El gobierno salteño comenzó esta semana a acondicionar los hoteles incautados al clan Loza para alojar a turistas extranjeros que arriben desde zonas de riesgo durante la cuarentena que busca limitar la propagación de la pandemia del Covid-19.
Se trata de dos hospedajes ubicados en la capital salteña que fueron embargados a los sindicados líderes de esa organización de narcotráfico transnacional que se caracterizaba por enviar cocaína al exterior en camionetas 4×4 y en cargamentos de pescado congelado.
Según fuentes del caso, los hoteles Gandía y La Casona de la Linda, ubicados en Corrientes 155 y Córdoba 534 de la zona céntrica de Salta, fueron incautados el año pasado en un fallo que aplicó la extinción de dominio y los dejó bajo la Administración de Bienes del Estado (Aabe).
Los inmuebles habían sido adquiridos en octubre de 2010 por la sociedad Inversora Salteña, compuesta por uno de líderes de la banda narco, Erwin Raúl Loza, de 40 años, y su esposa Clara Luz Fernández, de 31.
Este mes, en el marco del decreto 260/20 que ordenó el aislamiento obligatorio de los extranjeros que hayan arribado al país provenientes de zonas afectadas por el coronavirus, la Aabe otorgó a Salta los hoteles incautados para que sean utilizados como espacios de aislamiento, indicaron las fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en su página fiscales.gob.ar.
Martín Cosentino, presidente del organismo dependiente de Jefatura de Gabinete, aseguró que «todos los bienes del Estado, incluso los que fueron incautados al narcotráfico, hoy más que nunca deben estar al servicio de la comunidad».
De esa manera cedieron «el uso de los dos hoteles a la provincia de Salta, con el objetivo de albergar pacientes con síntomas leves que deban hacer resguardo preventivo y así descomprimir la atención de los hospitales y evitar la propagación del virus». Ambos hoteles, según fuentes oficiales, cuentan con fácil acceso desde los aeropuertos y terminales.
El Gandía posee 21 habitaciones y un salón comedor, mientras que La Casona de la Linda tiene 15 habitaciones y espacios comunes como un estacionamiento y un salón comedor.
Operación cambalache
El clan Loza fue desbaratado en diciembre de 2018 en el marco de la denominada Operación Cambalache y, según la investigación, se trataba de una banda narco que se caracterizaba por enviar droga al exterior en camionetas 4×4 y en cargamentos de pescado congelado.
Según los pesquisas, el contrabando de droga se realizaba desde la Argentina hacia España y los fondos obtenidos se utilizaban para la compra de gran cantidad de inmuebles y vehículos, entre ellos una Ferrari que en la década del 90 era utilizada por Diego Maradona.
En octubre del año pasado, el fiscal Pablo Turano y su colega de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, quienes llevaron adelante la investigación junto con personal de Gendarmería, pidieron la elevación a juicio de la causa al juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.
En el requerimiento de elevación a juicio pidieron que sean sometidos a debate oral, además de Erwin y su esposa sus sobrinos Gonzalo Daniel Loza y Alan Loza, de 23 y 25 años; el peruano William Weston Millones, de 45, y los otros integrantes de la banda: Juan Carlos Fernández, de 34, Gerardo Guccione, de 26, Javier Silveira López, de 36, Estela Gallo, de 53, Américo Santi, de 64 y Natalia Grosso, de 32.
En la causa, se dio por acreditado que la organización funcionó en Argentina y España desde 2008 hasta que, en diciembre de 2018, fue detenido todo el clan y se decomisaron más de 30 vehículos, armas y dinero.
En la cúspide de la organización se ubicaban como jefes a los hermanos Valdemar, Erwin y José Gonzalo Loza (detenido en España), responsables de tomar las decisiones relativas a las actividades de la organización, impartir las directivas a los restantes integrantes del grupo, celebrar acuerdos con otros grupos criminales y administrar los fondos destinados a mantener en funcionamiento la estructura.
En el siguiente eslabón se encontraban Gonzalo Daniel Loza, Weston Millones y Suárez, quienes asesoraban a los jefes, efectuaban el pago y el respectivo cobro por los cargamentos de droga y coordinaban con otros grupos para llevar adelante las actividades ilícitas.
En una tercera línea se encontraban quienes manejaban las ganancias de la banda, su administración y puesta en circulación disimulando el origen, principalmente Guccione y Clara Fernández y luego el resto de los imputados.
Un año después de los 73 allanamientos que desbarataron a la banda en 2018, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta los condenó a penas de entre 15 y 7 años de prisión por los delitos de transporte y almacenamiento de estupefacientes. El fallo fue dictado el 23 de diciembre de 2019 por los jueces Abel Fleming, Marcelo Juárez Almaraz y Domingo Batule.
