La Subsecretaría de la Niñez separó del cargo a un empleado de un Hogar Transitorio luego de que una adolescente denunciara que fue víctima de abuso. El hecho tomó estado público cuando empleados de la dependencia se reunieron con ediles, quienes a su vez realizaron una conferencia de prensa para contar lo ocurrido. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudiaron el episodio.
Sobre lo sucedido, la titular del área, Andrea Travaini, informó que decidió trasladar a la víctima y a su hermano a otro DAT, donde continuarán su tratamiento, y que se aportaron datos a la Fiscalía de Rosario que lleva la investigación del caso.
La víctima estaba alojada en un hogar de Virasoro al 1900 junto con su hermano menor y, según consta en la denuncia penal, el hecho de abuso ocurrió el pasado 1 de marzo y el acusado es un hombre que trabajaba como cocinero. La nena dijo que el abuso ocurrió|varias veces y que siempre lo cometió la misma persona.
Según la edila Marina Magnani, que integra en el Consejo de la Niñez, la víctima le contó lo ocurrido una psicóloga que a su vez lo habló con la coordinadora, pero no tomó medidas. Aseguró que “no se activó un protocolo de protección a la menor con el correspondiente acompañamiento psicológico ni se separó al supuesto agresor. Se trasladó a la niña y se amonestó a la trabajadora que había visibilizado la situación”.
También dijo que la adolescente fue separada de su hermano, lo que fue interpretado como un castigo y se mostró preocupada por las otras adolescentes que quedaron alojadas en ese lugar.
Por otro lado, representantes gremiales denunciaron que como consecuencia del trato hostil que recibieron los trabajadores que se hicieron eco de lo sucedido, dos de ellos decidieron renunciar mientras que los que quedaron allí desempeñando sus tareas sufrieron “despidos encubiertos” disparados por una brutal reducción de horas laborales.
En tanto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario, “lamenta nuevamente, repudia y condena los nefastos hechos de los cuales son objeto les menores y les trabajadores de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe”.
Y aseguraron que “informamos que hacia las autoridades correspondientes hemos agotado las posibilidades de diálogo en extremo en nuestro afán de construir antes que llegar a las denuncias judiciales. Hemos advertido en discusiones públicas maneras de evitar, reducir y eliminar riesgos de hechos de esta magnitud. Hemos asistido a trabajadores y jóvenes en situaciones que van desde apremios ilegales por agentes policiales hasta situaciones ocurridas en el edificio de la dirección de la Subsecretaría lo cual dejó como consecuencia la renuncia de quien fuera responsabilidad máxima de la misma”, detallaron.
Agregaron además que “resguardó legalmente a menores derivados al campo de concentración oculto bajo la fachada de clínica de rehabilitación de adicciones San Camilo, que contaba con cuatro muertes dudosas en su haber hasta su cierre en enero del 2017, gracias a nuestras acciones legales y políticas”.
Y agregan que los Ministerios de Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, y de Salud deben buscar soluciones, reformulaciones e innovaciones en las prácticas institucionales que garanticen el interés superior de les niñez y adolescentes de acuerdo a los compromisos asumidos internacionalmente.
