos a Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta.
En su momento, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, expresó: “Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos”.
Hoy, en sus redes, Abuelas publicó el video donde la jueza del Tribunal dicta la sentencia con el siguiente texto que acompaña: “Un día como hoy, hace 10 años, llegaba a su fin la causa Plan Sistemático de Apropiación de Menores, emblema de la lucha de Abuelas. Hoy seguimos reclamando Memoria, Verdad y Justicia. Y buscando a lxs nietxs que faltan”.
A partir de las investigaciones realizadas hasta ahora, Abuelas tiene establecido como momentos álgidos de apropiación de menores y sustracción de la identidad en el país los años que van de 1975 a 1980.
Se estima que unas 500 personas fueron apropiadas y hasta ahora solo se restituyó la identidad de 130. De hecho, desde la recuperación de la democracia en 1983 nunca había pasado tanto tiempo sin dar con un nuevo nieto o nieta: la última vez fue en junio de 2019.
Lugares como la Escuela de Mecánica de la Armada –ESMA-, Campo de Mayo y Pozo de Banfield funcionaron como maternidades clandestinas, los bebés eran apropiados tomados como “botín de guerra”.
⚖️Un día como hoy, hace 10 años, llegaba a su fin la causa Plan Sistemático de Apropiación de Menores, emblema de la lucha de Abuelas.
Hoy seguimos reclamando Memoria, Verdad y Justicia.
Y buscando a lxs nietxs que faltan.❤️ pic.twitter.com/EWtibQ1iUl— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) July 5, 2022
En Rosario la primera y única condena por este tipo de crímenes fue en 2021 en el marco de la Causa Klotzman, que investigó los hechos ocurridos en la Quinta de Fisherton (Calazans 9600) que funcionó como centro clandestino de detención.
Entre las víctimas había cuatro mujeres embarazadas. Cecilia Barral, que sigue desaparecida, estaba embarazada cuando fue secuestrada y dio a luz a su hija, que fue apropiada y su identidad fue restituida recién en 2011, fue la nieta número 103.
De las demás no se pudo determinar si dieron a luz o no. Son Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi y siguen desaparecidas.
En su momento, en julio de 2021, Abuelas destacó que el Tribunal “receptó y dio por probada la responsabilidad de Jorge Alberto Fariña en la apropiación y robo de identidad de la nieta recuperada”. Fue uno de los cuatro represores que recibió la pena de prisión perpetua.
