La causa que instruye la jueza Alejandra Rodenas sobre el doble crimen del empresario narco Luis Medina y su pareja resultó una fuente de ásperas polémicas durante la semana.
El gobierno provincial quedó enredado con un par de situaciones poco claras que involucran a un funcionario y personal policial que están bajo su órbita.
En el caso del funcionario que participó de la operación para desbloquear la computadora de Medina faltan conocer detalles para que termine de cerrar el relato oficial.
En cuanto a la presencia de policías de la División Judicial en el country de Pilar, intentando acercarse a la casa de Medina acompañados por un testigo (el padre de la pareja) y sin conocimiento de la jueza, el descargo es poco convincente, sólo salvado porque todos sus movimientos fueron asentados en actas y se identificaron debidamente en la puerta de ingreso. Nadie va a robar dinero, alterar pruebas y cuantas conjeturas delictivas puedan hacerse dejando nombre y apellido en la entrada. Pero ampararse en el pedido de colaboración por escrito que la sección Homicidios le cursó a la División Judicial no justifica que se vayan a otra provincia a hacer inteligencia, busquen al padre de una víctima e intenten llegar con él a la casa sin poner en conocimiento de estos movimientos a la jueza.
Flanco abierto
Los diputados de la oposición vieron ese enredo en el que quedó envuelto el gobierno y decidieron aprovecharlo. Reunieron en pleno receso a la comisión de Seguridad con el argumento de que es necesario obtener explicaciones de funcionarios.
Una cosa es pedir explicaciones y otra es lanzar acusaciones y sacar conclusiones inculpatorias de funcionarios y gobiernos de antemano.
Hay otra polémica en ciernes: la jueza ordenó el allanamiento de la casa de Medina una semana después de su asesinato. Se explica que la casa estaba bajo vigilancia de las TOE (esta vez sí con aprobación judicial) pero entre la muerte de Medina y la requisa alguien cambió las cerraduras y se llevó muebles, como mínimo.
Hay más. La diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez advirtió que su par Héctor Acuña tenía fotocopias de actas que son parte de la causa y que por estar bajo secreto de sumario sólo son accesibles para la jueza y algunos de sus colaboradores. Es impensable que hayan salido del juzgado. Por lo tanto queda como opción que policías que intervinieron en las primeras 24 horas posteriores al doble crimen hayan filtrado documentación. En ese caso cabe indagar con qué fin lo hicieron y por qué eligieron a Acuña como depositario. La diputada Gutiérrez deslizó su sospecha de que tanto ruido no sea más que preparar el terreno para invalidar pruebas el día de mañana.
La causa Medina arrancó con tres jueces en 12 horas, tuvo una pésima instrucción policial y siguió rodeada de polémicas, intrigas y chicanas. Es claro que no se trató de un crimen más.
Poder de fuego
En medio de esas polémicas el encuentro entre Florencio Randazzo y Antonio Bonfatti fue otra muestra del cambio que se percibe en los últimos meses en las relaciones político-institucionales entre Nación y provincia. El tren Rosario-Retiro fue el motivo central de la reunión; pero también se habló de otros temas, entre ellos de líneas de créditos externos que el gobierno nacional tramita a través del Ministerio del Interior.
Si algo demostró la semana que pasó el gobierno de Bonfatti es que aún en medio de enredos como el de la causa Medina, tiene poder de fuego como para no perder el control de la agenda. El lanzamiento de la Policía de Investigaciones, la sorpresiva publicación de la licitación de obras de cloacas para seis barrios de Rosario con un presupuesto de 100 millones de pesos y los resarcimientos por los cortes de luz, dan cuenta de un volumen de gestión política que le permite mantener la iniciativa.
El hermano mayor
Obras como la de cloacas son muy bienvenidas por el gobierno municipal de Rosario. El frente complicado en el Concejo Municipal y una estrechez económica que repercute en calidad de servicios y menos obra pública llevaron a los funcionarios locales a intensificar gestiones con Nación y provincia.
Está claro que para la intendenta Mónica Fein es un alivio tener un gobierno provincial del mismo signo político, que cubre las espaldas ante la restricción que imponen las relaciones de fuerza actuales a la posibilidad de ir por más recursos para la caja municipal.
“Relaciones aceitadas”
Según fuentes de ambos gobiernos, decisiones como las de invertir en cloacas para acelerar el Plan Integral para la ciudad son posibles por un dato crucial en vistas a 2015. “La relación entre Binner, Bonfatti, Fein y Lifschitz está muy aceitada, muy bien”, cuenta una alta fuente del socialismo. Cuando se le pregunta por los resquemores entre los sectores de Miguel Lifschitz y el binnerismo asegura que están en segundo plano. Y ofrece como prueba el espaldarazo que el ministro Galassi le dio a Lifschitz para que se convierta en el sucesor de Bonfatti el año próximo.
Lifschitz hace mucho que recorre la provincia con esa intención. Además de competir con el PJ y el PRO, es muy probable que tenga competencia interna. La UCR no dejará de jugar esa partida, ya sea para mejorar su posición a la hora de las negociaciones con el socialismo o para disputarle el sillón principal de la Casa Gris.
También el socialista Rubén Giustiniani amenaza con volver a poner el partido patas para arriba. Está pensando en su futuro político (que a la vez es el del grupo de dirigentes y militantes que lo siguen) después de 2015, cuando vence su mandato de senador nacional. Sabe que ese lugar no está reservado para él desde que fue derrotado por Binner en 2011.
