“Ningún funcionario va a participar de canales alternativos a la Justicia para denunciar abuso sexual ni ningún otro delito”. Así definió el ministro de Gobierno, Juticia y Derechos Humanos de Santa Fe, Esteban Borgonovo, la posición de la gestión provincial en relación al sistema de denuncias de abuso sexual de menores que los Arzobispados de Santa Fe y Rosario lanzaron en julio a pedido del Papa Francisco. Las declaraciones llegan después de que el viernes la secretaria de Niñez provincial, Patricia Chialvo, se sacara una foto con integrantes del Arzobispado de Rosario celebrando el sistema que fue denunciado en la Justicia por “usurpación de autoridad pública”. Además, los tuits y las fotos de Chialvo se difundieron a días de que las responsables del sistema de la capital provincial dijeran en una nota periodística que habían recibido una denuncia y no la habían informado a la Justicia, al mismo tiempo que reconocieron que no tenían ningún tipo de capacitación para recibir casos de abuso sexual. Este lunes, Chialvo fue denunciada por incumplimiento de deberes de funcionaria pública.
Borgonovo habló con El Ciudadano sobre el sistema de denuncias anunciado por los Arzobispados: “No puede haber ninguna duda de que el único canal para denunciar delitos es la Justicia y en nuestra provincia es el Ministerio Público de la Acusación”. El ministro de Gobierno de Santa Fe dijo que la Justicia es el único lugar donde se garantizan los derechos tanto de víctimas como de imputados y no espacios alternativos como los propuestos por la jerarquía de la Iglesia Católica.
“En el caso de los abusos sexuales que tienen a menores de edad como víctimas además hay razones que tienen que ver con las características de este tipo de delitos. Hay protocolos elaborados a nivel internacional para evitar la revictimización. Cuando alguna persona toma noticia de un hecho de abuso, en una escuela, la administración pública, un culto, un club de futbol o cualquier institución se recomienda que se haga el menor número posible de preguntas a la víctima y se de curso a la Justicia para evitar que tenga que contar ese hecho espantoso una y otra vez. Por eso es importante que sea gente especializada la que lo haga, para preservar la salud del menor y no revictimizar”, dijo Borgonovo y agregó que hay procedimientos específicos para tomar testimonios con personal capacitado, como por ejemplo, la Cámara Gesell.
El ministro explicó que otro de los motivos para denunciar en la Justicia es la obtención de pruebas: “Sólo un fiscal puede pedir un allanamiento. Denunciar en la Justicia ayuda a optimizar las oportunidades de obtener pruebas, algo que si se espera se puede perder”.
El funcionario del gobierno de Omar Perotti hizo una valoración positiva de la actitud de la Iglesia Católica y del Papa Francisco de condenar públicamente el abuso sexual cometido por parte de integrantes de este culto. «Ya en el 2018 por denuncias de este tipo en Chile, el Papa escribió una carta en la que expresamente decía nunca más a la cultura del abuso y el encubrimiento. Hacer una condena publica desde la jerarquía es muy positivo incluso para las víctimas, porque si ven que la iglesia se pone a la cabeza también ayuda a crear condiciones para que puedan denunciar en la Justicia y que estas cosas no pasen más”, opinó. Más allá de esta valoración, Borgonovo consideró que “la tarea de la Iglesia debe ser en el ámbito de la prevención para modificar pautas de compartimento”.
Consultado sobre la denuncia que las propias responsables del registro del Arzobispado de Santa Fe admitieron recibir y no dar curso al MPA, Borgonovo dijo que “si lo que se recibe es el relato de un hecho que configura delito tienen que dar curso a la Justicia automáticamente, el Estado tiene el monopolio del conocimiento de la investigación de estos hechos, no hay ninguna duda al respecto, el Derecho Canónico no está por encima”.
Sobre la reunión de Patricia Chialvo y otras funcionarias con el Arzobispado de Santa Fe, Borgonovo respondió: “No tengo ninguna duda de la buena fe de las funcionarias que participaron de esa reunión, no creo que haya una idea de sustraer a la Justicia. Seguramente se estaba valorando positivamente este nuevo enfoque de la iglesia. Ningún funcionario de este gobierno va a participar en canales alternativos a la Justicia. En la educación y en la prevención es otra cosa”.
Denuncia contra la secretaria de Niñez
A principios de julio los Arzobispados de Rosario y Santa Fe anunciaron que iban a poner en marcha un sistema para recibir informes sobre casos de abuso sexual de menores y adultos o adultas vulnerables por parte integrantes de la Iglesia Católica. La decisión, dijeron, había sido tomada por un pedido del Papa Francisco en julio de 2019 que tenía un año para ser implementada en todo el mundo. Sobre la fecha de vencimiento, los arzobispos Sergio Fenoy de Santa Fe y Eduardo Eliseo Martín de Rosario lanzaron el sistema que, argumentaron, se sostiene en el Derecho Canónico, reconocido por el Estado argentino durante la dictadura de Onganía.
Días después del anuncio, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck denunció a los representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica santafesina por “usurpación de autoridad pública” bajo el argumento de que los delitos sexuales deben ser investigados por la Justicia Penal y no por el Derecho Canónico. La semana pasada Ensinck amplió la demanda tras la información que publicó la periodista Bárbara Favant en la que las mujeres encargadas del sistema en la capital provincial reconocieron que recibieron un caso en el Arzobispado y no lo denunciaron en la Justicia, al mismo tiempo que admitieron que «no están capacitadas» en la temática. Las declaraciones fueron hechas en la sede del Arzobispado de Santa Fe en una habitación donde colgaba un cuadro del Edgardo Storni, ex arzobispo denunciado por reiterados abusos sexuales.
Hasta la semana pasada pasado el gobierno provincial se había mantenido al margen de emitir opiniones. La denuncia de Ensinck tramitaba en dos regionales del Ministerio Público de la Acusación, de Santa Fe y Rosario, con diferentes posiciones de fiscales a cargo. Pero el viernes por la tarde la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, hizo una serie de tuits y publicó una foto de una reunión con el Arzobispado de Rosario. “En el marco del Derecho Canónico y por orden del Vaticano, el arzobispado de Santa Fe y el de Rosario, crearon sendas comisiones internas que recibirán informes y denuncias por casos de abuso sexual y de maltrato infantil que involucren a funcionarios eclesiásticos. Este trabajo será abordado por un equipo interdisciplinario designado por las autoridades de dicha institución. El objetivo es por un lado, llevar adelante una investigación de los hechos que permita las sanciones correspondientes, y por otro lado, instar y acompañar a las víctimas a realizar las denuncias en una instancia civil”, dijo la funcionaria y se convirtió en la primera voz del gobierno de Omar Perotti en hablar sobre el tema. En pocos minutos, distintos referentes de la oposición salieron al cruce.
Este lunes Carlos Ensinck amplió la denuncia ya realizada pero esta vez apuntó a Chialvo por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
En diálogo con El Ciudadano, Ensinck explicó: “El delito de abuso sexual y encubrimiento se tiene que denunciar en la Fiscalía y no en un órgano interno que no está preparado ni garantiza el debido proceso. La funcionaria, que responde al Estado de Derecho y a las garantías constitucionales, debe hacer cumplir la ley, no avalar un Estado paralelo”.
Según Ensinck la primera denuncia se sostiene en que los arzobispos cometieron el delito de abuso de autoridad pública al abrir un canal de comunicación para recepcionar denuncias de abuso sexual y encubrimiento cometidos por la misma Iglesia: “Esa facultad la tiene solamente el Estado. De no reconocer eso estaríamos reconociendo un ordenamiento jurídico paralelo al Estado de Derecho. Una denuncia en una comisión interna no te da ninguna garantía de que esto pueda llevarse a cabo con el debido proceso. Un delito que es de orden público como el abuso sexual infantil tiene que entrar por las vías preparadas por el Estado de Derecho. La Iglesia es una monarquía absoluta donde no tiene garantía de división de poderes, no publican sus actos y se desconoce cualquier tipo de acción y de procedimiento interno.
El presidente del Colegio de Abogados de Rosario explicó que los arzobispos basan sus argumentos en un concordato firmado durante la dictadura de Onganía. “Durante un Estado de Facto, los militares junto con el secretario Asuntos Exteriores, Nicanor Costa Méndez, firmaron el Concordato con la Santa Sede en donde le dan jurisdicción en el ámbito de su competencia. Pero justamente lo dice el Concordato es que esa jurisdicción es para asuntos específicos de la Iglesia. Y no es un fin específico el tomar e investigar denuncias penales tipificadas en el Estado de Derecho. A eso se suma la Carta Apostólica que el Papa Francisco hizo en 2019 que en el artículo 19 dice claramente que estos canales no pueden causar perjuicio del cumplimiento de las normas estatales y nuestras normas estatales son las que marcan que las denuncias de abuso sexual deben hacerse por Fiscalía”.
En este sentido, Ensinck consideró que los arzobispos de Rosario y Santa Fe tienen dejar de fomentar que se denuncien delitos sexuales en la propia Iglesia. “Lo que sí se puede denunciar en la Iglesia son las faltas que se consideran eclesiásticas como el abuso de autoridad o abuso de conciencia”.
