Así lo reflejó un informe conjunto que realizaron la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y la Unidad Fiscal de Ejecución Penal sobre los casos de Violencia de Género a cargo de las fiscales Mariela Labozzetta y Guillermina García Padín del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Para elaborar el documento se analizaron sentencias dictadas entre 2016 y 2018. Concluyeron que en los hechos delictivos cometidos en un contexto de violencia de género crecieron las penas en suspenso en un 136 por ciento y en los casos que la decisión judicial se encuentra en fase de ejecución penal, existe la imposición de más reglas de conductas que en otros casos. A su vez resalta el informe que hay poca fundamentación de las sentencias vinculadas a la temática y poca participación de las víctimas en el proceso.
Las unidades especializadas relevaron sentencias que se dictaron entre 2016 y 2018, especialmente seleccionaron unas 112 sentencias con penas en suspenso dictadas en 2016 sobre las cuales se realizó una lectura y análisis más exhaustivo de los legajos, incluyendo la etapa de ejecución hasta mediados del año 2019, y con especial foco en la imposición y desarrollo de las reglas de conducta, contó el portal Fiscales.gob.ar.
El informe refiere que el 84 por ciento de las sentencias incluyen otras reglas de conducta además del control del patronato y fijar domicilio. Se imponen en promedio 2,5 reglas de conductas, una cantidad mayor en relación a otros delitos a los que se le aplica condenas en suspenso, y en el 77 por ciento de las sentencias se incluye al menos una regla de conducta vinculada a la temática de la violencia de género.
Las que más se repiten son prohibiciones de acercamientos a lugares y personas, asistencia a un programa de género y tratamientos psicoterapéuticos y, en 7 de cada 10 casos, se informó algún incumplimiento.
Otro dato que arroja el informe es que en promedio transcurrieron dos años entre el hecho y la sentencia y en un 85 por ciento los casos se resolvieron mediante acuerdos abreviados. Seis de cada 10 sentencias no incluyen fundamentos sobre violencia de género y tiene escasa información sobre víctimas e interseccionalidades. Además las calificaciones penales en su mayoría son lesiones y amenazas muchas veces vinculadas a otros delitos como incendio o robo.
«Con posterioridad al período de legajos analizados en este estudio, por iniciativa de la UFEP se ha propiciado el seguimiento del cumplimiento de las reglas también a través de la consulta y comunicación con las víctimas, agregando su registro en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) del Ministerio de Seguridad de la Nación y, paralelamente, se ha comenzado a nutrir a los legajos de informes del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD)», cuenta el portal.
Tras evaluar los datos el informe brinda una serie de recomendaciones y propuestas para mejorar las prácticas y políticas institucionales, refiere esta fuente.
«Entre los principales desafíos se destacan la necesidad de profundizar y ampliar la perspectiva de género en la imposición y seguimiento de las reglas, en especial en cuanto al registro de las interseccionalidades; la insuficiente estandarización de los procedimientos de actuación frente al incumplimiento de las reglas de conducta y la necesidad de ampliar los recursos institucionales para la etapa de ejecución, en particular el desarrollo de distintos tipos de dispositivos para varones con conductas violentas», concluye.
